Mientras que la sociedad española está pendiente del caso Nóos, las empresas españolas –e incluso las europeas- se juegan su reputación en Panamá. La concesión de las obras del canal –el proyecto de ingeniería civil más importante del siglo XXI- fue un logro discutido y su paralización parece dar la razón a quienes dudaban de la capacidad del conglomerado liderado por Sacyr para llevar el proyecto a buen término.
El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) logró hacerse con las obras del canal tras un proceso de concesión lleno de polémicas y acciones diplomáticas no siempre correctas. Este grupo estaba liderado por la empresa española Sacyr Vallehermoso, seguida por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana.
Empresas que fueron avaladas económicamente por la aseguradora Zürich que, a su vez, se apoyó en varias instituciones crediticias de carácter público, como la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) y sus homólogas italiana y belga.
La composición del grupo resulta clave, puesto que en su fuerza se hallaban también sus debilidades. Hasta los cables de Wikileaks reflejan cómo la diplomacia estadounidense explotó estas debilidades, deseosa de ver en las obras al conglomerado liderado por la estadounidense Bechtel International Incorporation, apoyado por las japonesas Taisei Corporation y Mitsubishi Corporation, así como por el grupo chino Wuchang Shipyard.
Uno de los principales argumentos de la embajada estadounidense era la incapacidad del GUPC de hacer una obra de esas características; aparte, también estaba la problemática de la participación pública en un momento delicado para la economía europea.
De hecho, fue en 2009 cuando se aprobó oficialmente el apoyo de CESCE a las obras. Una aprobación que estuvo llena de irregularidades, tal y como reflejó en junio de 2013 el Tribunal de Cuentas en el Informe de fiscalización de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S. A. (CESCE), en relación con la gestión de riesgos asegurados por cuentas del Estado, ejercicio 2009 (nº 1991).
La amenaza de Sacyr de parar las obras si las autoridades del Canal no se comprometían a abonar el sobrecoste con respecto el presupuesto inicial, casi del 50 por ciento, le dio un nuevo impulso a la ya de por sí agresiva diplomacia estadounidense, que ya ha logrado que el conglomerado de Bechtel se convierta en el plan B para seguir con la obras.
Amenaza que coincidió con el anuncio de Nicaragua de que su canal, alternativo y, por tanto, rival de Panamá, estará listo para finales de 2014 o principios de 2015, aumentando así la urgencia de que se concluyan las obras en 2014, tal y como estaba planeado.
Por ahora, empieza a atisbarse un principio de acuerdo. Sin embargo, en el caso de que Sacyr y su conglomerado no puedan continuar con las obras, no solo se producirá un importante daño a las arcas públicas españolas, sino que el caso de Panamá se convertirá en un fantasma que perseguirá a todas aquellas empresas españolas que deseen competir por un gran proyecto internacional.
El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) logró hacerse con las obras del canal tras un proceso de concesión lleno de polémicas y acciones diplomáticas no siempre correctas. Este grupo estaba liderado por la empresa española Sacyr Vallehermoso, seguida por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana.
Empresas que fueron avaladas económicamente por la aseguradora Zürich que, a su vez, se apoyó en varias instituciones crediticias de carácter público, como la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) y sus homólogas italiana y belga.
La composición del grupo resulta clave, puesto que en su fuerza se hallaban también sus debilidades. Hasta los cables de Wikileaks reflejan cómo la diplomacia estadounidense explotó estas debilidades, deseosa de ver en las obras al conglomerado liderado por la estadounidense Bechtel International Incorporation, apoyado por las japonesas Taisei Corporation y Mitsubishi Corporation, así como por el grupo chino Wuchang Shipyard.
Uno de los principales argumentos de la embajada estadounidense era la incapacidad del GUPC de hacer una obra de esas características; aparte, también estaba la problemática de la participación pública en un momento delicado para la economía europea.
De hecho, fue en 2009 cuando se aprobó oficialmente el apoyo de CESCE a las obras. Una aprobación que estuvo llena de irregularidades, tal y como reflejó en junio de 2013 el Tribunal de Cuentas en el Informe de fiscalización de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S. A. (CESCE), en relación con la gestión de riesgos asegurados por cuentas del Estado, ejercicio 2009 (nº 1991).
La amenaza de Sacyr de parar las obras si las autoridades del Canal no se comprometían a abonar el sobrecoste con respecto el presupuesto inicial, casi del 50 por ciento, le dio un nuevo impulso a la ya de por sí agresiva diplomacia estadounidense, que ya ha logrado que el conglomerado de Bechtel se convierta en el plan B para seguir con la obras.
Amenaza que coincidió con el anuncio de Nicaragua de que su canal, alternativo y, por tanto, rival de Panamá, estará listo para finales de 2014 o principios de 2015, aumentando así la urgencia de que se concluyan las obras en 2014, tal y como estaba planeado.
Por ahora, empieza a atisbarse un principio de acuerdo. Sin embargo, en el caso de que Sacyr y su conglomerado no puedan continuar con las obras, no solo se producirá un importante daño a las arcas públicas españolas, sino que el caso de Panamá se convertirá en un fantasma que perseguirá a todas aquellas empresas españolas que deseen competir por un gran proyecto internacional.
RAFAEL SOTO
