Ahora que los votantes más conservadores del Partido Popular, los ultras de derechas, los fanáticos de una Iglesia acostumbrada a imponer sus valores y moral al conjunto de la sociedad con menosprecio a la diversidad de creencias, los “neoliberales” que aplican políticas económicas que empobrecen a los más pobres y privilegian a los más ricos, ahora que todos esos seguidores acérrimos del Gobierno de Mariano Rajoy se permiten acusar a sus representantes ideológicos de traidores por dar marcha atrás a la regresiva reforma de la Ley del Aborto, promovida por el dimitido ministro Alberto Ruiz-Gallardón, ahora –repito– se podrían rescatar de la memoria y las hemerotecas todas las demás “traiciones” cometidas por un partido que no ha tenido escrúpulos, no sólo en “traicionar a los suyos esta vez, sino en cuantas ocasiones y asuntos le han servido para alcanzar sus objetivos, conquistar el poder y gobernar en función de sus intereses partidistas.
Es hora, por tanto, de hacer relación de las traiciones populares, justamente ahora que sus acólitos descubren cómo son traicionados por el Gobierno en cuanto los cálculos electoralistas –no las convicciones ideológicas o morales– lo aconsejan necesario con tal de conservar la poltrona.
Y es que, de la misma manera que han manipulado el tema del aborto, presentándolo como un alegato en defensa de la vida del “nasciturus” para atraerse al sector más reaccionario y confesional de la sociedad y ganar así por mayoría absoluta las últimas elecciones, también utilizaron el grave problema del terrorismo y a las víctimas de la violenta de ETA para granjearse la adhesión de una derecha cerrada a cualquier racionalidad en la lucha antiterrorista.
Entonces eran tiempos de férrea oposición a un Gobierno socialista, al que se le negaba todo apoyo y colaboración en su enfrentamiento con el terror desde la ley y el diálogo, a pesar de haber mantenido, ellos también bajo la égida del idolatrado jefe José María Aznar, negociaciones con la banda terrorista años antes.
Décadas de repartir tiros en la nuca y poner bombas-lapa bajo los coches de políticos, policías y militares no impidieron a ese líder carismático de la hipocresía conservadora de calificar a la banda asesina como “movimiento vasco de liberación” en cuanto le convino para sus planes megalómanos de gran “estadista”, lo que hubiera podido perpetuarlo, a él o a su formación, en el poder al haber derrotado a ETA.
Obviando ese bochornoso episodio de la historia, el Partido Popular negaría todo consenso a los socialistas y echaría en cara al presidente José Luis Rodríguez Zapatero el haberse “vendido” a los terroristas cuando exploró vías para una paz basada en el diálogo, aún siendo el único mandatario que emprendía negociaciones con representantes de ETA tras la autorización previa del Congreso de los Diputados.
Estos hechos no podían estropear la dura estrategia de los populares, empeñados en presentar al Gobierno como “blando” frente al terror, aunque en esa etapa se apresara el mayor número de comandos y terroristas y se “descabezara” en varias ocasiones a la cúpula directiva de la banda, gracias a la colaboración policial de Francia.
El PP no se privaría de cuestionar al Gobierno y de incitar el rechazo y el enfrentamiento de las asociaciones de víctimas del terrorismo a un Ejecutivo que había sido también el único que había creado una oficina gubernamental para interceder en defensa y protección de las víctimas del terror.
Semejante actitud dogmática e hipócrita de los conservadores sería puesta en evidencia cuando, años después y por imperativo judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esa derecha monolítica e inmovilista tuvo que poner en la calle a decenas de presos etarras a quienes se les había aplicado la Doctrina Parot con carácter retroactivo, que ampliaba sus condenas.
Esta vez había que respetar una ley que emanaba de Europa después de haber negado la legalidad que amparaba iniciativas menos “traumáticas” de los socialistas. Y, de idéntica manera que ahora con el aborto, el Gobierno conservador del Partido Popular, tan intransigente en la oposición, “traicionaba” entonces a las corrientes más sectarias de su electorado, tras haberse manifestado y gritado en la calle el cumplimiento íntegro de condenas y afear cualquier medida humanitaria a condenados en estado terminal, al verse obligado a liberar etarras que cumplían penas de cárcel y que salían exteriorizando gestos de victoria.
Ese mismo Gobierno que “traiciona” a los ultracatólicos y a la jerarquía eclesial española con el aborto, también “traicionaba” a los ultradefensores de la venganza y la ley del Talión. Por lo visto, las “traiciones” no son nada nuevo en el Partido Popular.
Ni siquiera las dificultades que se ceban en los hogares españoles, empobreciéndolos y privándolos de ayudas cuando más falta hacen, están exentas de ser utilizadas con fines torticeros por estos “profesionales de la traición”.
Tampoco tendría empacho el Partido Popular, al inicio de la crisis económica, de endosar toda la responsabilidad al Gobierno socialista y de haber agravado, con sus medidas políticas sociales y de prioridad del sector público, las consecuencias del aumento del paro y del crecimiento de la deuda que se derivaban de ella.
No importaba que las primeras recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo fueran contracíclicas frente a un problema financiero, generado por la avaricia especulativa, del que se ignoraba su magnitud.
Los populares pregonaban desde la oposición que el simple cambio en la Presidencia del Gobierno traería consigo la confianza de los mercados y la recuperación de la actividad económica. Mientras empeoraban los problemas, más se alegraba el PP, hasta el extremo de que el futuro ministro de Hacienda de Rajoy, Cristóbal Montoro, se jactaba en asegurar eufórico que “cuánto peor, mejor” para sus planes.
Ahora los “traicionados” son las clases medias y trabajadoras, saqueadas hasta la extrema pobreza, vilipendiadas, arrebatados sus ahorros, expulsados de sus trabajos o reducidos sus salarios, eliminados de derechos y prestaciones, abandonados a su suerte, vapuleados por empresarios y bancos, tachados de culpables de una crisis de la que son víctimas, anestesiados por la propaganda y la manipulación más groseras del Gobierno, adoctrinados por la televisión y los púlpitos, reducidos a clientes en vez de usuarios de servicios públicos, frustrados por las carencias que les imponen, sean educativas, sanitarias, de dependencia, de jubilación o de becas, y atemorizados por el negro futuro que les auguran todos los profesionales de la traición.
Ahora es casi toda la población la que se siente “traicionada” por un Partido Popular que ya no puede engañar a nadie más, porque esta “traición” a la mayoría sólo ha respetado a los banqueros y los acaudalados de la sociedad, únicos sectores que se han beneficiado de “rescates” y ayudas fiscales para “blanquear” sus capitales evadidos al extranjero.
A cambio de estas “reformas estructurales”, ocultadas oportunamente en los programas electorales de quien gobierna, los trabajadores y los más desfavorecidos de la sociedad han tenido que cargar con el traspaso de recursos desde la Fuerza del Trabajo hacia la del Capital, para que las empresas consigan mayores beneficios que no se reinvierten, sino que van a parar a los bolsillos de sus propietarios, una élite que mantiene puertas giratorias con la política para continuar “traicionando” a quienes votan al Partido Popular.
Es hora, por tanto, de hacer relación de las traiciones populares, justamente ahora que sus acólitos descubren cómo son traicionados por el Gobierno en cuanto los cálculos electoralistas –no las convicciones ideológicas o morales– lo aconsejan necesario con tal de conservar la poltrona.
Y es que, de la misma manera que han manipulado el tema del aborto, presentándolo como un alegato en defensa de la vida del “nasciturus” para atraerse al sector más reaccionario y confesional de la sociedad y ganar así por mayoría absoluta las últimas elecciones, también utilizaron el grave problema del terrorismo y a las víctimas de la violenta de ETA para granjearse la adhesión de una derecha cerrada a cualquier racionalidad en la lucha antiterrorista.
Entonces eran tiempos de férrea oposición a un Gobierno socialista, al que se le negaba todo apoyo y colaboración en su enfrentamiento con el terror desde la ley y el diálogo, a pesar de haber mantenido, ellos también bajo la égida del idolatrado jefe José María Aznar, negociaciones con la banda terrorista años antes.
Décadas de repartir tiros en la nuca y poner bombas-lapa bajo los coches de políticos, policías y militares no impidieron a ese líder carismático de la hipocresía conservadora de calificar a la banda asesina como “movimiento vasco de liberación” en cuanto le convino para sus planes megalómanos de gran “estadista”, lo que hubiera podido perpetuarlo, a él o a su formación, en el poder al haber derrotado a ETA.
Obviando ese bochornoso episodio de la historia, el Partido Popular negaría todo consenso a los socialistas y echaría en cara al presidente José Luis Rodríguez Zapatero el haberse “vendido” a los terroristas cuando exploró vías para una paz basada en el diálogo, aún siendo el único mandatario que emprendía negociaciones con representantes de ETA tras la autorización previa del Congreso de los Diputados.
Estos hechos no podían estropear la dura estrategia de los populares, empeñados en presentar al Gobierno como “blando” frente al terror, aunque en esa etapa se apresara el mayor número de comandos y terroristas y se “descabezara” en varias ocasiones a la cúpula directiva de la banda, gracias a la colaboración policial de Francia.
El PP no se privaría de cuestionar al Gobierno y de incitar el rechazo y el enfrentamiento de las asociaciones de víctimas del terrorismo a un Ejecutivo que había sido también el único que había creado una oficina gubernamental para interceder en defensa y protección de las víctimas del terror.
Semejante actitud dogmática e hipócrita de los conservadores sería puesta en evidencia cuando, años después y por imperativo judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esa derecha monolítica e inmovilista tuvo que poner en la calle a decenas de presos etarras a quienes se les había aplicado la Doctrina Parot con carácter retroactivo, que ampliaba sus condenas.
Esta vez había que respetar una ley que emanaba de Europa después de haber negado la legalidad que amparaba iniciativas menos “traumáticas” de los socialistas. Y, de idéntica manera que ahora con el aborto, el Gobierno conservador del Partido Popular, tan intransigente en la oposición, “traicionaba” entonces a las corrientes más sectarias de su electorado, tras haberse manifestado y gritado en la calle el cumplimiento íntegro de condenas y afear cualquier medida humanitaria a condenados en estado terminal, al verse obligado a liberar etarras que cumplían penas de cárcel y que salían exteriorizando gestos de victoria.
Ese mismo Gobierno que “traiciona” a los ultracatólicos y a la jerarquía eclesial española con el aborto, también “traicionaba” a los ultradefensores de la venganza y la ley del Talión. Por lo visto, las “traiciones” no son nada nuevo en el Partido Popular.
Ni siquiera las dificultades que se ceban en los hogares españoles, empobreciéndolos y privándolos de ayudas cuando más falta hacen, están exentas de ser utilizadas con fines torticeros por estos “profesionales de la traición”.
Tampoco tendría empacho el Partido Popular, al inicio de la crisis económica, de endosar toda la responsabilidad al Gobierno socialista y de haber agravado, con sus medidas políticas sociales y de prioridad del sector público, las consecuencias del aumento del paro y del crecimiento de la deuda que se derivaban de ella.
No importaba que las primeras recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo fueran contracíclicas frente a un problema financiero, generado por la avaricia especulativa, del que se ignoraba su magnitud.
Los populares pregonaban desde la oposición que el simple cambio en la Presidencia del Gobierno traería consigo la confianza de los mercados y la recuperación de la actividad económica. Mientras empeoraban los problemas, más se alegraba el PP, hasta el extremo de que el futuro ministro de Hacienda de Rajoy, Cristóbal Montoro, se jactaba en asegurar eufórico que “cuánto peor, mejor” para sus planes.
Ahora los “traicionados” son las clases medias y trabajadoras, saqueadas hasta la extrema pobreza, vilipendiadas, arrebatados sus ahorros, expulsados de sus trabajos o reducidos sus salarios, eliminados de derechos y prestaciones, abandonados a su suerte, vapuleados por empresarios y bancos, tachados de culpables de una crisis de la que son víctimas, anestesiados por la propaganda y la manipulación más groseras del Gobierno, adoctrinados por la televisión y los púlpitos, reducidos a clientes en vez de usuarios de servicios públicos, frustrados por las carencias que les imponen, sean educativas, sanitarias, de dependencia, de jubilación o de becas, y atemorizados por el negro futuro que les auguran todos los profesionales de la traición.
Ahora es casi toda la población la que se siente “traicionada” por un Partido Popular que ya no puede engañar a nadie más, porque esta “traición” a la mayoría sólo ha respetado a los banqueros y los acaudalados de la sociedad, únicos sectores que se han beneficiado de “rescates” y ayudas fiscales para “blanquear” sus capitales evadidos al extranjero.
A cambio de estas “reformas estructurales”, ocultadas oportunamente en los programas electorales de quien gobierna, los trabajadores y los más desfavorecidos de la sociedad han tenido que cargar con el traspaso de recursos desde la Fuerza del Trabajo hacia la del Capital, para que las empresas consigan mayores beneficios que no se reinvierten, sino que van a parar a los bolsillos de sus propietarios, una élite que mantiene puertas giratorias con la política para continuar “traicionando” a quienes votan al Partido Popular.
DANIEL GUERRERO
