Lo que nos empieza a parecer a muchos españoles es que, en efecto, podemos ser iguales ante la ley pero no ante los jueces y que, dependiendo de quiénes toquen, la justicia impartida puede ser diametralmente opuesta. Cuando esto, además, sucede en la Audiencia Nacional y afecta a los más graves y estremecedores casos y asesinos múltiples, que la alarma social creada por sus señorías togadas nos estremezca a todos resulta la más lógica pero perturbadora de las situaciones.
Llevamos ya algún tiempo quedándonos perplejos ante algunas de las situaciones y resoluciones que están emanando de estos magistrados y, en especial, de un grupo de ellos instalados en la Sala Primera de lo Penal.
La última ha supuesto la libertad de un dirigente máximo de ETA, Santiago Arróspide, Santi Potros, responsable de atentados tan atroces como el de Hipercor en Barcelona y el de la plaza de la República Dominicana en Madrid.
El argumento al que se han agarrado estos jueces es que una Directiva de la UE de 2008 recomendaba que se descontaran las penas cumplidas en otros países al global de lo que hubiera de cumplirse en el propio.
Al hacerlo, resultaba que debería haber sido puesto en libertad ya el año pasado. En situación similar se encontraba otro preso etarra, Plazaola, que también reclamó y, como Arróspide, consiguió su excarcelación. Ahora, siguiendo esa estela, hay ya unos cincuenta más.
Pero lo inaudito es que, según la Sala Segunda de esa misma Audiencia Nacional, no tenía en absoluto por qué ser así. Ellos dictaminaron exactamente lo contrario para otro etarra, Iñaki Bilbao. Y, según la Fiscalía –que se oponía a la excarcelación de los primeros–, tampoco.
Hay más: cuando se debatió la cuestión resultó que entre los jueces de la sala hubo empate a nueve votos entre las posturas enfrentadas. Pero lejos de elevar la cuestión o, al menos, por una mínima prudencia, repensarlo intentando llegar a algún punto común cada uno –y sobre todo esta sala–, tiró por donde se le ocurrió. Vamos, que literalmente voló para excarcelar a estos dos terroristas.
Y ¿por qué tal prisa? Pues porque, precisamente, al día siguiente entraba en vigor una ley española aprobada para resolver el asunto y que impedía tal cosa, pues determina con total claridad y sin que medien interpretaciones que esto no se podía hacer.
Por ello, antes, un minuto antes, sus señorías decidieron la “inmediata puesta en libertad”. Sabedores de que la Fiscalía no estaba de acuerdo, iba a recurrir , que decidirá finalmente el Supremo y que sus propios compañeros resolvieron exactamente lo contrario en el caso de otro etarra al que, en vez de la Sala Primera, le tocó la Segunda y que sigue en prisión.
Como pueden imaginarse, el estupor, el dolor de las víctimas y la desolación de mucha gente era total cuando veían cómo a Santi Potros se le condonaba de golpe y porrazo los diez años largos que aún le quedaban por cumplir.
Comparto su indignación, comparto su frustración y señalo a esos jueces, porque hay que señalarlos, como responsables de lo ocurrido. Porque esto, excepto en lo del apresuramiento, no es como aquello de la derogación de la doctrina Parot por Estrasburgo que nos obligaba a dejar en libertad a asesinos y violadores. No hubo más remedio si no se quería salir de la legalidad europea. Pero ahora sí.
¿A qué viene entonces esa prisa, esa decisión, esa negativa a esperar la decisión del Supremo? ¿Qué intención, qué voluntad, qué idea la mueve? Quizás que estos jueces pretendan trazar una hoja de ruta, aquella que dio lugar también a la triste sentencia del Constitucional legalizando a Bildu, y que tiene mucho más que ver con la ideología y la política que con la aplicación de la ley.
No es nuevo y, por desgracia, es continuo motivo de escándalo. Está en la línea de aquella barbaridad jurídica perpetrada con motivo del asalto al Parlament Catalán donde una resolución delirante pero trufada de conceptos ideológicos absolvió a los acusados y poco menos que les ponía medalla de defensores de la libertad de expresión. Repugna a lo que vieron nuestros ojos y al sentido común pero es lo que se dictaminó. Y habrá que esperar a que una instancia superior, esperemos, restablezca la justicia y la razón.
Pero ¿podemos esperar que el Tribunal Supremo devuelva a Santi Potros a su celda? Mucho me temo que no. Mucho me temo, incluso, que puede que se haya abierto una nueva espita para ir liberando etarras con el pretexto o el subterfugio legal que sea.
Y eso no es cuestión en este caso de nadie excepto de los jueces, de esos grupos de jueces que, por encima de todo, están decididos –parece– a aplicar su particular doctrina, visión, modo de ver y política que ejecutar. No es ahora el Gobierno quien recorre esa senda, son ellos y es contra la voluntad de la propia ley española, la que acelerando consiguieron burlar la semana pasada.
Pero a quienes están burlando, quienes nos sentimos hoy ofendidos e indefensos somos muchos españoles que sentimos que la ley es igual para todos pero diferente según sea quien nos toque en suerte para que nos la aplique.
Como también ha quedado demostrado por esa juez que tras los vomitivos incidentes de la ribera del Manzanares, donde ultras de uno y otro signo llevaron su guerra y su muerte, los dejó a todos –y en especial a nueve, cuyos actos y antecedentes, según los informes policiales y de la Fiscalía, daban lugar para medidas mucho más expeditivas y para haberlos mantenido en prisión– en libertad con mínimos cargos y con apenas ninguna medida cautelar.
Flaco favor ha hecho esa togada a le ley, a su prestigio y al de los jueces, mientras que ha hecho un lacerante daño a la seguridad ciudadana y a las gentes pacificas. Que parece que en la mente de algunos jueces son los únicos que no merece la pena defender ni proteger.
Llevamos ya algún tiempo quedándonos perplejos ante algunas de las situaciones y resoluciones que están emanando de estos magistrados y, en especial, de un grupo de ellos instalados en la Sala Primera de lo Penal.
La última ha supuesto la libertad de un dirigente máximo de ETA, Santiago Arróspide, Santi Potros, responsable de atentados tan atroces como el de Hipercor en Barcelona y el de la plaza de la República Dominicana en Madrid.
El argumento al que se han agarrado estos jueces es que una Directiva de la UE de 2008 recomendaba que se descontaran las penas cumplidas en otros países al global de lo que hubiera de cumplirse en el propio.
Al hacerlo, resultaba que debería haber sido puesto en libertad ya el año pasado. En situación similar se encontraba otro preso etarra, Plazaola, que también reclamó y, como Arróspide, consiguió su excarcelación. Ahora, siguiendo esa estela, hay ya unos cincuenta más.
Pero lo inaudito es que, según la Sala Segunda de esa misma Audiencia Nacional, no tenía en absoluto por qué ser así. Ellos dictaminaron exactamente lo contrario para otro etarra, Iñaki Bilbao. Y, según la Fiscalía –que se oponía a la excarcelación de los primeros–, tampoco.
Hay más: cuando se debatió la cuestión resultó que entre los jueces de la sala hubo empate a nueve votos entre las posturas enfrentadas. Pero lejos de elevar la cuestión o, al menos, por una mínima prudencia, repensarlo intentando llegar a algún punto común cada uno –y sobre todo esta sala–, tiró por donde se le ocurrió. Vamos, que literalmente voló para excarcelar a estos dos terroristas.
Y ¿por qué tal prisa? Pues porque, precisamente, al día siguiente entraba en vigor una ley española aprobada para resolver el asunto y que impedía tal cosa, pues determina con total claridad y sin que medien interpretaciones que esto no se podía hacer.
Por ello, antes, un minuto antes, sus señorías decidieron la “inmediata puesta en libertad”. Sabedores de que la Fiscalía no estaba de acuerdo, iba a recurrir , que decidirá finalmente el Supremo y que sus propios compañeros resolvieron exactamente lo contrario en el caso de otro etarra al que, en vez de la Sala Primera, le tocó la Segunda y que sigue en prisión.
Como pueden imaginarse, el estupor, el dolor de las víctimas y la desolación de mucha gente era total cuando veían cómo a Santi Potros se le condonaba de golpe y porrazo los diez años largos que aún le quedaban por cumplir.
Comparto su indignación, comparto su frustración y señalo a esos jueces, porque hay que señalarlos, como responsables de lo ocurrido. Porque esto, excepto en lo del apresuramiento, no es como aquello de la derogación de la doctrina Parot por Estrasburgo que nos obligaba a dejar en libertad a asesinos y violadores. No hubo más remedio si no se quería salir de la legalidad europea. Pero ahora sí.
¿A qué viene entonces esa prisa, esa decisión, esa negativa a esperar la decisión del Supremo? ¿Qué intención, qué voluntad, qué idea la mueve? Quizás que estos jueces pretendan trazar una hoja de ruta, aquella que dio lugar también a la triste sentencia del Constitucional legalizando a Bildu, y que tiene mucho más que ver con la ideología y la política que con la aplicación de la ley.
No es nuevo y, por desgracia, es continuo motivo de escándalo. Está en la línea de aquella barbaridad jurídica perpetrada con motivo del asalto al Parlament Catalán donde una resolución delirante pero trufada de conceptos ideológicos absolvió a los acusados y poco menos que les ponía medalla de defensores de la libertad de expresión. Repugna a lo que vieron nuestros ojos y al sentido común pero es lo que se dictaminó. Y habrá que esperar a que una instancia superior, esperemos, restablezca la justicia y la razón.
Pero ¿podemos esperar que el Tribunal Supremo devuelva a Santi Potros a su celda? Mucho me temo que no. Mucho me temo, incluso, que puede que se haya abierto una nueva espita para ir liberando etarras con el pretexto o el subterfugio legal que sea.
Y eso no es cuestión en este caso de nadie excepto de los jueces, de esos grupos de jueces que, por encima de todo, están decididos –parece– a aplicar su particular doctrina, visión, modo de ver y política que ejecutar. No es ahora el Gobierno quien recorre esa senda, son ellos y es contra la voluntad de la propia ley española, la que acelerando consiguieron burlar la semana pasada.
Pero a quienes están burlando, quienes nos sentimos hoy ofendidos e indefensos somos muchos españoles que sentimos que la ley es igual para todos pero diferente según sea quien nos toque en suerte para que nos la aplique.
Como también ha quedado demostrado por esa juez que tras los vomitivos incidentes de la ribera del Manzanares, donde ultras de uno y otro signo llevaron su guerra y su muerte, los dejó a todos –y en especial a nueve, cuyos actos y antecedentes, según los informes policiales y de la Fiscalía, daban lugar para medidas mucho más expeditivas y para haberlos mantenido en prisión– en libertad con mínimos cargos y con apenas ninguna medida cautelar.
Flaco favor ha hecho esa togada a le ley, a su prestigio y al de los jueces, mientras que ha hecho un lacerante daño a la seguridad ciudadana y a las gentes pacificas. Que parece que en la mente de algunos jueces son los únicos que no merece la pena defender ni proteger.
ANTONIO PÉREZ HENARES
