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La Junta promueve una ley para garantizar los derechos de 70.000 personas con discapacidad

La Junta va a impulsar el desarrollo de una nueva ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía para garantizar su protección y su plena integración en la sociedad. Esta futura ley tendrá como principales objetivos primar la garantía de los derechos más allá del enfoque asistencial, con especial atención a mujeres y menores; priorizar las políticas de empleo y garantizar la accesibilidad universal en sanidad, educación, vivienda, ocio, formación o servicios sociales.

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Entre las medidas que incluirá esta normativa que beneficiará a los aproximadamente 70.000 cordobeses que padecen una discapacidad está prevista la reserva del 5 por ciento de diversos contratos públicos a centros especiales de empleo relacionados con servicios como logística, jardinería o lavandería y la elaboración de un plan específico para las personas con discapacidad, con una tasa de paro del 43 por ciento en Andalucía.

La delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, junto a la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Isabel Baena, participó ayer en la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, bajo el lema Con capacidad.

 Familiares, profesionales y usuarios de diez asociaciones cordobesas se concentraron en el bulevar de Gran Capitán para leer el Manifiesto del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad qu,e este año, incide en la importancia de emplear las nuevas tecnologías para mejorar la accesibilidad.

La delegada del Gobierno explicó que "con este acto se escenifica lo que es un realidad: la igualdad de todas las personas y su participación activa en la construcción de la sociedad". Para Ambrosio, "la eliminación de todo tipo de barreras, la apuesta por la inclusión y la concienciación social son elementos que deben estar muy presentes y por los que apuesta la Junta de Andalucía a través de sus políticas sociales".

La delegada habló de que "queda mucho camino, pero contamos con la firme determinación y voluntad de las personas con discapacidad, que es el principal estímulo a la hora de tomar decisiones políticas que fomenten la calidad de vida y mejoren las posibilidades de acceso a la formación, al mercado de trabajo y a los recursos y servicios públicos, entre otros".

Ambrosio se refirió a que "esta semana, que celebramos el Día de la Constitución, es un buen momento también para hablar de reconocimiento de derechos y de cómo una sociedad que integra y actúa conjuntamente, es sinónimo de madurez democrática y de pervivencia de valores cívicos y modernidad".

Isabel Ambrosio expuso que " las personas con discapacidad trabajan duro por conseguir sus objetivos y ponen su talento, inteligencia y formación al servicio de vosotros mismos y de la sociedad en su conjunto".

Para la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Isabel Baena, "debemos reflexionar sobre los prejuicios aún existentes en nuestra sociedad hacia las personas con discapacidad y que tienen de una vez por todas que eliminarse porque somos nosotros los que cada día creamos barreras cuando miramos a la discapacidad en lugar de a la persona o infravaloram.os las capacidades de otras personas".

El objetivo de esta actividad es que se visibilice a las personas con discapacidad e incrementar la concienciación de la ciudadanía sobre la importancia de seguir trabajando en la construcción de una sociedad inclusiva. Se trata, según la delegada territorial, de “potenciar las capacidades y habilidades de cada persona ya que no hay dos personas iguales y las diferencias no deben equivaler a desigualdades”.

De ahí que la futura norma vaya a velar por la igualdad de oportunidades y no discriminación cuente con un régimen sancionador autonómico con multas que oscilan entre los 301 euros de las faltas leves a los 300.000 euros para la muy graves que supongan la prohibición de acceso a un establecimiento o la carencia de espacios reservados para las personas con discapacidad.

Pacto Andaluz por la Accesibilidad

La Junta de Andalucía está impulsando también el Pacto Andaluz por la Accesibilidad que ya ha sido suscrito por más de un 70 por ciento de los ayuntamientos cordobeses y con el que se trabaja en la construcción de entornos más accesibles.

En este sentido, Baena ha recordado la importancia de que los consistorios se sumen a esta iniciativa que permitirá avanzar em la consecución de la accesibilidad universal para que las personas, con independencia de sus capacidades funcionales puedan accesder em condiciones de seguridad, comodidad y de forma lo más autónoma posible a los distintos procesos, bienes y servicios.

La nueva normativa reforzará este pacto, obligando a la Junta a regular las condiciones de accesibilidad no solo de vías públicas, edificaciones y transportes sino también en espacios naturales, instalaciones temporales para la realización de espectáculos públicos, actividades recreativas, culturales y sociales.

Atención temprana y residencial

En materia de atención social la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales cuenta además con una extensa red de centros de atención diurna y residencial en Córdoba compuesta por más de 1.800 plazas gestionadas a través conciertos con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.

Son plazas de tipología muy variada en residencias para gravemente afectados o que padecen psicodeficiencia, unidades de estancia diurna con terapia ocupacional y viviendas tuteladas en cuyo mantenimiento la Junta invierte anualmente 21,8 millones de euros.

La atención temprana permite, por su parte, trabajar con más de 1.200 niños de cero a seis años a través de los 19 centros existentes en la provincia de Córdoba. Se trata de ofrecerle atención individualizada de acuerdo con sus necesidades especiales. Durante 2014 se van a invertir 1,2 millones de euros en acuerdos con las entidades y ayuntamientos que prestan este servicio en colaboración con la Junta de Andalucía.

En este sentido la nueva ley obligará a regular por decreto en menos de un año la atención temprana infantil para menores de seis años, garantizando la respuesta integral a las necesidades de esta población con trastornos de desarrollo o riesgo de padecerlos.

Fomento de la inserción laboral

La Delegación de Igualdad está trabajando en colaboración con asociaciones como Down y Autismo em la inserción laboral de las personas con discapacidad. Así, se han suscrito con ambas entidades para que sus usuarios realicen prácticas profesionales en los centros de trabajo de la Delegación.

En concreto, el acuerdo recoge que los participantes en este programa se formarán en distintas tareas laborales administrativas, de ordenanza, de mantenimiento o jardinería entre otras alternativas. El objetivo es, en palabras de la delegada territorial, que “los jóvenes completen su formación, aprendiendo a desenvolverse en un entorno profesional y desarrollando al máximo sus capacidades”.

Para lograr este objetivo las personas se incorporarán a la delegación por un período de seis meses durante el que estarán tutorizadas por dos profesionales, uno por parte de la administración sanitaria y uno de la Asociación, que velarán por la buena marcha del programa.

REDACCIÓN / CAMPIÑA DIGITAL
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