La secretaria general de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, Purificación Gálvez, y la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles Luna, presentaron ayer a los colectivos de la provincia de Córdoba las medidas establecidas en el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia, que recoge una inversión de más de 1.765 millones de euros hasta 2020.
Este plan, aprobado recientemente en Consejo de Gobierno, está dirigido a reforzar las medidas orientadas a disminuir el impacto de la dependencia en Andalucía y evitar su agravamiento en las personas ya afectadas.
Los objetivos básicos del plan se centran en facilitar el desarrollo de una existencia autónoma de la persona en su medio habitual y en condiciones de igualdad; promover el aumento de la esperanza de vida libre de enfermedades y discapacidad; reducir el impacto sobre las personas afectadas y sus cuidadoras; mejorar los mecanismos de participación ciudadana y coordinación entre los distintos sectores implicados, e impulsar la formación, la investigación y la innovación en estos ámbitos.
En líneas generales, el plan reforzará los servicios de prevención y promoción de la autonomía que actualmente desarrolla la Junta, especialmente en lo relativo al diseño de los itinerarios personalizados de intervención y a la asignación de profesionales para evitar el agravamiento de situaciones de dependencia moderadas.
Se pretende así que las personas incluidas en esta categoría (actualmente 99.572), desarrollen y mantengan sus capacidades mediante intervenciones de terapia ocupacional, de atención temprana, estimulación cognitiva, rehabilitación y otros apoyos.
Asimismo, se seguirán desarrollando los programas de educación para la salud en centros sanitarios, sociales y educativos; las medidas de incorporación o permanencia en el mercado laboral, y el impulso a la participación ciudadana a través de colectivos y asociaciones.
La elaboración del plan ha contado con las aportaciones de más de 130 profesionales y personas expertas, provenientes de más de 40 organizaciones, desde la Administración autonómica a entidades locales, agentes sociales y económicos, organizaciones del ‘Tercer Sector’ y universidades. Mientras, por parte de la Junta, han participado las consejerías de Educación; Salud; Igualdad y Políticas Sociales; Empleo, Empresa y Comercio, y Fomento y Vivienda.
Impacto en la provincia
La delegada territorial recordó que “de acuerdo con los datos del INE, en Andalucía las personas con discapacidad son 716.136 personas, el 9,58 por ciento de su población (el 61,6% son mujeres), de los que 70.900 residirían en nuestra provincia”.
Asimismo, a 31 de mayo, 49.470 personas en Córdoba tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento (25.900 hombres y 23.764 mujeres), de los que 6.360 fueron nuevas incorporaciones durante el pasado año. Por otro lado, se estima que seis de cada 10 personas con discapacidad se encuentran en situación de dependencia (un 58,6%) y a su vez, la mayoría de éstas (un 63%) son personas mayores de 65 años.
En este contexto, según Luna, “Andalucía es en la actualidad la comunidad autónoma que más personas en situación de dependencia atiende (más del 23% del total nacional). A 31 de mayo, existen en nuestra provincia 18.365 personas beneficiarias que cuentan con 24.012 prestaciones”.
Sólo durante el pasado año se incorporaron al sistema de dependencia 4.217 cordobeses y se realizaron 7.023 valoraciones en total. De ellos, y acorde a sus necesidades, 7.322 cordobeses son beneficiarios del servicio de teleasistencia; 5.825 personas reciben el servicio de ayuda a domicilio; y 3.007 están incluidas en la atención residencial; además de los 1.293 usuarios de los centros de día.
Por último, Luna recordó que “el objetivo no es sólo dirigirnos a aquéllas personas que ya tienen asignado un recurso, sino apostar por el desarrollo de políticas que eviten o retrasen la aparición de la dependencia a través de nuestros centros de participación activa”.
Por tanto, respecto a las personas mayores, las medidas se sustentarán en los 27 centros de participación activa que funcionan en la provincia (168 en Andalucía), con cerca de 60.000 asociados que realizan anualmente casi 11.000 horas de talleres de promoción de la autonomía personal.
Las políticas de la Junta para favorecer la autonomía personal a través de la Estrategia de Envejecimiento Activo cuentan con la máxima puntuación de la Comisión Europea, lo que sitúa a Andalucía como región de referencia en este ámbito.
Este plan, aprobado recientemente en Consejo de Gobierno, está dirigido a reforzar las medidas orientadas a disminuir el impacto de la dependencia en Andalucía y evitar su agravamiento en las personas ya afectadas.
Los objetivos básicos del plan se centran en facilitar el desarrollo de una existencia autónoma de la persona en su medio habitual y en condiciones de igualdad; promover el aumento de la esperanza de vida libre de enfermedades y discapacidad; reducir el impacto sobre las personas afectadas y sus cuidadoras; mejorar los mecanismos de participación ciudadana y coordinación entre los distintos sectores implicados, e impulsar la formación, la investigación y la innovación en estos ámbitos.
En líneas generales, el plan reforzará los servicios de prevención y promoción de la autonomía que actualmente desarrolla la Junta, especialmente en lo relativo al diseño de los itinerarios personalizados de intervención y a la asignación de profesionales para evitar el agravamiento de situaciones de dependencia moderadas.
Se pretende así que las personas incluidas en esta categoría (actualmente 99.572), desarrollen y mantengan sus capacidades mediante intervenciones de terapia ocupacional, de atención temprana, estimulación cognitiva, rehabilitación y otros apoyos.
Asimismo, se seguirán desarrollando los programas de educación para la salud en centros sanitarios, sociales y educativos; las medidas de incorporación o permanencia en el mercado laboral, y el impulso a la participación ciudadana a través de colectivos y asociaciones.
La elaboración del plan ha contado con las aportaciones de más de 130 profesionales y personas expertas, provenientes de más de 40 organizaciones, desde la Administración autonómica a entidades locales, agentes sociales y económicos, organizaciones del ‘Tercer Sector’ y universidades. Mientras, por parte de la Junta, han participado las consejerías de Educación; Salud; Igualdad y Políticas Sociales; Empleo, Empresa y Comercio, y Fomento y Vivienda.
Impacto en la provincia
La delegada territorial recordó que “de acuerdo con los datos del INE, en Andalucía las personas con discapacidad son 716.136 personas, el 9,58 por ciento de su población (el 61,6% son mujeres), de los que 70.900 residirían en nuestra provincia”.
Asimismo, a 31 de mayo, 49.470 personas en Córdoba tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento (25.900 hombres y 23.764 mujeres), de los que 6.360 fueron nuevas incorporaciones durante el pasado año. Por otro lado, se estima que seis de cada 10 personas con discapacidad se encuentran en situación de dependencia (un 58,6%) y a su vez, la mayoría de éstas (un 63%) son personas mayores de 65 años.
En este contexto, según Luna, “Andalucía es en la actualidad la comunidad autónoma que más personas en situación de dependencia atiende (más del 23% del total nacional). A 31 de mayo, existen en nuestra provincia 18.365 personas beneficiarias que cuentan con 24.012 prestaciones”.
Sólo durante el pasado año se incorporaron al sistema de dependencia 4.217 cordobeses y se realizaron 7.023 valoraciones en total. De ellos, y acorde a sus necesidades, 7.322 cordobeses son beneficiarios del servicio de teleasistencia; 5.825 personas reciben el servicio de ayuda a domicilio; y 3.007 están incluidas en la atención residencial; además de los 1.293 usuarios de los centros de día.
Por último, Luna recordó que “el objetivo no es sólo dirigirnos a aquéllas personas que ya tienen asignado un recurso, sino apostar por el desarrollo de políticas que eviten o retrasen la aparición de la dependencia a través de nuestros centros de participación activa”.
Por tanto, respecto a las personas mayores, las medidas se sustentarán en los 27 centros de participación activa que funcionan en la provincia (168 en Andalucía), con cerca de 60.000 asociados que realizan anualmente casi 11.000 horas de talleres de promoción de la autonomía personal.
Las políticas de la Junta para favorecer la autonomía personal a través de la Estrategia de Envejecimiento Activo cuentan con la máxima puntuación de la Comisión Europea, lo que sitúa a Andalucía como región de referencia en este ámbito.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
