Baena Digital se hace eco en su Buzón del Lector de un nuevo artículo remitido por Antonio Gutiérrez Guijarro, secretario general de la Unión de Estudiantes Progresistas de la UC3M, sobre algunas prácticas que a su juicio constituyen un "atraco al Estado". Si desea participar en esta sección, puede hacer llegar un correo a baenadigital@gmail.com exponiendo su queja, comentario o sugerencia. Si lo desea, puede acompañarla también de alguna fotografía.
La sociedad española se encuentra sumergida en una burbuja de incesantes escándalos sobre lo público, abusos sobre el erario público, asaltos a la cosa pública por aquellos que llevan las riendas del Estado. En estos últimos años se han destapado una multitud de casos de corrupción o de sospecha de corrupción que han alcanzado todos los vértices de la política española, constituyendo un asedio permanente a la democracia española.
Desde su posición de legisladores y veladores de la ley han ultrajado el bien de todos sumiendo su noble actividad en un charco de descrédito del que sus compañeros/as, los verdaderamente honestos, movidos por la vocación de servicio público les resulta imposible salir y sobre los que la sospecha se cierne asiduamente.
Estas acciones, nada respetuosas con la base sobre la que se asienta la democracia, se han instalado en una sociedad donde el descrédito a la política es más que palpable y que, se ha redirigido hacia las instituciones públicas en general. Hemos de frenar esta tendencia hacia la apropiación del Estado en beneficio propio o de un grupo favorecido. Y ello es tarea de todos, tanto de políticos como de ciudadanos responsables. Es preciso, por una parte, que los cuatro partidos se sienten a dialogar una batería de leyes y medidas que impidan futuras tramas de corrupción así como la imposición de severas medidas para aquellos que perviertan el servicio público con estos atracos al Estado. Hay que abandonar el discurso del <y tú más> y asumir, reconocer y controlar esta lacra que ha afectado a todos los partidos –y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra-. Igualmente de importante es una sociedad civil responsable y exigente que castigue democráticamente estas conductas alejadas de la ética que debe ejemplarizar el más alto deber político. Pero para ello, también es necesario o, más bien, fundamental renegar del periodismo que jalea, el que transgrede las respetables líneas del derecho social que les concede la libertad de información perjudicando al Estado de Derecho y cercenando verdaderos servidores públicos a través de la inoculación en la sociedad una culpabilidad no probada por la Justicia.
Hemos de trabajar para que los << titulares de escándalo político>> queden en el pasado y los regidores públicos salgan de los banquillos de los juzgados para situarse en su lugar: en las instituciones públicas de representación y organización del Estado. Al igual que en la filosofía griega, hay una imperiosa necesidad de trasladar la preocupación ética al campo de la preocupación política.
La sociedad española se encuentra sumergida en una burbuja de incesantes escándalos sobre lo público, abusos sobre el erario público, asaltos a la cosa pública por aquellos que llevan las riendas del Estado. En estos últimos años se han destapado una multitud de casos de corrupción o de sospecha de corrupción que han alcanzado todos los vértices de la política española, constituyendo un asedio permanente a la democracia española.
Desde su posición de legisladores y veladores de la ley han ultrajado el bien de todos sumiendo su noble actividad en un charco de descrédito del que sus compañeros/as, los verdaderamente honestos, movidos por la vocación de servicio público les resulta imposible salir y sobre los que la sospecha se cierne asiduamente.
Estas acciones, nada respetuosas con la base sobre la que se asienta la democracia, se han instalado en una sociedad donde el descrédito a la política es más que palpable y que, se ha redirigido hacia las instituciones públicas en general. Hemos de frenar esta tendencia hacia la apropiación del Estado en beneficio propio o de un grupo favorecido. Y ello es tarea de todos, tanto de políticos como de ciudadanos responsables. Es preciso, por una parte, que los cuatro partidos se sienten a dialogar una batería de leyes y medidas que impidan futuras tramas de corrupción así como la imposición de severas medidas para aquellos que perviertan el servicio público con estos atracos al Estado. Hay que abandonar el discurso del <
Hemos de trabajar para que los << titulares de escándalo político>> queden en el pasado y los regidores públicos salgan de los banquillos de los juzgados para situarse en su lugar: en las instituciones públicas de representación y organización del Estado. Al igual que en la filosofía griega, hay una imperiosa necesidad de trasladar la preocupación ética al campo de la preocupación política.
ANTONIO GUTIÉRREZ GUIJARRO
