Tras toda una Legislatura implementando iniciativas que han perjudicado considerablemente a los trabajadores y a las clases medias –sectores que comprenden la mayor parte de la población–, sucumbiéndolas al paro, a la precariedad laboral y salarial y a la restricción de ayudas, derechos y libertades como nunca antes en la historia reciente de España, los españoles, cual masoquistas, apuestan y votan mayoritariamente a quienes les infligen castigos tan lesivos y empobrecedores.
Medidas semejantes y acaso no aplicadas de manera tan inequitativa y rigurosas en otros países han bastado para retirar la confianza a los gobernantes y apearlos del poder. Tanta injusta austeridad impuesta sobre todo a las clases sociales menos pudientes y, por tanto, más vulnerables e indefensas, ha provocado la reacción en contra de los afectados y el más contundente de los rechazos en las urnas. Salvo en España.
A pesar de una Reforma Laboral que ha abaratado el despido y ha desvalijado las conquistas que protegían al trabajador frente a los empresarios, como eran los convenios colectivos y toda suerte de derechos contra el abuso empresarial, tendentes a facultar a las empresas a dictar unilateralmente las condiciones laborales, reducir salarios, precarizar el trabajo y obligar a trabajar más horas que las que reflejan las nóminas, no ha desmotivado a cerca de ocho millones de personas a mantener su apoyo al partido que defiende estas medidas y promete continuar aplicándolas y hasta profundizar aún más en su extensión y severidad.
Los trabajadores que las votan creen que, permitiendo que los poderosos y ricos sean más poderosos y ricos, ellos recogerán las migajas de una riqueza que les niega estabilidad en el empleo y dignidad laboral y salarial.
De igual modo, los estamentos medios de la sociedad, que ya aceptan el copago farmacéutico, el repago en algunas prestaciones y atenciones sanitarias, el endurecimiento de los requisitos para tener derecho a una jubilación, la disminución en la cuantía de las pensiones, congeladas indefinidamente con el subterfugio de un mísero incremento anual a todas luces insuficiente para mantener poder adquisitivo, los recortes salariales de los funcionarios, con la pérdida incluso de alguna paga extra, el aumento de sus cargas y horas de trabajo y la disminución de las plantillas, la cínica eliminación de las ayudas a la dependencia mediante asfixia presupuestaria y la parálisis de las evaluaciones de clasificación para tener derecho a ellas (cuando se conceden ya se ha muerto el anciano), la disminución en número y cantidad de las becas a los estudiantes, la rebaja en la cuantía y duración de las prestaciones por desempleo, el aumento de los impuestos directos (IVA) en artículos de primera necesidad y productos culturales (libros, espectáculos, etc.) que penalizan a los menos pudientes, y toda una serie de tijeretazos a derechos y libertades que criminalizan las protestas, coartan las manifestaciones e impiden el ejercicio de derechos reconocidos en la Constitución, nada de ello tampoco ha disuadido a los que votan a quienes perpetran estos atentados contra los ciudadanos.
Causa rubor que iniciativas parecidas sean combatidas con virulentas alteraciones callejeras en otras latitudes, como Francia, mientras aquí reciben el respaldo electoral de una mayoría de españoles, aún se vean afectados por ellas con un empobrecimiento innecesario.
Pero si hay algo que resulta totalmente incomprensible, mayor aún a lo ya señalado, es el refrendo que consigue en las urnas la corrupción que caracteriza al partido que gobierna España, imputado judicialmente por financiación ilegal y que no deja de sorprender con nuevos casos o nuevos corruptos cada vez.
A los votantes masoquistas del Partido Popular parece no preocuparles la corrupción que emana continuamente de esa formación, incluso allí donde el saqueo del dinero público ha sido asquerosamente desmedido y está siendo objeto de una compleja investigación judicial, como es Valencia y Madrid, centros de la trama Gürtel.
En ambas plazas, la hipocresía generalizada vota masivamente al partido que tiene a todos sus extesoreros implicados por corrupción y a muchos de sus políticos señalados por ella, siendo portadores de sobres con sobresueldo con dinero obtenido gracias a la corrupción y mentir sobre sus inversiones en paraísos fiscales (Soria), elaborar amnistías fiscales para los evasores (Montoro) e, incluso, utilizar las instituciones del Estado con fines partidistas, como se descubrió en unas grabaciones al ministro del Interior (Fernández Díaz).
Esa corrupción política que corroe las altas esferas de las instituciones no se castiga en las urnas, sino que se premia de manera contumaz con el voto de los masoquistas que nada les duele, aunque ello conlleve el deterioro de los servicios públicos, una mengua por robo de las arcas públicas y una inevitable desintegración del sistema democrático que hasta la fecha nos ha proporcionado el mayor período de paz y prosperidad relativas.
Si algo han desvelado las últimas elecciones generales ha sido que España es un país de masoquistas capaces de votar mayoritariamente a quienes se ensañan con los más desfavorecidos y resisten sin rechistar cualquier opresión y abuso. Somos así, qué le vamos hacer.
Medidas semejantes y acaso no aplicadas de manera tan inequitativa y rigurosas en otros países han bastado para retirar la confianza a los gobernantes y apearlos del poder. Tanta injusta austeridad impuesta sobre todo a las clases sociales menos pudientes y, por tanto, más vulnerables e indefensas, ha provocado la reacción en contra de los afectados y el más contundente de los rechazos en las urnas. Salvo en España.
A pesar de una Reforma Laboral que ha abaratado el despido y ha desvalijado las conquistas que protegían al trabajador frente a los empresarios, como eran los convenios colectivos y toda suerte de derechos contra el abuso empresarial, tendentes a facultar a las empresas a dictar unilateralmente las condiciones laborales, reducir salarios, precarizar el trabajo y obligar a trabajar más horas que las que reflejan las nóminas, no ha desmotivado a cerca de ocho millones de personas a mantener su apoyo al partido que defiende estas medidas y promete continuar aplicándolas y hasta profundizar aún más en su extensión y severidad.
Los trabajadores que las votan creen que, permitiendo que los poderosos y ricos sean más poderosos y ricos, ellos recogerán las migajas de una riqueza que les niega estabilidad en el empleo y dignidad laboral y salarial.
De igual modo, los estamentos medios de la sociedad, que ya aceptan el copago farmacéutico, el repago en algunas prestaciones y atenciones sanitarias, el endurecimiento de los requisitos para tener derecho a una jubilación, la disminución en la cuantía de las pensiones, congeladas indefinidamente con el subterfugio de un mísero incremento anual a todas luces insuficiente para mantener poder adquisitivo, los recortes salariales de los funcionarios, con la pérdida incluso de alguna paga extra, el aumento de sus cargas y horas de trabajo y la disminución de las plantillas, la cínica eliminación de las ayudas a la dependencia mediante asfixia presupuestaria y la parálisis de las evaluaciones de clasificación para tener derecho a ellas (cuando se conceden ya se ha muerto el anciano), la disminución en número y cantidad de las becas a los estudiantes, la rebaja en la cuantía y duración de las prestaciones por desempleo, el aumento de los impuestos directos (IVA) en artículos de primera necesidad y productos culturales (libros, espectáculos, etc.) que penalizan a los menos pudientes, y toda una serie de tijeretazos a derechos y libertades que criminalizan las protestas, coartan las manifestaciones e impiden el ejercicio de derechos reconocidos en la Constitución, nada de ello tampoco ha disuadido a los que votan a quienes perpetran estos atentados contra los ciudadanos.
Causa rubor que iniciativas parecidas sean combatidas con virulentas alteraciones callejeras en otras latitudes, como Francia, mientras aquí reciben el respaldo electoral de una mayoría de españoles, aún se vean afectados por ellas con un empobrecimiento innecesario.
Pero si hay algo que resulta totalmente incomprensible, mayor aún a lo ya señalado, es el refrendo que consigue en las urnas la corrupción que caracteriza al partido que gobierna España, imputado judicialmente por financiación ilegal y que no deja de sorprender con nuevos casos o nuevos corruptos cada vez.
A los votantes masoquistas del Partido Popular parece no preocuparles la corrupción que emana continuamente de esa formación, incluso allí donde el saqueo del dinero público ha sido asquerosamente desmedido y está siendo objeto de una compleja investigación judicial, como es Valencia y Madrid, centros de la trama Gürtel.
En ambas plazas, la hipocresía generalizada vota masivamente al partido que tiene a todos sus extesoreros implicados por corrupción y a muchos de sus políticos señalados por ella, siendo portadores de sobres con sobresueldo con dinero obtenido gracias a la corrupción y mentir sobre sus inversiones en paraísos fiscales (Soria), elaborar amnistías fiscales para los evasores (Montoro) e, incluso, utilizar las instituciones del Estado con fines partidistas, como se descubrió en unas grabaciones al ministro del Interior (Fernández Díaz).
Esa corrupción política que corroe las altas esferas de las instituciones no se castiga en las urnas, sino que se premia de manera contumaz con el voto de los masoquistas que nada les duele, aunque ello conlleve el deterioro de los servicios públicos, una mengua por robo de las arcas públicas y una inevitable desintegración del sistema democrático que hasta la fecha nos ha proporcionado el mayor período de paz y prosperidad relativas.
Si algo han desvelado las últimas elecciones generales ha sido que España es un país de masoquistas capaces de votar mayoritariamente a quienes se ensañan con los más desfavorecidos y resisten sin rechistar cualquier opresión y abuso. Somos así, qué le vamos hacer.
DANIEL GUERRERO
