El último Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó esta semana el anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, que marcará las directrices para favorecer el trabajo, la integración social, la igualdad entre hombres y mujeres, el relevo generacional, la competitividad, la innovación y el desarrollo de las zonas rurales, así como para reducir el impacto ambiental y contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático.
Entre otras novedades, el texto incluye disposiciones contra las prácticas comerciales abusivas; un régimen de protección del uso agrario en las zonas donde esta actividad es relevante por su función social o ambiental; el reconocimiento de los profesionales a través del Estatuto de las Personas Agricultoras y Ganaderas, y la introducción de medidas de aprovechamiento de excedentes alimentarios para fines sociales, obligando a industrias y establecimientos a su donación o reutilización.
Para contribuir a evitar las prácticas abusivas, el anteproyecto incrementa las competencias de control y sanción relacionadas con la cadena agroalimentaria. Por un lado, fija como infracción muy grave la compra de productos perecederos por debajo del coste de producción que pueda realizar un operador –mayorista o cadena de distribución– abusando de su posición dominante.
Esta práctica de "venta a pérdida", hasta ahora sólo sancionada en el ámbito del comercio pero no en el origen, tendrá multas de entre 50.001 y 800.000 euros, que podrán incrementarse si el beneficio obtenido o el perjuicio causado supera estas cifras.
Por otro lado, se incorporan controles para comprobar si las características de un producto vendido por debajo de su precio de mercado se corresponden con lo reflejado en la etiqueta y se ajustan a la normativa vigente. En el caso negativo, a partir de ahora la responsabilidad recaerá, además de en el vendedor, en el operador.
Como infracciones muy graves se tipifican también las amenazas y agresiones a los empleados públicos encargados de las inspecciones, que por primera vez tendrán consideración de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
El anteproyecto de ley abre la posibilidad de que, en casos de riesgo o daño para los intereses económicos del sector agroalimentario y de infracciones graves o muy graves, se publique un listado de sanciones y de infractores y marcas comerciales.
En la misma línea, se prevé la creación del Foro de la Cadena Agroalimentaria, que estará integrado por representantes de los sectores productor, transformador, comercializador y de la distribución. Este órgano de participación y asesoramiento se encargará, entre otras funciones, de elaborar códigos de buenas prácticas sobre la materia.
Reconocimiento profesional
Otra de las novedades del anteproyecto es la elaboración del Estatuto de las Personas Agricultoras y Empresarias Agroindustriales, que incidirá en el reconocimiento social y legal de los profesionales del sector como generadores de empleo y riqueza y protagonistas de la defensa del patrimonio natural. Este documento establecerá deberes como los de no infrautilizar el suelo agrario, gestionar adecuadamente los residuos y llevar a cabo las buenas prácticas en todas las explotaciones, no sólo en las receptoras de ayudas de la Unión Europea.
La interlocución con el sector se reforzará a través de la creación de dos nuevos órganos: el Consejo Asesor Agrario de Andalucía, integrado por las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) y la federación de cooperativas agroalimentarias más representativas, y el Consejo Agroalimentario Andaluz, en el que además de las OPAS y cooperativas, estarán sindicatos y organizaciones empresariales, ambientales y de trabajo autónomo, distribución, consumidores y mujeres.
En el capítulo de seguridad y calidad agroalimentaria, los productos deberán llevar un documento de acompañamiento durante su transporte, emitido por explotaciones y empresas para facilitar su seguimiento y control de trazabilidad, así como para contribuir a evitar robos y fraude. Además, los operadores estarán legalmente obligados a comunicar todos aquellos fraudes, falsificaciones y adulteraciones que detecten, así como a retirar del mercado los productos que no cumplan con la normativa en materia de calidad.
Para agilizar la actuación en situaciones de alarma o emergencia de sanidad vegetal, animal o con riesgo para la salud pública, se establece un nuevo protocolo que incluye desde la adquisición urgente de vacunas para prevención de enfermedades hasta la contratación rápida de personal laboral temporal.
Función social
En relación con la función social de la cadena alimentaria, la futura ley será pionera en España al sentar las bases de los reglamentos que obligarán a superficies comerciales, industrias agroalimentarias y otros establecimientos a recuperar y entregar el excedente a organizaciones humanitarias para su distribución, o bien destinarlo a compostaje u otros tipos de reutilización e integración en procesos de economía circular. Asimismo, las industrias deberán elaborar planes para reducir los desechos alimentarios.
La normativa también contará con instrumentos como la Declaración de Zona de Protección Agraria, una figura de ordenación del territorio orientada a la preservación de espacios donde la actividad tenga una gran relevancia ambiental o social.
Explotaciones
El texto define un amplio grupo de explotaciones de atención preferente para la aplicación de incentivos. Además de las consideradas actualmente como prioritarias, se incluyen las familiares que cumplan determinados requisitos y las de reducidas dimensiones pero orientadas a la gestión en común.
Asimismo, se regula la figura de los Planes de Ordenación de Explotaciones para el desarrollo de obras de mejora conjuntas tanto de infraestructuras físicas como de aprovechamiento de recursos. En el caso de proyectos públicos de especial relevancia, se prevé la declaración de actuaciones agrarias de interés autonómico. Estas intervenciones no estarán sometidas a licencia urbanística ni a otros actos de control preventivo que establecen las administraciones locales.
En cuanto a las tierras de titularidad pública autonómica, el proyecto prevé su posible enajenación y establece un procedimiento general para garantizar la igualdad, concurrencia y publicidad en la adjudicación, priorizando el acceso a personas jóvenes, desempleados agrarios, administraciones locales y entidades sin ánimo de lucro con proyectos de economía social. Actualmente, la Junta dispone de unas 5.000 hectáreas.
Asimismo, otra de las novedades de la nueva Ley de Agricultura es la creación del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía, que contribuirá a mejorar la seguridad alimentaria y la sanidad animal y vegetal, así como a luchar contra el fraude.
El anteproyecto dispone también la elaboración de la Estrategia para el Conocimiento, Investigación, Desarrollo e Innovación del Sector Agrario y Agroalimentario, y la creación del Foro Andaluz de Innovación Agroalimentaria como órgano de participación y asesoramiento.
Finalmente, el texto modificará la Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, para que la Administración autonómica pueda intervenir en los Consejos Reguladores en casos graves o reiterados de incumplimiento de sus funciones, y la Ley de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, con el objetivo de incluir a la distribución comercial en estas entidades.
El sector agrario andaluz, con más de 240.000 explotaciones, contribuye al PIB andaluz con más de 9.200 millones de euros de valor añadido y 250.000 trabajadores. Destaca la industria agroalimentaria, con más de 5.500 empresas que acaparan el 27,3 por ciento del empleo y el 29,8 por ciento de valor añadido del sector industrial manufacturero en la comunidad autónoma (datos de 2015). Aceites, frutas, hortalizas, bebidas alcohólicas, carnes y leches son sus principales productos.
La agroindustria andaluza es, tras la catalana, la segunda más importante de España en términos de valor añadido. Lidera el 'ranking' nacional en número de empresas y constituye el motor económico de numerosas comarcas rurales. Sus ventas al extranjero, más de 8.872 millones de euros anuales, suponen uno de los principales capítulos del comercio exterior de la comunidad.
Entre otras novedades, el texto incluye disposiciones contra las prácticas comerciales abusivas; un régimen de protección del uso agrario en las zonas donde esta actividad es relevante por su función social o ambiental; el reconocimiento de los profesionales a través del Estatuto de las Personas Agricultoras y Ganaderas, y la introducción de medidas de aprovechamiento de excedentes alimentarios para fines sociales, obligando a industrias y establecimientos a su donación o reutilización.
Para contribuir a evitar las prácticas abusivas, el anteproyecto incrementa las competencias de control y sanción relacionadas con la cadena agroalimentaria. Por un lado, fija como infracción muy grave la compra de productos perecederos por debajo del coste de producción que pueda realizar un operador –mayorista o cadena de distribución– abusando de su posición dominante.
Esta práctica de "venta a pérdida", hasta ahora sólo sancionada en el ámbito del comercio pero no en el origen, tendrá multas de entre 50.001 y 800.000 euros, que podrán incrementarse si el beneficio obtenido o el perjuicio causado supera estas cifras.
Por otro lado, se incorporan controles para comprobar si las características de un producto vendido por debajo de su precio de mercado se corresponden con lo reflejado en la etiqueta y se ajustan a la normativa vigente. En el caso negativo, a partir de ahora la responsabilidad recaerá, además de en el vendedor, en el operador.
Como infracciones muy graves se tipifican también las amenazas y agresiones a los empleados públicos encargados de las inspecciones, que por primera vez tendrán consideración de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
El anteproyecto de ley abre la posibilidad de que, en casos de riesgo o daño para los intereses económicos del sector agroalimentario y de infracciones graves o muy graves, se publique un listado de sanciones y de infractores y marcas comerciales.
En la misma línea, se prevé la creación del Foro de la Cadena Agroalimentaria, que estará integrado por representantes de los sectores productor, transformador, comercializador y de la distribución. Este órgano de participación y asesoramiento se encargará, entre otras funciones, de elaborar códigos de buenas prácticas sobre la materia.
Reconocimiento profesional
Otra de las novedades del anteproyecto es la elaboración del Estatuto de las Personas Agricultoras y Empresarias Agroindustriales, que incidirá en el reconocimiento social y legal de los profesionales del sector como generadores de empleo y riqueza y protagonistas de la defensa del patrimonio natural. Este documento establecerá deberes como los de no infrautilizar el suelo agrario, gestionar adecuadamente los residuos y llevar a cabo las buenas prácticas en todas las explotaciones, no sólo en las receptoras de ayudas de la Unión Europea.
La interlocución con el sector se reforzará a través de la creación de dos nuevos órganos: el Consejo Asesor Agrario de Andalucía, integrado por las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) y la federación de cooperativas agroalimentarias más representativas, y el Consejo Agroalimentario Andaluz, en el que además de las OPAS y cooperativas, estarán sindicatos y organizaciones empresariales, ambientales y de trabajo autónomo, distribución, consumidores y mujeres.
En el capítulo de seguridad y calidad agroalimentaria, los productos deberán llevar un documento de acompañamiento durante su transporte, emitido por explotaciones y empresas para facilitar su seguimiento y control de trazabilidad, así como para contribuir a evitar robos y fraude. Además, los operadores estarán legalmente obligados a comunicar todos aquellos fraudes, falsificaciones y adulteraciones que detecten, así como a retirar del mercado los productos que no cumplan con la normativa en materia de calidad.
Para agilizar la actuación en situaciones de alarma o emergencia de sanidad vegetal, animal o con riesgo para la salud pública, se establece un nuevo protocolo que incluye desde la adquisición urgente de vacunas para prevención de enfermedades hasta la contratación rápida de personal laboral temporal.
Función social
En relación con la función social de la cadena alimentaria, la futura ley será pionera en España al sentar las bases de los reglamentos que obligarán a superficies comerciales, industrias agroalimentarias y otros establecimientos a recuperar y entregar el excedente a organizaciones humanitarias para su distribución, o bien destinarlo a compostaje u otros tipos de reutilización e integración en procesos de economía circular. Asimismo, las industrias deberán elaborar planes para reducir los desechos alimentarios.
La normativa también contará con instrumentos como la Declaración de Zona de Protección Agraria, una figura de ordenación del territorio orientada a la preservación de espacios donde la actividad tenga una gran relevancia ambiental o social.
Explotaciones
El texto define un amplio grupo de explotaciones de atención preferente para la aplicación de incentivos. Además de las consideradas actualmente como prioritarias, se incluyen las familiares que cumplan determinados requisitos y las de reducidas dimensiones pero orientadas a la gestión en común.
Asimismo, se regula la figura de los Planes de Ordenación de Explotaciones para el desarrollo de obras de mejora conjuntas tanto de infraestructuras físicas como de aprovechamiento de recursos. En el caso de proyectos públicos de especial relevancia, se prevé la declaración de actuaciones agrarias de interés autonómico. Estas intervenciones no estarán sometidas a licencia urbanística ni a otros actos de control preventivo que establecen las administraciones locales.
En cuanto a las tierras de titularidad pública autonómica, el proyecto prevé su posible enajenación y establece un procedimiento general para garantizar la igualdad, concurrencia y publicidad en la adjudicación, priorizando el acceso a personas jóvenes, desempleados agrarios, administraciones locales y entidades sin ánimo de lucro con proyectos de economía social. Actualmente, la Junta dispone de unas 5.000 hectáreas.
Asimismo, otra de las novedades de la nueva Ley de Agricultura es la creación del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía, que contribuirá a mejorar la seguridad alimentaria y la sanidad animal y vegetal, así como a luchar contra el fraude.
El anteproyecto dispone también la elaboración de la Estrategia para el Conocimiento, Investigación, Desarrollo e Innovación del Sector Agrario y Agroalimentario, y la creación del Foro Andaluz de Innovación Agroalimentaria como órgano de participación y asesoramiento.
Finalmente, el texto modificará la Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, para que la Administración autonómica pueda intervenir en los Consejos Reguladores en casos graves o reiterados de incumplimiento de sus funciones, y la Ley de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, con el objetivo de incluir a la distribución comercial en estas entidades.
El sector agrario andaluz, con más de 240.000 explotaciones, contribuye al PIB andaluz con más de 9.200 millones de euros de valor añadido y 250.000 trabajadores. Destaca la industria agroalimentaria, con más de 5.500 empresas que acaparan el 27,3 por ciento del empleo y el 29,8 por ciento de valor añadido del sector industrial manufacturero en la comunidad autónoma (datos de 2015). Aceites, frutas, hortalizas, bebidas alcohólicas, carnes y leches son sus principales productos.
La agroindustria andaluza es, tras la catalana, la segunda más importante de España en términos de valor añadido. Lidera el 'ranking' nacional en número de empresas y constituye el motor económico de numerosas comarcas rurales. Sus ventas al extranjero, más de 8.872 millones de euros anuales, suponen uno de los principales capítulos del comercio exterior de la comunidad.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
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