La nueva Ley Andaluza de Voluntariado regulará la participación de los menores a partir de los 12 años, y reconocerá modalidades no presenciales vinculadas a las nuevas tecnologías. Así se recoge en el anteproyecto de la norma sobre esta materia, que sustituirá a la vigente desde 2001 y cuya tramitación aprobó esta semana el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
El anteproyecto –que abarca todo el abanico de la actividad solidaria, desde la más centrada en lo asistencial hasta la que desarrolla propuestas más transformadoras de incidencia económica, política o cultural– pretende adaptarse a la realidad actual del movimiento voluntario, que con 400.000 personas y más de 2.700 asociaciones inscritas se ha convertido en un sector clave para la cohesión social de la comunidad autónoma.
De este modo, reconocerá modalidades en auge pero no reguladas en la legislación actual, como las que se desarrollan en los ámbitos universitario y empresarial, las que se centran en actividades limitadas temporalmente o las que se promueven en entornos virtuales que no requieren la presencia física en las entidades.
En relación con las personas menores, el anteproyecto prevé como novedad una serie de medidas para fomentar el contacto con iniciativas solidarias tanto en la escuela como en contextos de aprendizaje más informales, como los espacios de participación juvenil, dado que estas experiencias a edad temprana son fundamentales para mantener una actividad voluntaria a lo largo de toda la vida.
En línea con esta ampliación del ámbito, el texto aprobado por el Consejo de Gobierno incorpora también disposiciones dirigidas a favorecer el acceso de las personas con discapacidad, las mayores y las que están en situación de dependencia.
Respecto a las nuevas modalidades que serán reguladas por primera vez, el proyecto establece cauces para reforzar los vínculos entre las iniciativas emergentes ciudadanas, como plataformas cívicas o movimientos vecinales, y el movimiento voluntario más organizado. Se reconoce así la importancia que estas actividades presentan como vías de acceso al ámbito de la acción solidaria.
Tratamiento similar reciben en el anteproyecto las modalidades telemáticas de participación, de tal modo que el voluntariado digital se reconoce en idénticas condiciones que el resto de actividades de carácter presencial. El texto considera el rol de internet en una doble vertiente: como herramienta para acciones de cibervoluntariado y como espacio de colaboración para las entidades.
Para completar la delimitación del ámbito del voluntariado con una mayor concreción que la ley vigente, el anteproyecto añade las exclusiones de las prácticas no laborales en empresas, las prácticas académicas externas, los trabajos de colaboración social, las becas y las actividades cuyo objetivo principal sea la formación.
Además, como novedad destacada, la futura ley también impedirá que la acción voluntaria organizada sea causa justificativa de la extinción de contratos de trabajo por cuenta ajena, tanto en el sector público como en el privado.
Asimismo, recoge la previsión de establecer, a través de la negociación colectiva, mecanismos de flexibilización de la jornada laboral que permitan a los trabajadores por cuenta ajena participar en actividades de voluntariado. Las actividades solidarias tampoco podrán sustituir a las administraciones públicas en aquellas funciones o servicios públicos a cuya prestación estén legalmente obligadas.
De esta forma, el nuevo texto regula los derechos y deberes tanto de las personas voluntarias como de las destinatarias, de tal modo que a estas últimas se les reconoce el poder de decisión sobre las acciones que desean recibir de las entidades.
Igualmente novedosa es la introducción de un sistema objetivo de reconocimiento de las competencias adquiridas por la persona voluntaria en el desarrollo de su actividad, de acuerdo con la normativa general de acreditación de las mismas por experiencia laboral o por vías no formales de aprendizaje.
El anteproyecto –que abarca todo el abanico de la actividad solidaria, desde la más centrada en lo asistencial hasta la que desarrolla propuestas más transformadoras de incidencia económica, política o cultural– pretende adaptarse a la realidad actual del movimiento voluntario, que con 400.000 personas y más de 2.700 asociaciones inscritas se ha convertido en un sector clave para la cohesión social de la comunidad autónoma.
De este modo, reconocerá modalidades en auge pero no reguladas en la legislación actual, como las que se desarrollan en los ámbitos universitario y empresarial, las que se centran en actividades limitadas temporalmente o las que se promueven en entornos virtuales que no requieren la presencia física en las entidades.
En relación con las personas menores, el anteproyecto prevé como novedad una serie de medidas para fomentar el contacto con iniciativas solidarias tanto en la escuela como en contextos de aprendizaje más informales, como los espacios de participación juvenil, dado que estas experiencias a edad temprana son fundamentales para mantener una actividad voluntaria a lo largo de toda la vida.
En línea con esta ampliación del ámbito, el texto aprobado por el Consejo de Gobierno incorpora también disposiciones dirigidas a favorecer el acceso de las personas con discapacidad, las mayores y las que están en situación de dependencia.
Respecto a las nuevas modalidades que serán reguladas por primera vez, el proyecto establece cauces para reforzar los vínculos entre las iniciativas emergentes ciudadanas, como plataformas cívicas o movimientos vecinales, y el movimiento voluntario más organizado. Se reconoce así la importancia que estas actividades presentan como vías de acceso al ámbito de la acción solidaria.
Tratamiento similar reciben en el anteproyecto las modalidades telemáticas de participación, de tal modo que el voluntariado digital se reconoce en idénticas condiciones que el resto de actividades de carácter presencial. El texto considera el rol de internet en una doble vertiente: como herramienta para acciones de cibervoluntariado y como espacio de colaboración para las entidades.
Para completar la delimitación del ámbito del voluntariado con una mayor concreción que la ley vigente, el anteproyecto añade las exclusiones de las prácticas no laborales en empresas, las prácticas académicas externas, los trabajos de colaboración social, las becas y las actividades cuyo objetivo principal sea la formación.
Además, como novedad destacada, la futura ley también impedirá que la acción voluntaria organizada sea causa justificativa de la extinción de contratos de trabajo por cuenta ajena, tanto en el sector público como en el privado.
Asimismo, recoge la previsión de establecer, a través de la negociación colectiva, mecanismos de flexibilización de la jornada laboral que permitan a los trabajadores por cuenta ajena participar en actividades de voluntariado. Las actividades solidarias tampoco podrán sustituir a las administraciones públicas en aquellas funciones o servicios públicos a cuya prestación estén legalmente obligadas.
De esta forma, el nuevo texto regula los derechos y deberes tanto de las personas voluntarias como de las destinatarias, de tal modo que a estas últimas se les reconoce el poder de decisión sobre las acciones que desean recibir de las entidades.
Igualmente novedosa es la introducción de un sistema objetivo de reconocimiento de las competencias adquiridas por la persona voluntaria en el desarrollo de su actividad, de acuerdo con la normativa general de acreditación de las mismas por experiencia laboral o por vías no formales de aprendizaje.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
