El Servicio Andaluz de Salud (SAS), organismo autónomo dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, encargado de gestionar la asistencia sanitaria a la población de la Comunidad Autónoma, presenta una “salud” delicada. Está con las “defensas” bajas, por lo que no es capaz de reaccionar como es debido, ni con necesaria celeridad, a los males que lo aquejan. Nunca ha gozado de una salud de hierro, pero en los últimos años ha padecido tantos achaques que hoy puede considerarse que su salud es mala, sin paliativos.
Y, claro, ese estado le pasa factura, aunque intente “tirar para adelante” como pueda, abusando de su cuerpo (recursos humanos), al que tiene completamente agotado y al borde del desfallecimiento, y ayudándose de prótesis (fusiones) y estimulantes (recuperación de las 35 horas semanales) que palían los síntomas, pero no curan. Lo más grave es que se ha errado en el diagnóstico y, a estas alturas, el estado de salud del Servicio Sanitario Público Andaluz ofrece signos de colapso.
Para empezar, las “prótesis” eran innecesarias. Aquellas fusiones, que ya criticamos en su momento, no han hecho otra cosa que empeorar su estado general. Ni han posibilitado la unidad o la potenciación de los equipos médicos y asistenciales ni han logrado un ahorro significativo, aunque formalmente pareciera que dicha unificación de servicios se acometía con el beneplácito de los implicados.
Más bien respondía al obligado acatamiento de órdenes en una empresa jerarquizada, que tiene reglamentada una escala de sanciones para cualquier tipo de desobediencias y faltas. Fueron fusiones logradas por obediencia debida, no por convencimiento del personal.
Con todo, los ciudadanos no evidenciaron como usuarios las supuestas “mejoras” que la nueva organización funcional debía ofrecer, y se han revelado, temerosos de que su salud, como la del SAS, también se viera perjudicada. Ya habíamos advertido de que las fusiones respondían antes a un propósito empresarial por reducir costes y personal que al deseo de aumentar la calidad en la prestación sanitaria a la población.
Por eso, ha pasado lo que ha pasado: las manifestaciones en contra de las fusiones se han multiplicado por casi todas las capitales de provincia de la región hasta lograr paralizarlas y hacer que los responsables directos, en el SAS que las diseñó y en las gerencias de los hospitales que las aplicaron, dimitan.
Pero dimiten porque la situación de debilidad del Gobierno de la Junta de Andalucía no aconseja enfrentarse a nuevos problemas, a pesar de su convencimiento en la bondad “económica” de las fusiones. Esa es la razón que motiva la desconfianza en los promotores de esas marchas multitudinarias, a pesar de su éxito. Exigen acuerdos por escrito y compromisos para recuperar hospitales, servicios y personal como existía antes de las fusiones, sin merma ni trampas.
Esta situación de alarma social se suma al deterioro de la sanidad andaluza, que ha visto reducir el número de camas hospitalarias, la destrucción de puestos de trabajo, ha experimentado el aumento de las listas de espera y aún soporta una crónica insuficiencia en su financiación que la convierte en la que menor presupuesto cuenta por habitante de España.
Entre los recortes que ha impuesto el Estado –obligando a amortizar el 90 por ciento de las jubilaciones, congelando el salario de los empleados públicos y reduciendo drásticamente los “gastos” e inversiones en el sector– y los “cambalaches” del Gobierno andaluz para aparentar la defensa de una sanidad mientras aprovechaba para “corregir” su abultado déficit con una reducción poco camuflada del “gasto” (congelación de nuevas inversiones, cierre de centros de salud o ambulatorios por las tardes, contrataciones “miserables” de personal al 75 por ciento y hasta por horas, eliminación de las horas extras y otras retribuciones complementarias, fraccionamientos en las pagas de productividad y de la extra adicional suprimida en Andalucía, contrataciones leoninas de servicios externalizados que tuvieron como consecuencia una reducción en sus respectivas plantillas –cafeterías, limpieza o ambulancias–), unido a “maniobras” contables para rebajar la inversión real en la sanidad al no agotar las partidas consignadas en los Presupuestos, todo ello provoca el grave deterioro que sufre lo que se consideraba la “joya de la corona” de nuestro renqueante Estado del Bienestar: la sanidad pública, que adolece de una mala salud preocupante, por culpa de una crisis económica y de la mala gestión de sus responsables políticos.
Hay que reconocer, no obstante, que se ha procurado mantener intacta la plantilla del personal fijo e interino, evitando despidos que sí se han producido en otras comunidades, pero se le ha castigado sin sustituciones, peores condiciones laborales, cierta escasez de medios y un maltrato retributivo que ha sido común en todo el funcionariado, como si fuera culpable de generar la crisis.
Aún reconociendo esa “delicadeza” con el personal fijo de la mayor empresa de la Comunidad, cuyo voto es determinante, la gestión de la política sanitaria, con esos chanchullos por reducir gastos, ha sido deplorable, consiguiendo no sólo el rechazo del personal sanitario, lo que ya demuestra la miopía de los gestores, sino de toda la población que se ha echado a la calle, evidenciando algo más grave: el fracaso de una política sanitaria.
Ahora, obligada la enmienda por las marchas, hay que deshacer el camino andado, hay que recuperar lo perdido y volver a fortalecer la sanidad andaluza. No es cuestión de echar palas de dinero al agujero sin fondo de la sanidad, en primer lugar porque no hay dinero para ello, sino de mantener y consumir un porcentaje digno y suficiente de los Presupuestos destinados a la sanidad, sin trucos ni artificios contables.
Hay que dialogar con los profesionales para hacerlos partícipes de la política sanitaria y explicar a los ciudadanos las metas asequibles que se persiguen, que no son otras que las de garantizar su atención con los estándares de calidad y eficiencia a que estaban acostumbrados. Y dejarse de “prótesis” y experimentos con gaseosa de quien no sufre luego las consecuencias de sus errores. Sólo así la salud del SAS se restablecerá y, con ella, la de los ciudadanos. ¿Será ahora posible?
Y, claro, ese estado le pasa factura, aunque intente “tirar para adelante” como pueda, abusando de su cuerpo (recursos humanos), al que tiene completamente agotado y al borde del desfallecimiento, y ayudándose de prótesis (fusiones) y estimulantes (recuperación de las 35 horas semanales) que palían los síntomas, pero no curan. Lo más grave es que se ha errado en el diagnóstico y, a estas alturas, el estado de salud del Servicio Sanitario Público Andaluz ofrece signos de colapso.
Para empezar, las “prótesis” eran innecesarias. Aquellas fusiones, que ya criticamos en su momento, no han hecho otra cosa que empeorar su estado general. Ni han posibilitado la unidad o la potenciación de los equipos médicos y asistenciales ni han logrado un ahorro significativo, aunque formalmente pareciera que dicha unificación de servicios se acometía con el beneplácito de los implicados.
Más bien respondía al obligado acatamiento de órdenes en una empresa jerarquizada, que tiene reglamentada una escala de sanciones para cualquier tipo de desobediencias y faltas. Fueron fusiones logradas por obediencia debida, no por convencimiento del personal.
Con todo, los ciudadanos no evidenciaron como usuarios las supuestas “mejoras” que la nueva organización funcional debía ofrecer, y se han revelado, temerosos de que su salud, como la del SAS, también se viera perjudicada. Ya habíamos advertido de que las fusiones respondían antes a un propósito empresarial por reducir costes y personal que al deseo de aumentar la calidad en la prestación sanitaria a la población.
Por eso, ha pasado lo que ha pasado: las manifestaciones en contra de las fusiones se han multiplicado por casi todas las capitales de provincia de la región hasta lograr paralizarlas y hacer que los responsables directos, en el SAS que las diseñó y en las gerencias de los hospitales que las aplicaron, dimitan.
Pero dimiten porque la situación de debilidad del Gobierno de la Junta de Andalucía no aconseja enfrentarse a nuevos problemas, a pesar de su convencimiento en la bondad “económica” de las fusiones. Esa es la razón que motiva la desconfianza en los promotores de esas marchas multitudinarias, a pesar de su éxito. Exigen acuerdos por escrito y compromisos para recuperar hospitales, servicios y personal como existía antes de las fusiones, sin merma ni trampas.
Esta situación de alarma social se suma al deterioro de la sanidad andaluza, que ha visto reducir el número de camas hospitalarias, la destrucción de puestos de trabajo, ha experimentado el aumento de las listas de espera y aún soporta una crónica insuficiencia en su financiación que la convierte en la que menor presupuesto cuenta por habitante de España.
Entre los recortes que ha impuesto el Estado –obligando a amortizar el 90 por ciento de las jubilaciones, congelando el salario de los empleados públicos y reduciendo drásticamente los “gastos” e inversiones en el sector– y los “cambalaches” del Gobierno andaluz para aparentar la defensa de una sanidad mientras aprovechaba para “corregir” su abultado déficit con una reducción poco camuflada del “gasto” (congelación de nuevas inversiones, cierre de centros de salud o ambulatorios por las tardes, contrataciones “miserables” de personal al 75 por ciento y hasta por horas, eliminación de las horas extras y otras retribuciones complementarias, fraccionamientos en las pagas de productividad y de la extra adicional suprimida en Andalucía, contrataciones leoninas de servicios externalizados que tuvieron como consecuencia una reducción en sus respectivas plantillas –cafeterías, limpieza o ambulancias–), unido a “maniobras” contables para rebajar la inversión real en la sanidad al no agotar las partidas consignadas en los Presupuestos, todo ello provoca el grave deterioro que sufre lo que se consideraba la “joya de la corona” de nuestro renqueante Estado del Bienestar: la sanidad pública, que adolece de una mala salud preocupante, por culpa de una crisis económica y de la mala gestión de sus responsables políticos.
Hay que reconocer, no obstante, que se ha procurado mantener intacta la plantilla del personal fijo e interino, evitando despidos que sí se han producido en otras comunidades, pero se le ha castigado sin sustituciones, peores condiciones laborales, cierta escasez de medios y un maltrato retributivo que ha sido común en todo el funcionariado, como si fuera culpable de generar la crisis.
Aún reconociendo esa “delicadeza” con el personal fijo de la mayor empresa de la Comunidad, cuyo voto es determinante, la gestión de la política sanitaria, con esos chanchullos por reducir gastos, ha sido deplorable, consiguiendo no sólo el rechazo del personal sanitario, lo que ya demuestra la miopía de los gestores, sino de toda la población que se ha echado a la calle, evidenciando algo más grave: el fracaso de una política sanitaria.
Ahora, obligada la enmienda por las marchas, hay que deshacer el camino andado, hay que recuperar lo perdido y volver a fortalecer la sanidad andaluza. No es cuestión de echar palas de dinero al agujero sin fondo de la sanidad, en primer lugar porque no hay dinero para ello, sino de mantener y consumir un porcentaje digno y suficiente de los Presupuestos destinados a la sanidad, sin trucos ni artificios contables.
Hay que dialogar con los profesionales para hacerlos partícipes de la política sanitaria y explicar a los ciudadanos las metas asequibles que se persiguen, que no son otras que las de garantizar su atención con los estándares de calidad y eficiencia a que estaban acostumbrados. Y dejarse de “prótesis” y experimentos con gaseosa de quien no sufre luego las consecuencias de sus errores. Sólo así la salud del SAS se restablecerá y, con ella, la de los ciudadanos. ¿Será ahora posible?
DANIEL GUERRERO
