El Consejo de Gobierno ha desestimado el recurso de reposición presentado por la entidad Endesa Distribución Eléctrica contra el acuerdo de 13 de septiembre de 2016 que le imponía una sanción de 400.000 euros por introducir cláusulas abusivas en sus contratos de contadores con posibilidad de telegestión y cobrar precio de alquiler por servicios no prestados. Esta infracción, que afectó a más de 350.000 usuarios en Andalucía, está considerada como muy grave por la vigente legislación de defensa de los consumidores.
Una vez analizadas y no aceptadas las alegaciones de la compañía, la sanción que se ratifica incluye también el comiso del beneficio ilícito de 1,39 millones de euros obtenido durante 2014, año durante el que se cometió la infracción.
El procedimiento sancionador se inició en noviembre de 2014 a raíz de una denuncia que señalaba la existencia de un gran número de contadores de telegestión instalados pero que no cumplían su función al no estar integrados en el sistema y, por tanto, no reportaban ninguna ventaja adicional a los tradicionales ni prestaban más servicios.
Pese a ello, la compañía cobraba un precio de alquiler de 0,81 euros/mes, precio aplicable a un equipo telegestionado, por lo que los consumidores pagaban 33 céntimos más de lo que les correspondería, teniendo en cuenta que las prestaciones recibidas eran las mismas que las de un contador analógico.
Tras requerir información y documentación a la distribuidora, la Administración autonómica confirmó la existencia de 351.050 contadores de telegestión no integrados, por los que se estaba cobrando un precio de alquiler abusivo.
La multa se impone en la cuantía más elevada de las previstas para las cláusulas abusivas en contratos, al darse el agravante de reiteración por haber sido ya sancionada la distribuidora en los dos años anteriores y haber ocasionado perjuicios valorados en más de 50.000 euros.
De igual modo, se ha tenido en cuenta que Endesa ha cometido la infracción valiéndose de su situación preeminente en un sector, como el de la distribución eléctrica, que presta un servicio de uso ordinario y generalizado. La compañía cuenta con más de 4,64 millones de abonados en Andalucía, acaparando el 94 por ciento del total.
Una vez analizadas y no aceptadas las alegaciones de la compañía, la sanción que se ratifica incluye también el comiso del beneficio ilícito de 1,39 millones de euros obtenido durante 2014, año durante el que se cometió la infracción.
El procedimiento sancionador se inició en noviembre de 2014 a raíz de una denuncia que señalaba la existencia de un gran número de contadores de telegestión instalados pero que no cumplían su función al no estar integrados en el sistema y, por tanto, no reportaban ninguna ventaja adicional a los tradicionales ni prestaban más servicios.
Pese a ello, la compañía cobraba un precio de alquiler de 0,81 euros/mes, precio aplicable a un equipo telegestionado, por lo que los consumidores pagaban 33 céntimos más de lo que les correspondería, teniendo en cuenta que las prestaciones recibidas eran las mismas que las de un contador analógico.
Tras requerir información y documentación a la distribuidora, la Administración autonómica confirmó la existencia de 351.050 contadores de telegestión no integrados, por los que se estaba cobrando un precio de alquiler abusivo.
La multa se impone en la cuantía más elevada de las previstas para las cláusulas abusivas en contratos, al darse el agravante de reiteración por haber sido ya sancionada la distribuidora en los dos años anteriores y haber ocasionado perjuicios valorados en más de 50.000 euros.
De igual modo, se ha tenido en cuenta que Endesa ha cometido la infracción valiéndose de su situación preeminente en un sector, como el de la distribución eléctrica, que presta un servicio de uso ordinario y generalizado. La compañía cuenta con más de 4,64 millones de abonados en Andalucía, acaparando el 94 por ciento del total.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
