La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el colectivo mayoritario en el seno de la Guardia Civil y que representa a más de 32.000 agentes de todas las escalas, ha demandado la actuación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante los "graves hechos" acontencidos en los últimos días en el seno del Ministerio del Interior.
El colectivo denuncia que el igual que ocurriera el 29 de julio de 2015, cuando el entoces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recibió en la propia sede del Ministerio a quien fuera vicepresidente del Gobierno del Partido Popular, ministro de Economía y presidente de Bankia, Rodrigo Rato, tras haber protagonizado "uno de los casos de mayor alarma social respecto a asuntos de corrupción en nuestro país", ahora ha sido el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el que ha admitido que mantuvo un encuentro con Pablo González, hermano de Ignacio González, ambos implicados en la Operación Lezo.
"Los hechos cobran especial gravedad tras conocerse que los investigados conversaron sobre la posibilidad de mantener este encuentro con el secretario de Estado de Seguridad tras tener conocimiento de que estaban siendo objeto de una investigación en el seno de una operación policial, a la postre la Operación Lezo, llevada por la Guardia Civil, a través de la UCO", denuncia la AUGC.
A juicio de la asociación profesional, "esto supondría que los investigados habrían tenido conocimiento antes de su detención de que estaban siendo investigados, lo que, como es lógico, podría tener consecuencias en el resultado final del proceso".
Para la AUGC, "el hecho de que el secretario de Estado de Seguridad, persona que ostenta un alto grado de responsabilidad y de conocimiento de información sensible en la seguridad pública del Estado, se haya reunido con una persona investigada por unos gravísimos delitos de corrupción, implica unas enormes responsabilidades públicas de las que debe responder el máximo dirigente de Interior, el ministro Juan Ignacio Zoido, pues se trata de un acto oficial y una reunión formal en la propia sede del Ministerio del Interior con una persona que estaba siendo investigada, y posteriormente detenida por la UCO".
Asimismo, la AUGC considera que es el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien debe "actuar" pues, a juicio del colectivo, "el equipo de Zoido parece hacer aguas en un momento tan delicado y ante un caso de corrupción de proporciones descomunales, que está generando un descredito no solo entre la opinión publica en España sino, también, fuera de nuestras fronteras".
Desde la asociación que representa mayoritariamente a los trabajadores de la Guardia Civil han lamentado estos hechos "profundamente" y se han mostrado "nuevamente escandalizados" por la gestión del Ministerio del Interior.
"Al reciente escándalo que saltó a la luz pública cuando se conoció la intención de dotar de un piso de la Guardia Civil al director general de Tráfico, Gregorio Serrano, hemos de añadir ahora un nuevo y bochornoso caso, que denosta la poca preparación para ejercer cargos de tan alta responsabilidad, además de la gravedad propia de los hechos que suponen un menosprecio a las reglas democráticas en España".
Para la AUGC, "es cuando menos insólito que se reciba en sede ministerial a personas investigadas por casos de corrupción política en operaciones llevadas de manera paradójica por la UCO de la Guardia Civil, cuando desde el mismo Ministerio se niegan a recibir a la AUGC, que es la asociación mayoritaria en la Guardia Civil".
Asociación mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil
Con 30.000 afiliados, la AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. No en vano, cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como sindicato clandestino. Su lucha por la democratización y la desmilitarización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España.
El colectivo denuncia que el igual que ocurriera el 29 de julio de 2015, cuando el entoces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recibió en la propia sede del Ministerio a quien fuera vicepresidente del Gobierno del Partido Popular, ministro de Economía y presidente de Bankia, Rodrigo Rato, tras haber protagonizado "uno de los casos de mayor alarma social respecto a asuntos de corrupción en nuestro país", ahora ha sido el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el que ha admitido que mantuvo un encuentro con Pablo González, hermano de Ignacio González, ambos implicados en la Operación Lezo.
"Los hechos cobran especial gravedad tras conocerse que los investigados conversaron sobre la posibilidad de mantener este encuentro con el secretario de Estado de Seguridad tras tener conocimiento de que estaban siendo objeto de una investigación en el seno de una operación policial, a la postre la Operación Lezo, llevada por la Guardia Civil, a través de la UCO", denuncia la AUGC.
A juicio de la asociación profesional, "esto supondría que los investigados habrían tenido conocimiento antes de su detención de que estaban siendo investigados, lo que, como es lógico, podría tener consecuencias en el resultado final del proceso".
Para la AUGC, "el hecho de que el secretario de Estado de Seguridad, persona que ostenta un alto grado de responsabilidad y de conocimiento de información sensible en la seguridad pública del Estado, se haya reunido con una persona investigada por unos gravísimos delitos de corrupción, implica unas enormes responsabilidades públicas de las que debe responder el máximo dirigente de Interior, el ministro Juan Ignacio Zoido, pues se trata de un acto oficial y una reunión formal en la propia sede del Ministerio del Interior con una persona que estaba siendo investigada, y posteriormente detenida por la UCO".
Asimismo, la AUGC considera que es el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien debe "actuar" pues, a juicio del colectivo, "el equipo de Zoido parece hacer aguas en un momento tan delicado y ante un caso de corrupción de proporciones descomunales, que está generando un descredito no solo entre la opinión publica en España sino, también, fuera de nuestras fronteras".
Desde la asociación que representa mayoritariamente a los trabajadores de la Guardia Civil han lamentado estos hechos "profundamente" y se han mostrado "nuevamente escandalizados" por la gestión del Ministerio del Interior.
"Al reciente escándalo que saltó a la luz pública cuando se conoció la intención de dotar de un piso de la Guardia Civil al director general de Tráfico, Gregorio Serrano, hemos de añadir ahora un nuevo y bochornoso caso, que denosta la poca preparación para ejercer cargos de tan alta responsabilidad, además de la gravedad propia de los hechos que suponen un menosprecio a las reglas democráticas en España".
Para la AUGC, "es cuando menos insólito que se reciba en sede ministerial a personas investigadas por casos de corrupción política en operaciones llevadas de manera paradójica por la UCO de la Guardia Civil, cuando desde el mismo Ministerio se niegan a recibir a la AUGC, que es la asociación mayoritaria en la Guardia Civil".
Asociación mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil
Con 30.000 afiliados, la AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. No en vano, cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como sindicato clandestino. Su lucha por la democratización y la desmilitarización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO
FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO
