El Consejo de Gobierno ha aprobado el I Plan Andaluz de Atención Integral a Personas Menores de seis años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla, con un presupuesto total de 800 millones de euros para el periodo 2017-2020. Andalucía se convierte así en la primera comunidad autónoma que pone en marcha una estrategia en esta materia, de acuerdo con lo previsto en la Ley estatal de Atención a la Dependencia.
Respecto a esta norma, el plan incorpora como novedad el incremento de la edad de los destinatarios de tres a seis años por coherencia con las políticas que ya desarrolla la Junta para este colectivo en los ámbitos educativo, sanitario y de servicios sociales, con el objetivo de promover la autonomía personal y facilitar la inclusión familiar, escolar y social. Las inversiones previstas serán aportadas tanto por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales como por las de Educación; Salud, y Fomento y Vivienda.
El documento contiene nueve líneas de actuación, 19 objetivos específicos y 104 acciones dirigidas a los menores en situación de dependencia o discapacidad, a los usuarios de los centros de atención infantil temprana y a los que presentan necesidades educativas especiales. También se recogen intervenciones específicas para mujeres embarazadas, asociaciones, personas cuidadoras y profesionales de la salud, la educación y los servicios sociales.
Entre otras actuaciones, el plan incluye medidas de prevención entre las que destacan el acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación, y la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y reproductiva para evitar embarazos no deseados.
Además, se implantará tanto el proceso asistencial integrado de la persona recién nacida para la identificación de factores de riesgo neurosensorial, biológico, psicológico y sociofamiliar, como protocolos para la promoción de entornos familiares estables.
En caso de que se detecte un trastorno en el desarrollo de los menores, se asegura una intervención temprana que posibilite su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal. Además, se prioriza a esta población en la valoración de las situaciones de discapacidad y dependencia y en la intervención y atención en los casos que lo requieran.
Igualmente, se garantiza la adaptación del funcionamiento de los Centros de Atención infantil Temprana para que sus horarios sean compatibles con los escolares y laborales de la familia, así como la atención educativa domiciliaria al alumnado que por motivos de salud no pueda asistir a la escuela.
En cuanto a las prestaciones y servicios, se mejorará la atención de las necesidades de ayuda a domicilio y, en su caso, las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar cuando exista dependencia reconocida. Asimismo, se fijan programas de respiro familiar y actuaciones que contribuyan a prevenir la sobrecarga y el desgaste psicológico, físico y emocional de las personas cuidadoras.
La nueva estrategia recoge también la priorización en el acceso a ayudas públicas de servicios sociales, educativas o de rehabilitación de viviendas; la mejora de la atención que recibe el alumnado con necesidades especiales de las escuelas infantiles de Primer Ciclo en coordinación con los centros de atención temprana, o la realización de planes de intervención individualizados.
El plan aprobado también incluye la realización de campañas divulgativas sobre los recursos existentes; la creación de un portal web informativo; el fomento de la protección de las mujeres embarazadas frente a riesgos laborales y medioambientales que puedan influir negativamente sobre la gestación, el parto o salud del menor, o la elaboración de guías especializadas para profesionales. Por otra parte, se desarrollarán proyectos de investigación y estudios sobre la situación y necesidades de los menores de seis años con discapacidad en población desfavorecida.
La elaboración del plan ha contado con la participación de más de 50 profesionales y personas expertas de entidades como el Comité Andaluz de Representantes de Personas con Discapacidad; la Asociación Interprofesional de Atención Temprana de Andalucía, o el Observatorio de la Infancia. Para facilitar la coordinación, está prevista la elaboración de protocolos sencillos y eficaces entre los sistemas sanitario, social y educativo.
Según los datos de los Centros de Valoración y Orientación de personas con discapacidad de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en Andalucía hay 4.168 personas menores de 6 años (2.668 niños y 1.500 niñas) que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento (49 por ciento psíquica, 26,7 por ciento mixta, 17,8 por ciento física y 6,5 por ciento sensorial a marzo de 2017).
Respecto al ámbito educativo infantil, durante el curso 2015/16 un total de 6.680 menores de 6 años (4.678 niños y 2.002 niñas) han presentado necesidades educativas especiales. De ellos, 168 estaban escolarizados en centros de educación especial. Por su parte, el Sistema de Información de Atención Temprana registró a 19.690 menores (13.271 niños y 6.419 niñas) de julio de 2015 a junio de 2016.
Respecto a esta norma, el plan incorpora como novedad el incremento de la edad de los destinatarios de tres a seis años por coherencia con las políticas que ya desarrolla la Junta para este colectivo en los ámbitos educativo, sanitario y de servicios sociales, con el objetivo de promover la autonomía personal y facilitar la inclusión familiar, escolar y social. Las inversiones previstas serán aportadas tanto por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales como por las de Educación; Salud, y Fomento y Vivienda.
El documento contiene nueve líneas de actuación, 19 objetivos específicos y 104 acciones dirigidas a los menores en situación de dependencia o discapacidad, a los usuarios de los centros de atención infantil temprana y a los que presentan necesidades educativas especiales. También se recogen intervenciones específicas para mujeres embarazadas, asociaciones, personas cuidadoras y profesionales de la salud, la educación y los servicios sociales.
Entre otras actuaciones, el plan incluye medidas de prevención entre las que destacan el acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación, y la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y reproductiva para evitar embarazos no deseados.
Además, se implantará tanto el proceso asistencial integrado de la persona recién nacida para la identificación de factores de riesgo neurosensorial, biológico, psicológico y sociofamiliar, como protocolos para la promoción de entornos familiares estables.
En caso de que se detecte un trastorno en el desarrollo de los menores, se asegura una intervención temprana que posibilite su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal. Además, se prioriza a esta población en la valoración de las situaciones de discapacidad y dependencia y en la intervención y atención en los casos que lo requieran.
Igualmente, se garantiza la adaptación del funcionamiento de los Centros de Atención infantil Temprana para que sus horarios sean compatibles con los escolares y laborales de la familia, así como la atención educativa domiciliaria al alumnado que por motivos de salud no pueda asistir a la escuela.
En cuanto a las prestaciones y servicios, se mejorará la atención de las necesidades de ayuda a domicilio y, en su caso, las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar cuando exista dependencia reconocida. Asimismo, se fijan programas de respiro familiar y actuaciones que contribuyan a prevenir la sobrecarga y el desgaste psicológico, físico y emocional de las personas cuidadoras.
La nueva estrategia recoge también la priorización en el acceso a ayudas públicas de servicios sociales, educativas o de rehabilitación de viviendas; la mejora de la atención que recibe el alumnado con necesidades especiales de las escuelas infantiles de Primer Ciclo en coordinación con los centros de atención temprana, o la realización de planes de intervención individualizados.
El plan aprobado también incluye la realización de campañas divulgativas sobre los recursos existentes; la creación de un portal web informativo; el fomento de la protección de las mujeres embarazadas frente a riesgos laborales y medioambientales que puedan influir negativamente sobre la gestación, el parto o salud del menor, o la elaboración de guías especializadas para profesionales. Por otra parte, se desarrollarán proyectos de investigación y estudios sobre la situación y necesidades de los menores de seis años con discapacidad en población desfavorecida.
La elaboración del plan ha contado con la participación de más de 50 profesionales y personas expertas de entidades como el Comité Andaluz de Representantes de Personas con Discapacidad; la Asociación Interprofesional de Atención Temprana de Andalucía, o el Observatorio de la Infancia. Para facilitar la coordinación, está prevista la elaboración de protocolos sencillos y eficaces entre los sistemas sanitario, social y educativo.
Según los datos de los Centros de Valoración y Orientación de personas con discapacidad de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en Andalucía hay 4.168 personas menores de 6 años (2.668 niños y 1.500 niñas) que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento (49 por ciento psíquica, 26,7 por ciento mixta, 17,8 por ciento física y 6,5 por ciento sensorial a marzo de 2017).
Respecto al ámbito educativo infantil, durante el curso 2015/16 un total de 6.680 menores de 6 años (4.678 niños y 2.002 niñas) han presentado necesidades educativas especiales. De ellos, 168 estaban escolarizados en centros de educación especial. Por su parte, el Sistema de Información de Atención Temprana registró a 19.690 menores (13.271 niños y 6.419 niñas) de julio de 2015 a junio de 2016.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
