Andalucía ha incorporado a cerca de 9.000 personas tras la puesta en marcha del plan para reforzar el sistema de dependencia, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de marzo para mitigar los efectos de los recortes del Ejecutivo central en materia de dependencia, avanzar en la atención de las personas sin prestación reconocida y reducir los tiempos de respuesta.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, señaló en comisión parlamentaria que esta medida ha permitido que esas cerca de 9.000 personas cuenten con más de 10.500 prestaciones.
De este modo, la nueva estrategia, de carácter anual y con un presupuesto de 25 millones de euros, (ya incluidos en las cuentas de la Junta para 2017), permitirá este año incorporar a 76.400 personas, lo que supone atender en Andalucía a más de 234.000 personas en situación de dependencia a finales de este año.
Sánchez Rubio subrayó que la Junta de Andalucía se ha visto obligada a poner en marcha este Plan en materia de dependencia "tras los numerosos recortes llevados a cabo por la Administración central, que han supuesto que Andalucía deje de recibir 625 millones de euros desde 2012, además de otros 16 millones por el pago de la teleasistencia avanzada, lo que habría permitido atender a 105.000 personas más".
"La Junta de Andalucía está exigiendo que el Gobierno central cubra el 50 por ciento de esta atención, frente a la situación actual, que vulnera la ley y en la que Andalucía afronta el 80 por ciento de la prestación y el Ejecutivo central lo hace con el 20 por ciento restante", recordó la consejera.
El plan cuenta con tres bloques de medidas, referentes a agilización de procedimientos, ampliación de supuestos de excepcionalidad y mejora de la atención a las personas con dependencia moderada. En el primero de estos ámbitos, el plan refuerza la colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para mejorar y agilizar la respuesta en los procesos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, dado que los ayuntamientos son la puerta de entrada al sistema a través de los servicios sociales comunitarios.
"Del mismo modo, se está trabajando para la implantación de la Historia Social Única Electrónica, que es una de las iniciativas más novedosas previstas en la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía y que simplificará la gestión de los servicios y las prestaciones y facilitará los trámites a las personas beneficiarias", resaltó Sánchez Rubio.
El segundo de los bloques amplía y define los nuevos supuestos de excepcionalidad en el acceso a la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales. "Se incorporan así los menores de 21 años en etapa escolar; las personas con enfermedad mental que permanecen con la familia, y aquellas con necesidades especiales para las que el servicio de ayuda a domicilio o de centro de día resultan insuficientes y para las que la atención residencial se desaconseja por los servicios sociales comunitarios", señaló.
Finalmente, el plan avanza en la incorporación al sistema de las personas con dependencia moderada reconocida. De este modo, se reforzarán las medidas comprometidas en el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 2016-2020, y se ampliará la utilización de la red de Centros de Participación Activa de la Junta.
Entre otras acciones, destaca el reconocimiento del Servicio de Teleasistencia Avanzada como la prestación principal, en lugar de complementaria, para las personas con dependencia moderada. Esta ayuda permite la detección de situaciones de riesgo mediante el uso de dispositivos periféricos en el hogar; facilita la atención fuera del domicilio; favorece la actuación de los servicios de urgencias y emergencias sanitarias, y tramita con mayor agilidad las citas médicas y consejos sanitarios a través de la integración en la plataforma de asistencia del 061 y Salud Responde.
"También, y dentro de este tercer bloque de medidas, se potenciará la utilización de la red de Centros de Participación Activa de Andalucía para los servicios de promoción de la autonomía personal y promoción de la dependencia", informó Sánchez Rubio.
Además, como parte de estas medidas, se ha publicado la Orden por la que se establece el marco de colaboración con las Corporaciones Locales para la prestación de los servicios de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia a personas reconocidas en grado I.
Financiación
Sánchez Rubio denunció que en el conjunto de España, las restricciones han supuesto la pérdida de 2.800 millones de euros, así como la eliminación de la cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras en el entorno familiar. "Ello provoca grandes desequilibrios en las finanzas de las comunidades autónomas, obligadas a asumir la mayor parte del esfuerzo para evitar que el sistema de atención a la dependencia sea incapaz de cumplir los fines para los que fue creado en 2006", lamentó.
En el presupuesto autonómico de 2017 se consignan 1.188 millones de euros, un 2,5 por ciento más que en 2016, para el desarrollo de esta norma, cantidad similar a la que el Gobierno destina para toda España (1.250 millones). El compromiso de la Administración andaluza es que el incremento continúe hasta alcanzar el 10 por ciento acumulado a lo largo de la legislatura.
La aportación económica de la Junta ha permitido garantizar la estabilidad de 45.500 empleos desde la implantación del sistema (18.000 de ellos correspondientes a la ayuda a domicilio). Durante los diez años de desarrollo de la Ley de Dependencia, la Junta ha invertido más de 10.000 millones de euros en la atención de 371.600 personas, que se han beneficiado de 488.300 prestaciones.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, señaló en comisión parlamentaria que esta medida ha permitido que esas cerca de 9.000 personas cuenten con más de 10.500 prestaciones.
De este modo, la nueva estrategia, de carácter anual y con un presupuesto de 25 millones de euros, (ya incluidos en las cuentas de la Junta para 2017), permitirá este año incorporar a 76.400 personas, lo que supone atender en Andalucía a más de 234.000 personas en situación de dependencia a finales de este año.
Sánchez Rubio subrayó que la Junta de Andalucía se ha visto obligada a poner en marcha este Plan en materia de dependencia "tras los numerosos recortes llevados a cabo por la Administración central, que han supuesto que Andalucía deje de recibir 625 millones de euros desde 2012, además de otros 16 millones por el pago de la teleasistencia avanzada, lo que habría permitido atender a 105.000 personas más".
"La Junta de Andalucía está exigiendo que el Gobierno central cubra el 50 por ciento de esta atención, frente a la situación actual, que vulnera la ley y en la que Andalucía afronta el 80 por ciento de la prestación y el Ejecutivo central lo hace con el 20 por ciento restante", recordó la consejera.
El plan cuenta con tres bloques de medidas, referentes a agilización de procedimientos, ampliación de supuestos de excepcionalidad y mejora de la atención a las personas con dependencia moderada. En el primero de estos ámbitos, el plan refuerza la colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para mejorar y agilizar la respuesta en los procesos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, dado que los ayuntamientos son la puerta de entrada al sistema a través de los servicios sociales comunitarios.
"Del mismo modo, se está trabajando para la implantación de la Historia Social Única Electrónica, que es una de las iniciativas más novedosas previstas en la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía y que simplificará la gestión de los servicios y las prestaciones y facilitará los trámites a las personas beneficiarias", resaltó Sánchez Rubio.
El segundo de los bloques amplía y define los nuevos supuestos de excepcionalidad en el acceso a la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales. "Se incorporan así los menores de 21 años en etapa escolar; las personas con enfermedad mental que permanecen con la familia, y aquellas con necesidades especiales para las que el servicio de ayuda a domicilio o de centro de día resultan insuficientes y para las que la atención residencial se desaconseja por los servicios sociales comunitarios", señaló.
Finalmente, el plan avanza en la incorporación al sistema de las personas con dependencia moderada reconocida. De este modo, se reforzarán las medidas comprometidas en el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 2016-2020, y se ampliará la utilización de la red de Centros de Participación Activa de la Junta.
Entre otras acciones, destaca el reconocimiento del Servicio de Teleasistencia Avanzada como la prestación principal, en lugar de complementaria, para las personas con dependencia moderada. Esta ayuda permite la detección de situaciones de riesgo mediante el uso de dispositivos periféricos en el hogar; facilita la atención fuera del domicilio; favorece la actuación de los servicios de urgencias y emergencias sanitarias, y tramita con mayor agilidad las citas médicas y consejos sanitarios a través de la integración en la plataforma de asistencia del 061 y Salud Responde.
"También, y dentro de este tercer bloque de medidas, se potenciará la utilización de la red de Centros de Participación Activa de Andalucía para los servicios de promoción de la autonomía personal y promoción de la dependencia", informó Sánchez Rubio.
Además, como parte de estas medidas, se ha publicado la Orden por la que se establece el marco de colaboración con las Corporaciones Locales para la prestación de los servicios de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia a personas reconocidas en grado I.
Financiación
Sánchez Rubio denunció que en el conjunto de España, las restricciones han supuesto la pérdida de 2.800 millones de euros, así como la eliminación de la cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras en el entorno familiar. "Ello provoca grandes desequilibrios en las finanzas de las comunidades autónomas, obligadas a asumir la mayor parte del esfuerzo para evitar que el sistema de atención a la dependencia sea incapaz de cumplir los fines para los que fue creado en 2006", lamentó.
En el presupuesto autonómico de 2017 se consignan 1.188 millones de euros, un 2,5 por ciento más que en 2016, para el desarrollo de esta norma, cantidad similar a la que el Gobierno destina para toda España (1.250 millones). El compromiso de la Administración andaluza es que el incremento continúe hasta alcanzar el 10 por ciento acumulado a lo largo de la legislatura.
La aportación económica de la Junta ha permitido garantizar la estabilidad de 45.500 empleos desde la implantación del sistema (18.000 de ellos correspondientes a la ayuda a domicilio). Durante los diez años de desarrollo de la Ley de Dependencia, la Junta ha invertido más de 10.000 millones de euros en la atención de 371.600 personas, que se han beneficiado de 488.300 prestaciones.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
