El nivel de fracaso escolar en España alcanza el 22 por ciento mientras que la tasa de abandono escolar se sitúa en el 19 por ciento, la segunda cifra más alta de la Unión Europea. Así lo desveló ayer el Comité Español de UNICEF, que denunció que uno de cada tres niños en España, el 34,4 por ciento, vive en riesgo de pobreza o de exclusión social.
Según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), la tasa de abandono escolar temprano se sitúa en Andalucía por encima de la media nacional, con un 24,9 por ciento, mientras que la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) sitúa en un 48,1 por ciento el riesgo de pobreza o exclusión social de los niños en la comunidad, solo por delante de Ceuta.
Por este motivo, el Comité Español de UNICEF instó ayer a alcanzar "un Pacto por la Educación que combata los cuatro tipos de desigualdad que están presentes en los procesos de exclusión educativa: económica, cultural, política y afectiva".
Para lograrlo, la entidad propuso el aumento de la inversión en infancia para abordar la pobreza infantil y para acabar con la exclusión educativa "en un país que siempre ha estado por debajo de la media europea, tanto en la proporción de recursos públicos destinados a protección social de la infancia como a educación".
"Una situación –denunció ayer UNICEF– que se ha visto agravada con las políticas de austeridad desde 2010, que han derivado en el aumento de las desigualdades de forma especialmente notable entre la población infantil". No en vano, el gasto anual entre 2009 y 2014 en educación no universitaria se redujo en 5.870 millones de euros.
En este sentido, Carmelo Angulo, presidente de UNICEF, abogó por “un pacto de presente y futuro para evitar que niños, niñas y jóvenes se queden atrás en nuestro país. No podemos actuar solo cuando la exclusión ya se ha producido, con el coste tanto personal como económico y social que eso supone".
A juicio del máximo representante del Comité Español, "dejar a los niños al margen es una mala elección no solo desde el punto de vista de los derechos humanos, sino también de la cohesión social, del crecimiento económico e, incluso, el de la sostenibilidad ambiental”.
La petición de este Pacto de Estado por la Educación se engloba dentro del relanzamiento del Pacto de Estado por la Infancia que UNICEF lleva reclamando desde el año 2014 orientado a cumplir dos objetivos fundamentales: reducir la pobreza infantil y apostar por una educación inclusiva y de calidad, aspectos de primer orden para la realización de los derechos de cualquier niño y niña.
En este sentido, hasta la fecha, destacan avances como las Comisiones de Infancia creadas en el Congreso y el Senado, 14 pactos por la infancia desarrollados a nivel autonómico y 10 acuerdos con Consejerías de Educación autonómicas.
Con la participación de niños y niñas miembros de los Consejos de Infancia de diversos municipios, UNICEF ha desarrollado 15 propuestas para ese Pacto de Estado, entre las que destacan garantizar la suficiencia y la estabilidad de los recursos económicos invertidos en el sistema educativo; asegurar un enfoque de igualdad de oportunidades y calidad de la educación en todos los niveles; avanzar en la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria y adoptar medidas de inclusión educativa en los centros y en las aulas.
Según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), la tasa de abandono escolar temprano se sitúa en Andalucía por encima de la media nacional, con un 24,9 por ciento, mientras que la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) sitúa en un 48,1 por ciento el riesgo de pobreza o exclusión social de los niños en la comunidad, solo por delante de Ceuta.
Por este motivo, el Comité Español de UNICEF instó ayer a alcanzar "un Pacto por la Educación que combata los cuatro tipos de desigualdad que están presentes en los procesos de exclusión educativa: económica, cultural, política y afectiva".
Para lograrlo, la entidad propuso el aumento de la inversión en infancia para abordar la pobreza infantil y para acabar con la exclusión educativa "en un país que siempre ha estado por debajo de la media europea, tanto en la proporción de recursos públicos destinados a protección social de la infancia como a educación".
"Una situación –denunció ayer UNICEF– que se ha visto agravada con las políticas de austeridad desde 2010, que han derivado en el aumento de las desigualdades de forma especialmente notable entre la población infantil". No en vano, el gasto anual entre 2009 y 2014 en educación no universitaria se redujo en 5.870 millones de euros.
En este sentido, Carmelo Angulo, presidente de UNICEF, abogó por “un pacto de presente y futuro para evitar que niños, niñas y jóvenes se queden atrás en nuestro país. No podemos actuar solo cuando la exclusión ya se ha producido, con el coste tanto personal como económico y social que eso supone".
A juicio del máximo representante del Comité Español, "dejar a los niños al margen es una mala elección no solo desde el punto de vista de los derechos humanos, sino también de la cohesión social, del crecimiento económico e, incluso, el de la sostenibilidad ambiental”.
La petición de este Pacto de Estado por la Educación se engloba dentro del relanzamiento del Pacto de Estado por la Infancia que UNICEF lleva reclamando desde el año 2014 orientado a cumplir dos objetivos fundamentales: reducir la pobreza infantil y apostar por una educación inclusiva y de calidad, aspectos de primer orden para la realización de los derechos de cualquier niño y niña.
En este sentido, hasta la fecha, destacan avances como las Comisiones de Infancia creadas en el Congreso y el Senado, 14 pactos por la infancia desarrollados a nivel autonómico y 10 acuerdos con Consejerías de Educación autonómicas.
Con la participación de niños y niñas miembros de los Consejos de Infancia de diversos municipios, UNICEF ha desarrollado 15 propuestas para ese Pacto de Estado, entre las que destacan garantizar la suficiencia y la estabilidad de los recursos económicos invertidos en el sistema educativo; asegurar un enfoque de igualdad de oportunidades y calidad de la educación en todos los niveles; avanzar en la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria y adoptar medidas de inclusión educativa en los centros y en las aulas.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
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