El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha destacado en comisión parlamentaria la "alta participación" con la que ha contado el desarrollo de la Ley de Agricultura y Pesca, que ha recibido 770 aportaciones por parte del sector. Para Sánchez Haro, se ha tratado de un "proceso abierto y transparente, en el que ha sido fundamental el consenso, por lo que el texto ha sido sometido a la valoración de quien más interés tiene en ello, por razones obvias: el sector".
"La consideración, el análisis y la integración de estas consideraciones no puede hacerse escatimando tiempo, requiere una reflexión minuciosa y sosegada", explicó el consejero, quien subrayó que la ley llegará al Parlamento a principios de 2018 para su aprobación.
Sánchez Haro concretó que han participado 47 agentes y colectivos del sector, con intereses muy diversos, que han tenido oportunidad de expresar sus inquietudes a lo largo del proceso de elaboración del texto. Asimismo, han participado 14 departamentos de este la Junta, además de ciudadanos que, a título personal, han aportado más de 120 sugerencias.
Las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, Coag y UPA) y Cooperativas - Agroalimentarias también han realizado más de 100 alegaciones, mientras que otras entidades que representan a productores agrarios han hecho 69 aportaciones. Los sindicatos CCOO y UGT han hecho más de 70 propuestas a las que hay que sumar las 68 realizadas por asociaciones empresariales.
Las aportaciones, según indicó el consejero, han versado sobre la práctica totalidad de los contenidos del texto, predominando cuestiones como las relacionadas con los derechos y deberes de los agricultores y los empresarios, los agentes clave del sector, la interlocución con la Administración, los fines de la ley y las definiciones de persona agricultora, explotación agraria o cadena alimentaria, entre otros. También han propuesto sobre deberes de los operadores, declaración de Zonas de Protección Agraria, los planes de ordenación y protección y la comercialización.
Sánchez Haro señaló que todas estas aportaciones han permitido enriquecer el anteproyecto de ley para hacer posible el mayor aprovechamiento de este esfuerzo participativo, de la ciudadanía y de los agentes interesados. La segunda fase ha tenido un amplio calendario de trámite y consulta, ya que se acordó someter a información pública el texto del anteproyecto de ley mediante su publicación en el BOJA y posterior publicación en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía y en la web de la Consejería.
Dado el interés suscitado, ha sido necesario prolongar el plazo de uno a cuatro meses para que las personas y entidades formulasen las alegaciones que considerasen oportunas. Esta fase culminó en mayo de 2017, con un nuevo texto, resultado del amplio proceso de consulta y del cuidado tratamiento dado a las aportaciones recibidas.
En la tercera fase del proceso, la nueva versión del anteproyecto de ley fue sometida a la valoración e informes preceptivos de los distintos organismos y unidades directivas que han de pronunciarse, enriqueciendo el texto, cuya última versión fue sometida el 10 de noviembre al análisis del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, entrando así en la última fase del proceso.
Sánchez Haro señaló que actualmente está en la cuarta y última fase, en la que el anteproyecto de ley se pondrá a disposición del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo de Andalucía. Una vez obtenidos sus dictámenes favorables, recibirá la aprobación final del Consejo de Gobierno como proyecto de ley e iniciará su tramitación parlamentaria al comienzo del próximo periodo de sesiones.
El consejero destacó que se ha desarrollado un texto normativo que centra su atención en las personas, en los profesionales del campo y en las pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario. Mujeres y jóvenes también son atendidos de forma prioritaria en las disposiciones y articulado de la ley.
El texto hace especial hincapié en aspectos como las implicaciones del sector agroalimentario con el territorio y con otras políticas, convirtiéndose en un importante factor de cohesión territorial. También apuesta por facilitar la actividad empresarial, simplificando los trámites administrativos, y por favorecer la incorporación de los jóvenes y mujeres a las empresas agrarias y agroalimentarias.
Esta ley, concluyó el consejero, es fruto de un proceso extraordinariamente participativo, que ha dado voz y voto a entidades, organismos, colectivos y agentes diversos. "Una ley que va más allá de lo agrario y lo agroindustrial, que aspira a ser eficaz, segura, incluyente y transversal. Una ley de futuro para una sociedad que mira al futuro", apuntó.
"La consideración, el análisis y la integración de estas consideraciones no puede hacerse escatimando tiempo, requiere una reflexión minuciosa y sosegada", explicó el consejero, quien subrayó que la ley llegará al Parlamento a principios de 2018 para su aprobación.
Sánchez Haro concretó que han participado 47 agentes y colectivos del sector, con intereses muy diversos, que han tenido oportunidad de expresar sus inquietudes a lo largo del proceso de elaboración del texto. Asimismo, han participado 14 departamentos de este la Junta, además de ciudadanos que, a título personal, han aportado más de 120 sugerencias.
Las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, Coag y UPA) y Cooperativas - Agroalimentarias también han realizado más de 100 alegaciones, mientras que otras entidades que representan a productores agrarios han hecho 69 aportaciones. Los sindicatos CCOO y UGT han hecho más de 70 propuestas a las que hay que sumar las 68 realizadas por asociaciones empresariales.
Las aportaciones, según indicó el consejero, han versado sobre la práctica totalidad de los contenidos del texto, predominando cuestiones como las relacionadas con los derechos y deberes de los agricultores y los empresarios, los agentes clave del sector, la interlocución con la Administración, los fines de la ley y las definiciones de persona agricultora, explotación agraria o cadena alimentaria, entre otros. También han propuesto sobre deberes de los operadores, declaración de Zonas de Protección Agraria, los planes de ordenación y protección y la comercialización.
Sánchez Haro señaló que todas estas aportaciones han permitido enriquecer el anteproyecto de ley para hacer posible el mayor aprovechamiento de este esfuerzo participativo, de la ciudadanía y de los agentes interesados. La segunda fase ha tenido un amplio calendario de trámite y consulta, ya que se acordó someter a información pública el texto del anteproyecto de ley mediante su publicación en el BOJA y posterior publicación en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía y en la web de la Consejería.
Dado el interés suscitado, ha sido necesario prolongar el plazo de uno a cuatro meses para que las personas y entidades formulasen las alegaciones que considerasen oportunas. Esta fase culminó en mayo de 2017, con un nuevo texto, resultado del amplio proceso de consulta y del cuidado tratamiento dado a las aportaciones recibidas.
En la tercera fase del proceso, la nueva versión del anteproyecto de ley fue sometida a la valoración e informes preceptivos de los distintos organismos y unidades directivas que han de pronunciarse, enriqueciendo el texto, cuya última versión fue sometida el 10 de noviembre al análisis del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, entrando así en la última fase del proceso.
Sánchez Haro señaló que actualmente está en la cuarta y última fase, en la que el anteproyecto de ley se pondrá a disposición del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo de Andalucía. Una vez obtenidos sus dictámenes favorables, recibirá la aprobación final del Consejo de Gobierno como proyecto de ley e iniciará su tramitación parlamentaria al comienzo del próximo periodo de sesiones.
El consejero destacó que se ha desarrollado un texto normativo que centra su atención en las personas, en los profesionales del campo y en las pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario. Mujeres y jóvenes también son atendidos de forma prioritaria en las disposiciones y articulado de la ley.
El texto hace especial hincapié en aspectos como las implicaciones del sector agroalimentario con el territorio y con otras políticas, convirtiéndose en un importante factor de cohesión territorial. También apuesta por facilitar la actividad empresarial, simplificando los trámites administrativos, y por favorecer la incorporación de los jóvenes y mujeres a las empresas agrarias y agroalimentarias.
Esta ley, concluyó el consejero, es fruto de un proceso extraordinariamente participativo, que ha dado voz y voto a entidades, organismos, colectivos y agentes diversos. "Una ley que va más allá de lo agrario y lo agroindustrial, que aspira a ser eficaz, segura, incluyente y transversal. Una ley de futuro para una sociedad que mira al futuro", apuntó.
I. TÉLLEZ / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
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