El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha planteado una serie de medidas para agilizar la concesión de las ayudas a autónomos, entre ellas, eliminar la concurrencia competitiva, concediendo el incentivo de forma inmediata a toda persona que cumpla los requisitos en lugar de hacer una evaluación conjunta de todos los candidatos, además de mantener abierto el plazo de solicitud permanentemente y conceder incentivos hasta que se agote la partida presupuestaria destinada a ello.
Ramírez de Arellano, que compareció ayer en comisión parlamentaria, explicó que el actual proceso administrativo de los incentivos de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo se "alarga excesivamente en el tiempo, impidiendo que las ayudas llegaran en el momento oportuno" al solicitante.
El titular de Economía y Conocimiento planteó una serie de medidas para agilizar la tramitación y abogó por alcanzar un consenso sobre las mismas con los agentes implicados, tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno central, dado que supondrá la introducción de cambios normativos.
En concreto, planteó la posibilidad de eliminar la concurrencia competitiva, ya que ésta obliga a tener evaluadas todas las solicitudes para poder resolver las ayudas. De esta forma, se concedería el incentivo de manera inmediata una vez que se comprobara el cumplimiento de requisitos.
Esto permitiría además que el plazo para resolver las ayudas se abriera de forma permanente hasta que se agotara el crédito disponible. Esto evitaría las situaciones de incertidumbre que se generan en la actualidad, dado que el establecimiento de plazos limita el acceso de los emprendedores que han iniciado su actividad en otras épocas del año, y que se tratan de salvar con convocatorias con efectos retroactivos.
Además, con el fin de incidir en determinados sectores económicos o colectivos sociales, se arbitrarían ayudas específicas. De este modo, se lograría alcanzar el efecto deseado –el mismo que se trata de lograr ahora al incluir puntuaciones diferenciadas en las convocatorias generalistas– pero sin distorsiones en la tramitación.
Otro cambio se refiere a los requisitos, centrándolos en ciertos requerimientos como el de permanecer durante un tiempo determinado dado de alta como autónomo en el RETA, y eliminando otros como la comprobación a posteriori del cumplimiento de ciertas cuestiones económicas, que dificultan la gestión.
Por último, es necesario un acceso telemático directo a distintas bases de datos de la Administración, lo que facilitaría una gestión fluida, segura y eficiente en la comprobación y valoración de las peticiones y evitaría la presentación de documentación por parte del solicitante.
Factores determinantes
La Consejería de Economía ha realizado una evaluación de todo el proceso administrativo para analizar los factores que han incidido en los tiempos de tramitación, con el fin de encontrar vías de agilización. Así, además del importante número global de solicitudes a evaluar, ha existido una baja tasa de presentación de peticiones en soporte telemático, que ha obligado a los servicios de gestión a introducir en el sistema informático las solicitudes.
Y a esto se suma un alto número de subsanaciones, que ha generado comunicaciones de nueva documentación, que han tenido asimismo que ser comprobadas. Además, existen dificultades para acceder a bases de datos de la Administración imprescindibles para la correcta comprobación y evaluación de los datos.
Todo ello ha supuesto una laboriosa gestión en la documentación presentada y en la resolución de solicitudes. Así, en la convocatoria de 2016, con tres líneas de ayudas, todas están resueltas y pagadas, exceptuando la línea 1.2 y la 2.4 de la provincia de Córdoba. En total ha habido 3.507 beneficiarios.
Ramírez de Arellano, que compareció ayer en comisión parlamentaria, explicó que el actual proceso administrativo de los incentivos de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo se "alarga excesivamente en el tiempo, impidiendo que las ayudas llegaran en el momento oportuno" al solicitante.
El titular de Economía y Conocimiento planteó una serie de medidas para agilizar la tramitación y abogó por alcanzar un consenso sobre las mismas con los agentes implicados, tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno central, dado que supondrá la introducción de cambios normativos.
En concreto, planteó la posibilidad de eliminar la concurrencia competitiva, ya que ésta obliga a tener evaluadas todas las solicitudes para poder resolver las ayudas. De esta forma, se concedería el incentivo de manera inmediata una vez que se comprobara el cumplimiento de requisitos.
Esto permitiría además que el plazo para resolver las ayudas se abriera de forma permanente hasta que se agotara el crédito disponible. Esto evitaría las situaciones de incertidumbre que se generan en la actualidad, dado que el establecimiento de plazos limita el acceso de los emprendedores que han iniciado su actividad en otras épocas del año, y que se tratan de salvar con convocatorias con efectos retroactivos.
Además, con el fin de incidir en determinados sectores económicos o colectivos sociales, se arbitrarían ayudas específicas. De este modo, se lograría alcanzar el efecto deseado –el mismo que se trata de lograr ahora al incluir puntuaciones diferenciadas en las convocatorias generalistas– pero sin distorsiones en la tramitación.
Otro cambio se refiere a los requisitos, centrándolos en ciertos requerimientos como el de permanecer durante un tiempo determinado dado de alta como autónomo en el RETA, y eliminando otros como la comprobación a posteriori del cumplimiento de ciertas cuestiones económicas, que dificultan la gestión.
Por último, es necesario un acceso telemático directo a distintas bases de datos de la Administración, lo que facilitaría una gestión fluida, segura y eficiente en la comprobación y valoración de las peticiones y evitaría la presentación de documentación por parte del solicitante.
Factores determinantes
La Consejería de Economía ha realizado una evaluación de todo el proceso administrativo para analizar los factores que han incidido en los tiempos de tramitación, con el fin de encontrar vías de agilización. Así, además del importante número global de solicitudes a evaluar, ha existido una baja tasa de presentación de peticiones en soporte telemático, que ha obligado a los servicios de gestión a introducir en el sistema informático las solicitudes.
Y a esto se suma un alto número de subsanaciones, que ha generado comunicaciones de nueva documentación, que han tenido asimismo que ser comprobadas. Además, existen dificultades para acceder a bases de datos de la Administración imprescindibles para la correcta comprobación y evaluación de los datos.
Todo ello ha supuesto una laboriosa gestión en la documentación presentada y en la resolución de solicitudes. Así, en la convocatoria de 2016, con tres líneas de ayudas, todas están resueltas y pagadas, exceptuando la línea 1.2 y la 2.4 de la provincia de Córdoba. En total ha habido 3.507 beneficiarios.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
