El sacrosanto derecho a la libertad de expresar y opinar lo que pensamos, un derecho fundamental reconocido no solo por la Constitución Española, sino consagrado incluso por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está siendo limitado poco sutilmente en España de un tiempo a esta parte. Se viene produciendo un retroceso de la libertad de expresión en tanto en cuanto se constriñe incesantemente el marco en el que es posible ejercer este derecho.
Cuando no es la seguridad nacional, es la delicada sensibilidad de algunos lo que coacciona la libre expresión. Y es que cada vez son más frecuentes las imputaciones y las condenas penales a personas o entidades por exponer ideas (a través de artículos, canciones, fotografías o comentarios en redes sociales) que, aun pudiendo generar discrepancias y hasta un rechazo generalizado, gozan de la legitimidad de estar amparadas por la libertad de expresión.
Solo así es concebible que la transgresión artística, la provocación e incluso el mal gusto, aunque no los compartamos, no sean constitutivos de delitos sino productos de ese derecho a la libre expresión con que se cuestiona lo establecido y se exploran aspectos y visiones diferentes de la realidad, más allá de los convencionalismos, por mucho que los mojigatos bienpensantes se solivianten y exijan su inmediata represión y castigo.
Es preocupante la dificultad creciente que existe en nuestro país para ejercer el derecho a pensar por libre y a expresar tales pensamientos sin que alguna persona, colectivo o autoridad no se sienta cuestionado, ofendido o atacado y enseguida solicite el silencio de quien osa proferir opiniones tan heterodoxas y controvertidas.
Rápidamente, se denuncia ser víctima de un ataque intolerable a los sentimientos religiosos, a la intimidad y hasta de incitación al odio o apología de la violencia que ha de ser inmediatamente castigado. Lo más grave es que los supuestamente ofendidos cuentan a su favor con un Código Penal sumamente restrictivo que posibilita, gracias a normas y sanciones administrativas de nuevo cuño, poder castigar al discrepante y poner mordaza a un derecho inalienable.
Herramientas represoras que fueron reforzadas por el Gobierno con la Ley de Seguridad Ciudadana, todavía vigente, que permite “amordazar” cualquier crítica, manifestación incluso de estudiantes o protesta callejera. Es decir, cada vez es más poderosa la capacidad para poner limitaciones y cortapisas a la libertad de opinión y expresión, hasta el extremo de recuperar la vieja censura, esa herrumbrosa pero eficaz hacha que corta por lo sano toda libertad no permitida ni tolerada. Retrocedemos a la época del miedo a la libertad, auspiciado por lo “políticamente correcto”.
Cuán lejos quedan aquellos tiempos en que unos humoristas podían parodiar a un redicho presentador de canción española, al que hacían decir: “¡Qué fea eres, Paca, cabrona!”, sin que surgiera ningún colectivo de pacas ni de cabronas a exigir la reparación de su dignidad ofendida y la eliminación del sketch televisivo.
Hoy, tal humor sería impensable. Y no es que nos hayamos vuelto más respetuosos, sino que somos más intolerantes, gracias a la senda que ha abierto el Gobierno con su Ley Mordaza para impedir ciertas conductas y manifestaciones que considera críticas con su gestión o alteran el orden público. O atentan contra la “sensibilidad” de determinados y bien instalados colectivos sociales, los cuales imponen “sus” gustos” y prejuicios a la sociedad en su conjunto.
Raro es el día en que no se registra un caso nuevo contra la libertad de expresión. Cuando no es una multa a un joven por hacer un montaje fotográfico con el rostro de un Cristo es la condena a un rapero por incitar al odio y hacer apología del terrorismo con las letras de sus canciones.
O el secuestro de un libro sobre el narcotráfico en Galicia a instancias de un alcalde local, o la censura y retirada de una obra en la feria de Arte Contemporáneo (ARCO) en la que se calificaba como presos políticos a los encarcelados catalanes. O el año de cárcel –ahora revisado– a una chica que se burló en las redes sociales del atentado sucedido hace cuarenta años contra Carrero Blanco. Y, así, hasta hacernos con una relación cada vez más larga de limitaciones a la libertad de expresión que, sólo en contadas ocasiones, traspasa el mal gusto para adentrarse en el insulto, las injurias y la calumnia.
Como sigamos por este camino, recortando libertades, limitando derechos y utilizando el Código Penal para reprimir opiniones que contradicen la verdad oficial, cuestionan los cánones establecidos y reniegan de los gustos imperantes, retrocederemos al país gris, monótono y aburrido que creíamos haber dejado atrás gracias a la democracia y el abanico de libertades que nos reconocía.
Tal vez sea lo que algunos pretenden, con sus denuncias y sus sensibilidades a flor de piel, pero con seguridad no serán mayoría. Esa mayoría que no quiere que ninguna mordaza le impida su libertad para expresar lo que le venga en gana, tanto si a usted le gusta como si no.
Cuando no es la seguridad nacional, es la delicada sensibilidad de algunos lo que coacciona la libre expresión. Y es que cada vez son más frecuentes las imputaciones y las condenas penales a personas o entidades por exponer ideas (a través de artículos, canciones, fotografías o comentarios en redes sociales) que, aun pudiendo generar discrepancias y hasta un rechazo generalizado, gozan de la legitimidad de estar amparadas por la libertad de expresión.
Solo así es concebible que la transgresión artística, la provocación e incluso el mal gusto, aunque no los compartamos, no sean constitutivos de delitos sino productos de ese derecho a la libre expresión con que se cuestiona lo establecido y se exploran aspectos y visiones diferentes de la realidad, más allá de los convencionalismos, por mucho que los mojigatos bienpensantes se solivianten y exijan su inmediata represión y castigo.
Es preocupante la dificultad creciente que existe en nuestro país para ejercer el derecho a pensar por libre y a expresar tales pensamientos sin que alguna persona, colectivo o autoridad no se sienta cuestionado, ofendido o atacado y enseguida solicite el silencio de quien osa proferir opiniones tan heterodoxas y controvertidas.
Rápidamente, se denuncia ser víctima de un ataque intolerable a los sentimientos religiosos, a la intimidad y hasta de incitación al odio o apología de la violencia que ha de ser inmediatamente castigado. Lo más grave es que los supuestamente ofendidos cuentan a su favor con un Código Penal sumamente restrictivo que posibilita, gracias a normas y sanciones administrativas de nuevo cuño, poder castigar al discrepante y poner mordaza a un derecho inalienable.
Herramientas represoras que fueron reforzadas por el Gobierno con la Ley de Seguridad Ciudadana, todavía vigente, que permite “amordazar” cualquier crítica, manifestación incluso de estudiantes o protesta callejera. Es decir, cada vez es más poderosa la capacidad para poner limitaciones y cortapisas a la libertad de opinión y expresión, hasta el extremo de recuperar la vieja censura, esa herrumbrosa pero eficaz hacha que corta por lo sano toda libertad no permitida ni tolerada. Retrocedemos a la época del miedo a la libertad, auspiciado por lo “políticamente correcto”.
Cuán lejos quedan aquellos tiempos en que unos humoristas podían parodiar a un redicho presentador de canción española, al que hacían decir: “¡Qué fea eres, Paca, cabrona!”, sin que surgiera ningún colectivo de pacas ni de cabronas a exigir la reparación de su dignidad ofendida y la eliminación del sketch televisivo.
Hoy, tal humor sería impensable. Y no es que nos hayamos vuelto más respetuosos, sino que somos más intolerantes, gracias a la senda que ha abierto el Gobierno con su Ley Mordaza para impedir ciertas conductas y manifestaciones que considera críticas con su gestión o alteran el orden público. O atentan contra la “sensibilidad” de determinados y bien instalados colectivos sociales, los cuales imponen “sus” gustos” y prejuicios a la sociedad en su conjunto.
Raro es el día en que no se registra un caso nuevo contra la libertad de expresión. Cuando no es una multa a un joven por hacer un montaje fotográfico con el rostro de un Cristo es la condena a un rapero por incitar al odio y hacer apología del terrorismo con las letras de sus canciones.
O el secuestro de un libro sobre el narcotráfico en Galicia a instancias de un alcalde local, o la censura y retirada de una obra en la feria de Arte Contemporáneo (ARCO) en la que se calificaba como presos políticos a los encarcelados catalanes. O el año de cárcel –ahora revisado– a una chica que se burló en las redes sociales del atentado sucedido hace cuarenta años contra Carrero Blanco. Y, así, hasta hacernos con una relación cada vez más larga de limitaciones a la libertad de expresión que, sólo en contadas ocasiones, traspasa el mal gusto para adentrarse en el insulto, las injurias y la calumnia.
Como sigamos por este camino, recortando libertades, limitando derechos y utilizando el Código Penal para reprimir opiniones que contradicen la verdad oficial, cuestionan los cánones establecidos y reniegan de los gustos imperantes, retrocederemos al país gris, monótono y aburrido que creíamos haber dejado atrás gracias a la democracia y el abanico de libertades que nos reconocía.
Tal vez sea lo que algunos pretenden, con sus denuncias y sus sensibilidades a flor de piel, pero con seguridad no serán mayoría. Esa mayoría que no quiere que ninguna mordaza le impida su libertad para expresar lo que le venga en gana, tanto si a usted le gusta como si no.
DANIEL GUERRERO
