El presidente de la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha
solicitado al Gobierno que “arbitre medidas para compensar a los
ayuntamientos españoles por la rebaja en el 20 por ciento que supondrá
la nueva legislación en las plusvalías, porque se trata de una fuente de
ingresos que, en 2015, permitió a los 8.122 municipios que hay en
España ingresar 2.675 millones de euros, o lo que es lo mismo,
representó casi el 13 por ciento de los impuestos directos que
recaudaron las entidades locales”.
En Andalucía, los datos que ha dado el presidente han sido que “las plusvalías dejaron en 2015 un total de 267 millones de euros en las arcas locales, lo que supuso el 9,6 por ciento de la totalidad de las figuras impositivas que aplican los Ayuntamientos a sus vecinos y vecinas. Es decir, que la rebaja del 20 por ciento supondrá una merma en torno a los 50 millones de euros anuales, que deberían ser compensados por parte del Gobierno”.
El presidente de la FAMP ha denunciado hoy que “hasta la fecha los ayuntamientos siguen sin tener un referente legal claro que se ajuste a la sentencia del Tribunal Constitucional y que evite el vacío legal y la inseguridad jurídica que supone para la ciudadanía el impuesto de plusvalía cuando se vende a pérdida”.
Tras las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Constitucional sobre el cobro de plusvalías por parte de los ayuntamientos cuando un inmueble se vende a pérdida, es urgente, apuntó Villalobos, “modificar la regulación estatal de este tributo y la de buscar fórmulas de apoyo a las administraciones municipales para poder afrontar las posibles devoluciones de ingresos y afrontar la pérdida de capacidad recaudatoria. Así lo han exigido la FEMP y la FAMP reiteradamente al Gobierno de la nación”.
El presidente de la FAMP ha subrayado que “se debería culminar la tramitación legal que permita tener el marco jurídico claro y eso es imprescindible para que el ministerio de Hacienda adopte las medidas necesarias que compensen a los ayuntamientos afectados por estas pérdidas de la plusvalía municipal.
Por otra parte, urge la reforma de la financiación local de manera integral para que evitemos más parches que solo crean inseguridad jurídica y problemas a las arcas locales de donde sale la prestación de servicios públicos imprescindibles para la ciudadanía”.
El Congreso de los Diputados ha recogido una proposición de ley que modificaría el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Actualmente se encuentra en proceso de tramitación pero podría demorarse mientras que la realidad es que la aplicación de las sentencias supone una reducción media de un 20 por ciento de los ingresos previstos por este impuesto.
“Si a ello se une la revisión a la baja de los nuevos coeficientes catastrales adaptados a la realidad inmobiliaria y las pérdidas anteriores causadas por la crisis, la incidencia negativa en esta vía de recaudación local ha sido obvia y, en muchos casos, se ha agravado ante la incertidumbre jurídica existente”, ha sentenciado Villalobos.
En Andalucía, los datos que ha dado el presidente han sido que “las plusvalías dejaron en 2015 un total de 267 millones de euros en las arcas locales, lo que supuso el 9,6 por ciento de la totalidad de las figuras impositivas que aplican los Ayuntamientos a sus vecinos y vecinas. Es decir, que la rebaja del 20 por ciento supondrá una merma en torno a los 50 millones de euros anuales, que deberían ser compensados por parte del Gobierno”.
El presidente de la FAMP ha denunciado hoy que “hasta la fecha los ayuntamientos siguen sin tener un referente legal claro que se ajuste a la sentencia del Tribunal Constitucional y que evite el vacío legal y la inseguridad jurídica que supone para la ciudadanía el impuesto de plusvalía cuando se vende a pérdida”.
Tras las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Constitucional sobre el cobro de plusvalías por parte de los ayuntamientos cuando un inmueble se vende a pérdida, es urgente, apuntó Villalobos, “modificar la regulación estatal de este tributo y la de buscar fórmulas de apoyo a las administraciones municipales para poder afrontar las posibles devoluciones de ingresos y afrontar la pérdida de capacidad recaudatoria. Así lo han exigido la FEMP y la FAMP reiteradamente al Gobierno de la nación”.
El presidente de la FAMP ha subrayado que “se debería culminar la tramitación legal que permita tener el marco jurídico claro y eso es imprescindible para que el ministerio de Hacienda adopte las medidas necesarias que compensen a los ayuntamientos afectados por estas pérdidas de la plusvalía municipal.
Por otra parte, urge la reforma de la financiación local de manera integral para que evitemos más parches que solo crean inseguridad jurídica y problemas a las arcas locales de donde sale la prestación de servicios públicos imprescindibles para la ciudadanía”.
El Congreso de los Diputados ha recogido una proposición de ley que modificaría el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Actualmente se encuentra en proceso de tramitación pero podría demorarse mientras que la realidad es que la aplicación de las sentencias supone una reducción media de un 20 por ciento de los ingresos previstos por este impuesto.
“Si a ello se une la revisión a la baja de los nuevos coeficientes catastrales adaptados a la realidad inmobiliaria y las pérdidas anteriores causadas por la crisis, la incidencia negativa en esta vía de recaudación local ha sido obvia y, en muchos casos, se ha agravado ante la incertidumbre jurídica existente”, ha sentenciado Villalobos.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
