Pedro Sánchez, el candidato ganador de la moción de censura que derribó al carcomido Gobierno conservador de Mariano Rajoy, acaba de designar a los miembros de su Gabinete, escogiendo concienzudamente las personas que lo compondrán. El flamante Gobierno socialista tendrá 17 ministerios, la mayor parte de los cuales estará dirigido por mujeres, incluida la única vicepresidencia, adjudicada a Carmen Calvo, doctora en Derecho Constitucional, exministra de Cultura y firme defensora de la igualdad entre hombres y mujeres.
Además del presidente, sólo seis hombres forman parte del Ejecutivo, en el que sorprenden dos nombres: el astronauta Pedro Duque, en la cartera de Ciencia, Innovación y Universidades, y el juez Fernando Grande-Marlaska, en Interior, ambos independientes en el PSOE.
También es llamativo Josep Borrell, en Exteriores, que constituye un mensaje diáfano contra las pretensiones de internacionalización del conflicto catalán, porque será difícil argüir victimismo independentista en el extranjero con un encargado de política exterior catalán, de sobrado prestigio y constitucionalista.
Y una extrañeza: el titular de Cultura y Deporte, Máxim Huerta, un periodista y escritor que reniega hacer deporte, como ejemplo de que la cultura ha dejado de ser instrumento creativo de conocimiento y emancipación para devenir en espectáculo mediático.
Quedan dos varones más: Luis Planas, un reputado experto en los asuntos que le conciernen, Agricultura, Pesca y Alimentación, y José Luis Ábalos, cuya lealtad al presidente, control del aparato y buen hacer para aupar a Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE y a La Moncloa, constituyen méritos que avalan su designación para dirigir el Ministerio de Fomento, la palanca gubernamental de construir país y distribuir riqueza entre los territorios.
Pero lo que más impacto ha causado ha sido la configuración femenina del Gobierno, en el que las mujeres acaparan once carteras, con el propósito de exhibir el compromiso con la igualdad que ya había manifestado en múltiples ocasiones Pedro Sánchez. De hecho, este Gobierno supera la paridad que la izquierda suele respetar en la formación de ejecutivas orgánicas o gubernamentales, para convertirse en el Gobierno con más presencia de mujeres de Occidente.
Ocupan puestos de enorme peso y trascendencia, razón por la que sus titulares fueron seleccionadas por su experiencia y capacitación profesional, además de ser expertas en la materia que han de abordar de inmediato. Las responsables del área económica, Nadia Calviño (Economía) y María Jesús Montero (Hacienda), encarnan la ortodoxia en el compromiso por la estabilidad económica y financiera que España ha asumido ante las autoridades europeas e internacionales para afianzar el proceso de recuperación tras la crisis económica. Una estabilidad necesaria para la creación de empleo, y que éste sea de mayor calidad y menor precariedad.
En puestos clave figuran Dolores Delgado, una fiscal experta en la lucha contra el terrorismo y valedora de la justicia universal, que asume la cartera de Justicia; Margarita Robles, exjueza y exmagistrada del Tribunal Supremo, llega al Ministerio de Defensa desconociendo los motivos por los que se venden fragatas a Arabia Saudí, pero generando menos reticencias y sin el dogmatismo (banderas a media asta en Semana Santa) de la titular saliente.
Magdalena Valerio accede a otra cartera estratégica socialmente, Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en la que deberá revertir las políticas más regresivas en materia laboral del anterior Gobierno. Otras áreas en manos femeninas son Industria, Comercio y Turismo, de la que se ocupa Reyes Maroto, profesora asociada de Economía en la Universidad Carlos III; o Isabel Celaá, exconsejera vasca en los gobiernos de Patxi López, que se hará cargo de Educación y Formación Profesional y de dar la cara como portavoz del Gobierno.
Carmen Montón dirigirá Sanidad, Consumo y Bienestar Social con el bagaje que trae de su paso como consejera valenciana en estos mismos asuntos, demostrando ser contraria a las privatizaciones y a los lobbies farmacéuticos; y Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, confuso nombre para el departamento encargado de Energía, Cambio Climático y Medioambiente.
Mención especial merece la titular de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que desde su despacho ministerial deberá afrontar el “problema” de Cataluña, de donde es originaria, para encauzarlo por la senda de la legalidad y normalidad institucional, haciendo uso de sus simpatías federalistas y sus relaciones con los actores de la política catalana.
En definitiva, son 17 carteras ministeriales –cuatro más que las del anterior Ejecutivo– para un Gobierno cuya solvencia, capacidad e idoneidad no se cuestiona, pero que resultó elegido para erradicar la corrupción institucional y partidista que representaba el Partido Popular (PP) y convocar elecciones en cuanto la situación lo permitiera.
La excusa que ha justificado la moción de censura presentada por los socialistas ha sido la corrupción que anidaba en el PP y la incapacidad de esa formación para asumir responsabilidades, creyéndose perdonada por el voto de los ciudadanos.
La sentencia del caso Gürtel, que culpabilizaba por primera vez a un partido político por su participación, aun a título lucrativo, en la corrupción, causó tal indignación que aglutinó el voto mayoritario del Congreso en torno a esa oportuna moción de censura socialista. Había que orear el enrarecido ambiente político que la corrupción del PP había provocado y oxigenar con ética y decencia el ejercicio de la política.
Pero, tal como está diseñado, el Gobierno de Pedro Sánchez parece exceder tales cometidos y abrigar la intención de completar la Legislatura antes de devolver la voz a los ciudadanos para que decidan. La solidez de su composición está enfocada a demostrar voluntad de persistencia, mediante una gestión eficaz y progresista, todo lo que le sea posible, a pesar de que no dispone de mayoría en el Parlamento que le asegure la permanencia que desea.
Su presentación ante los medios transmite la sensación de ser demasiado Gobierno para tan poca Legislatura y maniatado por un Presupuesto del anterior Ejecutivo. Es decir, demasiados condicionantes y obstáculos para la ardua tarea de perdurar lo que resta de mandato, puesto que su legitimidad, hasta que unas elecciones la validen, pasa por impulsar medidas de prevención, lucha y extirpación de toda corrupción e irregularidades que afloren en la “cosa política”, ya sea en las instituciones o, cuando menos, en el Partido Socialista, que precisamente gobierna con ese cometido tras ganar su moción de censura.
Que persiga, además, realizar políticas transformadoras, progresistas y transparentes desde un Gobierno sólido que inspire confianza en los ciudadanos, es una aspiración partidista que, aparte de ser intrínseca al objetivo de todo partido político, debería haberse esclarecido como programa de gobierno durante el debate de investidura del nuevo presidente.
Haber ocultado tales intenciones, por loables que sean, haciendo hincapié en la necesidad de regeneración ética de la política como argumento para derrocar al anterior Ejecutivo, no deja de ser un acto indigno de oportunismo partidista y de premeditado cálculo electoral.
Cabe la posibilidad que tal estrategia por conquistar la confianza del electorado, acometiendo iniciativas de gran calado y de un impacto que supere lo simplemente mediático, coincida con las expectativas de los ciudadanos y alcance un insospechado refrendo parlamentario. De lo contrario, no sólo parecerá un Gobierno excesivo para tan breve recorrido legislativo, sino una espectacular tomadura de pelo a ciudadanos ilusos que creían que, con 84 diputados en un Congreso de 350 escaños, se podía dar la vuelta a España como un calcetín. Ojalá me equivoque.
Además del presidente, sólo seis hombres forman parte del Ejecutivo, en el que sorprenden dos nombres: el astronauta Pedro Duque, en la cartera de Ciencia, Innovación y Universidades, y el juez Fernando Grande-Marlaska, en Interior, ambos independientes en el PSOE.
También es llamativo Josep Borrell, en Exteriores, que constituye un mensaje diáfano contra las pretensiones de internacionalización del conflicto catalán, porque será difícil argüir victimismo independentista en el extranjero con un encargado de política exterior catalán, de sobrado prestigio y constitucionalista.
Y una extrañeza: el titular de Cultura y Deporte, Máxim Huerta, un periodista y escritor que reniega hacer deporte, como ejemplo de que la cultura ha dejado de ser instrumento creativo de conocimiento y emancipación para devenir en espectáculo mediático.
Quedan dos varones más: Luis Planas, un reputado experto en los asuntos que le conciernen, Agricultura, Pesca y Alimentación, y José Luis Ábalos, cuya lealtad al presidente, control del aparato y buen hacer para aupar a Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE y a La Moncloa, constituyen méritos que avalan su designación para dirigir el Ministerio de Fomento, la palanca gubernamental de construir país y distribuir riqueza entre los territorios.
Pero lo que más impacto ha causado ha sido la configuración femenina del Gobierno, en el que las mujeres acaparan once carteras, con el propósito de exhibir el compromiso con la igualdad que ya había manifestado en múltiples ocasiones Pedro Sánchez. De hecho, este Gobierno supera la paridad que la izquierda suele respetar en la formación de ejecutivas orgánicas o gubernamentales, para convertirse en el Gobierno con más presencia de mujeres de Occidente.
Ocupan puestos de enorme peso y trascendencia, razón por la que sus titulares fueron seleccionadas por su experiencia y capacitación profesional, además de ser expertas en la materia que han de abordar de inmediato. Las responsables del área económica, Nadia Calviño (Economía) y María Jesús Montero (Hacienda), encarnan la ortodoxia en el compromiso por la estabilidad económica y financiera que España ha asumido ante las autoridades europeas e internacionales para afianzar el proceso de recuperación tras la crisis económica. Una estabilidad necesaria para la creación de empleo, y que éste sea de mayor calidad y menor precariedad.
En puestos clave figuran Dolores Delgado, una fiscal experta en la lucha contra el terrorismo y valedora de la justicia universal, que asume la cartera de Justicia; Margarita Robles, exjueza y exmagistrada del Tribunal Supremo, llega al Ministerio de Defensa desconociendo los motivos por los que se venden fragatas a Arabia Saudí, pero generando menos reticencias y sin el dogmatismo (banderas a media asta en Semana Santa) de la titular saliente.
Magdalena Valerio accede a otra cartera estratégica socialmente, Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en la que deberá revertir las políticas más regresivas en materia laboral del anterior Gobierno. Otras áreas en manos femeninas son Industria, Comercio y Turismo, de la que se ocupa Reyes Maroto, profesora asociada de Economía en la Universidad Carlos III; o Isabel Celaá, exconsejera vasca en los gobiernos de Patxi López, que se hará cargo de Educación y Formación Profesional y de dar la cara como portavoz del Gobierno.
Carmen Montón dirigirá Sanidad, Consumo y Bienestar Social con el bagaje que trae de su paso como consejera valenciana en estos mismos asuntos, demostrando ser contraria a las privatizaciones y a los lobbies farmacéuticos; y Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, confuso nombre para el departamento encargado de Energía, Cambio Climático y Medioambiente.
Mención especial merece la titular de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que desde su despacho ministerial deberá afrontar el “problema” de Cataluña, de donde es originaria, para encauzarlo por la senda de la legalidad y normalidad institucional, haciendo uso de sus simpatías federalistas y sus relaciones con los actores de la política catalana.
En definitiva, son 17 carteras ministeriales –cuatro más que las del anterior Ejecutivo– para un Gobierno cuya solvencia, capacidad e idoneidad no se cuestiona, pero que resultó elegido para erradicar la corrupción institucional y partidista que representaba el Partido Popular (PP) y convocar elecciones en cuanto la situación lo permitiera.
La excusa que ha justificado la moción de censura presentada por los socialistas ha sido la corrupción que anidaba en el PP y la incapacidad de esa formación para asumir responsabilidades, creyéndose perdonada por el voto de los ciudadanos.
La sentencia del caso Gürtel, que culpabilizaba por primera vez a un partido político por su participación, aun a título lucrativo, en la corrupción, causó tal indignación que aglutinó el voto mayoritario del Congreso en torno a esa oportuna moción de censura socialista. Había que orear el enrarecido ambiente político que la corrupción del PP había provocado y oxigenar con ética y decencia el ejercicio de la política.
Pero, tal como está diseñado, el Gobierno de Pedro Sánchez parece exceder tales cometidos y abrigar la intención de completar la Legislatura antes de devolver la voz a los ciudadanos para que decidan. La solidez de su composición está enfocada a demostrar voluntad de persistencia, mediante una gestión eficaz y progresista, todo lo que le sea posible, a pesar de que no dispone de mayoría en el Parlamento que le asegure la permanencia que desea.
Su presentación ante los medios transmite la sensación de ser demasiado Gobierno para tan poca Legislatura y maniatado por un Presupuesto del anterior Ejecutivo. Es decir, demasiados condicionantes y obstáculos para la ardua tarea de perdurar lo que resta de mandato, puesto que su legitimidad, hasta que unas elecciones la validen, pasa por impulsar medidas de prevención, lucha y extirpación de toda corrupción e irregularidades que afloren en la “cosa política”, ya sea en las instituciones o, cuando menos, en el Partido Socialista, que precisamente gobierna con ese cometido tras ganar su moción de censura.
Que persiga, además, realizar políticas transformadoras, progresistas y transparentes desde un Gobierno sólido que inspire confianza en los ciudadanos, es una aspiración partidista que, aparte de ser intrínseca al objetivo de todo partido político, debería haberse esclarecido como programa de gobierno durante el debate de investidura del nuevo presidente.
Haber ocultado tales intenciones, por loables que sean, haciendo hincapié en la necesidad de regeneración ética de la política como argumento para derrocar al anterior Ejecutivo, no deja de ser un acto indigno de oportunismo partidista y de premeditado cálculo electoral.
Cabe la posibilidad que tal estrategia por conquistar la confianza del electorado, acometiendo iniciativas de gran calado y de un impacto que supere lo simplemente mediático, coincida con las expectativas de los ciudadanos y alcance un insospechado refrendo parlamentario. De lo contrario, no sólo parecerá un Gobierno excesivo para tan breve recorrido legislativo, sino una espectacular tomadura de pelo a ciudadanos ilusos que creían que, con 84 diputados en un Congreso de 350 escaños, se podía dar la vuelta a España como un calcetín. Ojalá me equivoque.
DANIEL GUERRERO
