El presidente de Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha “celebrado” la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), de la Orden de 26 de julio de 2018, por la que se distribuyen créditos entre ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales, al objeto de financiar el refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de Renta Mínima de Inserción Social.
Con esta orden, según Rodríguez Villalobos, el Gobierno andaluz “combate la desigualdad y la precariedad que ha traído consigo la crisis económica y las reformas laborales, reforzando su compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad”. De esta manera, “avanzamos para conseguir que las personas más vulnerables tengan una vida digna con el fin de “erradicar la marginación, la desigualdad y la lucha contra la exclusión social, con un plan de inclusión e inserción socio-laboral”.
La Renta Mínima de Inserción Social implica tanto a las consejerías de Igualdad y Políticas Sociales, de Empleo, Empresa y Comercio, de Educación, Salud, Fomento y Vivienda, de la Junta de Andalucía así como a las entidades locales andaluzas, a través de los Servicios Sociales Comunitarios.
Rodríguez Villalobos ha subrayado que “las corporaciones locales, a través de los Servicios Sociales Comunitarios, participan en la gestión de la Renta Mínima de Inserción Social asumiendo la detección de las personas en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo”.
Así como el “asesoramiento” de las solicitudes y la documentación a presentar, su recepción y la remisión a la delegación territorial competente para resolverlas; “la negociación, elaboración y suscripción” con las personas beneficiarias de los Planes de inclusión sociolaboral y con el Servicio Andaluz de Empleo; el “seguimiento de la participación de las personas incluidas” en los Planes de inclusión y su desarrollo; y la comunicación a la Administración Autonómica.
Este proceso requerirá “reforzar el número de profesionales” que trabajan en los Servicios Sociales Comunitarios para “favorecer el desarrollo de las competencias” que tienen atribuidas las Entidades Locales en materia de Renta Mínima de Inserción Social, apuntó el presidente de la FAMP.
El presupuesto destinado a financiar este acuerdo asciende a 2.747.096 euros en 2018. Mediante la aportación de esta partida se financia la contratación por parte de las entidades locales, para un periodo de cuatro meses, desde septiembre a diciembre, en 2018 de una o más personas que posean la titulación de Diplomatura o Grado en Trabajo Social, por cada una de las 220 Zonas Básicas de Servicios Sociales que dispusieron de más de 185 unidades familiares perceptoras de ingreso mínimo de solidaridad en los años 2015 y 2016.
Estas cantidades las canalizará la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a las Entidades Locales a las que se refiere esta Orden y se abonarán en concepto de transferencias de financiación mediante un pago único.
Las entidades locales deberán presentar, en el plazo de nueve meses desde la fecha de materialización del pago una certificación emitida por la Intervención de la respectiva corporación local de que los fondos recibidos de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales han sido destinados a la finalidad prevista. Asimismo, deberán cumplimentar una ficha de refuerzo de personal con motivo de la Renta Mínima de Inserción Social, que será incluida en una aplicación informática de evaluación del Plan Concertado a partir de este año.
Con esta orden, según Rodríguez Villalobos, el Gobierno andaluz “combate la desigualdad y la precariedad que ha traído consigo la crisis económica y las reformas laborales, reforzando su compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad”. De esta manera, “avanzamos para conseguir que las personas más vulnerables tengan una vida digna con el fin de “erradicar la marginación, la desigualdad y la lucha contra la exclusión social, con un plan de inclusión e inserción socio-laboral”.
La Renta Mínima de Inserción Social implica tanto a las consejerías de Igualdad y Políticas Sociales, de Empleo, Empresa y Comercio, de Educación, Salud, Fomento y Vivienda, de la Junta de Andalucía así como a las entidades locales andaluzas, a través de los Servicios Sociales Comunitarios.
Rodríguez Villalobos ha subrayado que “las corporaciones locales, a través de los Servicios Sociales Comunitarios, participan en la gestión de la Renta Mínima de Inserción Social asumiendo la detección de las personas en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo”.
Así como el “asesoramiento” de las solicitudes y la documentación a presentar, su recepción y la remisión a la delegación territorial competente para resolverlas; “la negociación, elaboración y suscripción” con las personas beneficiarias de los Planes de inclusión sociolaboral y con el Servicio Andaluz de Empleo; el “seguimiento de la participación de las personas incluidas” en los Planes de inclusión y su desarrollo; y la comunicación a la Administración Autonómica.
Este proceso requerirá “reforzar el número de profesionales” que trabajan en los Servicios Sociales Comunitarios para “favorecer el desarrollo de las competencias” que tienen atribuidas las Entidades Locales en materia de Renta Mínima de Inserción Social, apuntó el presidente de la FAMP.
El presupuesto destinado a financiar este acuerdo asciende a 2.747.096 euros en 2018. Mediante la aportación de esta partida se financia la contratación por parte de las entidades locales, para un periodo de cuatro meses, desde septiembre a diciembre, en 2018 de una o más personas que posean la titulación de Diplomatura o Grado en Trabajo Social, por cada una de las 220 Zonas Básicas de Servicios Sociales que dispusieron de más de 185 unidades familiares perceptoras de ingreso mínimo de solidaridad en los años 2015 y 2016.
Estas cantidades las canalizará la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a las Entidades Locales a las que se refiere esta Orden y se abonarán en concepto de transferencias de financiación mediante un pago único.
Las entidades locales deberán presentar, en el plazo de nueve meses desde la fecha de materialización del pago una certificación emitida por la Intervención de la respectiva corporación local de que los fondos recibidos de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales han sido destinados a la finalidad prevista. Asimismo, deberán cumplimentar una ficha de refuerzo de personal con motivo de la Renta Mínima de Inserción Social, que será incluida en una aplicación informática de evaluación del Plan Concertado a partir de este año.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
