Por mucho que la moral, lo “políticamente correcto” o la dignidad inherente de las personas nos hagan no aceptarlo y nos inclinen a ignorar lo que sucede en nuestras ciudades, en todas las urbes del planeta, lo cierto es que la prostitución es una realidad tan cotidiana como la mayoría de las profesiones que se pueden ejercer hoy en día.
De hecho, es una práctica tan antigua que se tiene constancia de ella, tolerada o perseguida, casi desde que el hombre es hombre y la mujer, una poderosa atracción sexual que despierta los más bajos instintos de ese macho que la educación y las religiones no han podido domeñar en el ser humano.
Pero no son las mujeres, conscientes de ese poder para desatar pasiones incontroladas en la entrepierna varonil, las que hayan optado por ganarse la vida voluntariamente y explotar su capacidad sexual para satisfacer aquella obsesiva pulsión masculina, sino que han sido –y son– los hombres los que, percibiendo la oportunidad de un fácil y lucrativo negocio, tan perenne como el de la muerte (los burdeles y las funerarias no acusan las crisis del mercado), los que han levantado y controlado el tráfico comercial de la carne y la trata de mujeres, en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de ellas. Los datos disponibles apuntan a que alrededor del 90 por ciento de las prostitutas son obligadas a ello de manera forzada.
No resulta extraño, por tanto, que produjera estupor e incredulidad, como le pasó a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, cuando tuvo conocimiento de la resolución adoptada por el Ministerio del que es titular, la autorización de un supuesto sindicato de trabajadoras de la prostitución, denominado Otras, cuya resolución favorable salió publicada en el BOE.
Una sorpresa causada por el hecho de que, aunque la prostitución no está prohibida ni regulada en España, manteniéndose en un limbo legal del que se aprovechan las mafias y los proxenetas, su actividad no se considera un trabajo legal por vulnerar los derechos y la dignidad de la mujer.
Y es que la práctica de la prostitución no es consecuencia de la libertad sexual ni del voluntario disfrute del placer corporal de la mujer, sino que viene inducida por la violencia, la pobreza, la marginación social y económica y la opresión masculina, todo ello favorecido por una cultura sexista, una sociedad patriarcal y una mentalidad machista que considera a la mujer simple objeto a su entera disposición y no sujeto con derechos, como cualquier persona, independientemente de su sexo.
Un sindicato de prostitutas resulta tan chocante como uno de esclavos, puestos que ambos no están constituidos por trabajadores que ejerzan una actividad escogida y ejercida de manera voluntaria, sino por imperativos de fuerza y opresión, con los que se explota su capacidad comercial –como gladiadores en la época romana, laboral y de servicio en las plantaciones americanas o sexual en la actualidad– cual objetos utilitarios que, en el caso de las prostitutas, han sido esclavizadas, en gran parte, tras haber sido engañadas con falsas promesas de trabajo y secuestradas en burdeles. La inmensa mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución en España provienen de familias sin recursos y de procedencia extranjera, como Rumanía, Bulgaria, Nigeria, Sierra Leona, Brasil, República Dominicana y otros países.
La prostitución es, en realidad, un fenómeno social que afecta a las mujeres pero está causado por los hombres, que son quienes generan y fomentan la explotación sexual con fines comerciales y lucrativos. Pocas mujeres se prestarían voluntariamente y sin necesidad a la práctica sexual como negocio, salvo excepciones explicadas por una ambición desmesurada (prostitutas de lujo, por ejemplo) o trastornos psíquicos o psiquiátricos.
Distinto es el impulso insaciable al deseo sexual, sin ánimo de lucro, al que se entregan ninfómanas y sátiros en sus aventuras con multitud de parejas, aunque se las califique a ellas de "putas". Con ayuda y elección para poder evitarla, ninguna mujer proclive por su situación a la prostitución caería presa de un “negocio” que las esclaviza.
En cualquier caso, se trata de un problema que es necesario abordar y, si no resolver, cuando menos paliar en sus repercusiones negativas para la mujer, única víctima de una situación de abusos físico, sexual y emocional, pero también social y hasta moral.
Hasta tal grado soportan todo tipo de presiones y opresiones que viven atemorizadas y sin capacidad de denunciar ante las autoridades e instituciones su propio calvario. En tal sentido, las ONG prestan una labor imprescindible a la hora de identificar a las víctimas de trata por parte de mafias y proxenetas, y para arrancar de sus tentáculos a mujeres indefensas, oprimidas y manipuladas, e integrarlas a una vida de derechos, oportunidades y pleno reconocimiento de su dignidad como personas.
Y hay que tomar medidas, aparte de por razones de estricta justicia, porque la prostitución, como desean los promotores del sindicato de marras, es un fenómeno que va en aumento a causa de la pobreza, la marginación y las desigualdades que aún perduran en nuestras sociedades y, lo que es peor, en la mentalidad predominante: machista, por supuesto.
Entre el prohibicionismo y el abolicionismo, existe espacio para una regulación legal de la prostitución que tenga en cuenta, primordialmente, a la mujer y el respeto de sus derechos y dignidad. Antes de pensar que ser puta pueda ser una profesión de libre y voluntaria elección por parte de cualquier mujer e incluir ese trabajo en el registro fiscal de actividades económicas, se deberían erradicar las condiciones de desigualdad y carencias que la hacen posible y las mafias y proxenetas que explotan, no como empresarios sino como negreros, el comercio carnal con la mujer, incluso sin su voluntad ni consentimiento.
Y, desde luego, antes también que reconocer un inverosímil sindicato de rameras que ejercen una supuesta “profesión”, en régimen de esclavitud la mayoría de ellas. ¿Qué intereses defenderá ese simulacro de sindicato? ¿Seguir esclavizándolas?
De hecho, es una práctica tan antigua que se tiene constancia de ella, tolerada o perseguida, casi desde que el hombre es hombre y la mujer, una poderosa atracción sexual que despierta los más bajos instintos de ese macho que la educación y las religiones no han podido domeñar en el ser humano.
Pero no son las mujeres, conscientes de ese poder para desatar pasiones incontroladas en la entrepierna varonil, las que hayan optado por ganarse la vida voluntariamente y explotar su capacidad sexual para satisfacer aquella obsesiva pulsión masculina, sino que han sido –y son– los hombres los que, percibiendo la oportunidad de un fácil y lucrativo negocio, tan perenne como el de la muerte (los burdeles y las funerarias no acusan las crisis del mercado), los que han levantado y controlado el tráfico comercial de la carne y la trata de mujeres, en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de ellas. Los datos disponibles apuntan a que alrededor del 90 por ciento de las prostitutas son obligadas a ello de manera forzada.
No resulta extraño, por tanto, que produjera estupor e incredulidad, como le pasó a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, cuando tuvo conocimiento de la resolución adoptada por el Ministerio del que es titular, la autorización de un supuesto sindicato de trabajadoras de la prostitución, denominado Otras, cuya resolución favorable salió publicada en el BOE.
Una sorpresa causada por el hecho de que, aunque la prostitución no está prohibida ni regulada en España, manteniéndose en un limbo legal del que se aprovechan las mafias y los proxenetas, su actividad no se considera un trabajo legal por vulnerar los derechos y la dignidad de la mujer.
Y es que la práctica de la prostitución no es consecuencia de la libertad sexual ni del voluntario disfrute del placer corporal de la mujer, sino que viene inducida por la violencia, la pobreza, la marginación social y económica y la opresión masculina, todo ello favorecido por una cultura sexista, una sociedad patriarcal y una mentalidad machista que considera a la mujer simple objeto a su entera disposición y no sujeto con derechos, como cualquier persona, independientemente de su sexo.
Un sindicato de prostitutas resulta tan chocante como uno de esclavos, puestos que ambos no están constituidos por trabajadores que ejerzan una actividad escogida y ejercida de manera voluntaria, sino por imperativos de fuerza y opresión, con los que se explota su capacidad comercial –como gladiadores en la época romana, laboral y de servicio en las plantaciones americanas o sexual en la actualidad– cual objetos utilitarios que, en el caso de las prostitutas, han sido esclavizadas, en gran parte, tras haber sido engañadas con falsas promesas de trabajo y secuestradas en burdeles. La inmensa mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución en España provienen de familias sin recursos y de procedencia extranjera, como Rumanía, Bulgaria, Nigeria, Sierra Leona, Brasil, República Dominicana y otros países.
La prostitución es, en realidad, un fenómeno social que afecta a las mujeres pero está causado por los hombres, que son quienes generan y fomentan la explotación sexual con fines comerciales y lucrativos. Pocas mujeres se prestarían voluntariamente y sin necesidad a la práctica sexual como negocio, salvo excepciones explicadas por una ambición desmesurada (prostitutas de lujo, por ejemplo) o trastornos psíquicos o psiquiátricos.
Distinto es el impulso insaciable al deseo sexual, sin ánimo de lucro, al que se entregan ninfómanas y sátiros en sus aventuras con multitud de parejas, aunque se las califique a ellas de "putas". Con ayuda y elección para poder evitarla, ninguna mujer proclive por su situación a la prostitución caería presa de un “negocio” que las esclaviza.
En cualquier caso, se trata de un problema que es necesario abordar y, si no resolver, cuando menos paliar en sus repercusiones negativas para la mujer, única víctima de una situación de abusos físico, sexual y emocional, pero también social y hasta moral.
Hasta tal grado soportan todo tipo de presiones y opresiones que viven atemorizadas y sin capacidad de denunciar ante las autoridades e instituciones su propio calvario. En tal sentido, las ONG prestan una labor imprescindible a la hora de identificar a las víctimas de trata por parte de mafias y proxenetas, y para arrancar de sus tentáculos a mujeres indefensas, oprimidas y manipuladas, e integrarlas a una vida de derechos, oportunidades y pleno reconocimiento de su dignidad como personas.
Y hay que tomar medidas, aparte de por razones de estricta justicia, porque la prostitución, como desean los promotores del sindicato de marras, es un fenómeno que va en aumento a causa de la pobreza, la marginación y las desigualdades que aún perduran en nuestras sociedades y, lo que es peor, en la mentalidad predominante: machista, por supuesto.
Entre el prohibicionismo y el abolicionismo, existe espacio para una regulación legal de la prostitución que tenga en cuenta, primordialmente, a la mujer y el respeto de sus derechos y dignidad. Antes de pensar que ser puta pueda ser una profesión de libre y voluntaria elección por parte de cualquier mujer e incluir ese trabajo en el registro fiscal de actividades económicas, se deberían erradicar las condiciones de desigualdad y carencias que la hacen posible y las mafias y proxenetas que explotan, no como empresarios sino como negreros, el comercio carnal con la mujer, incluso sin su voluntad ni consentimiento.
Y, desde luego, antes también que reconocer un inverosímil sindicato de rameras que ejercen una supuesta “profesión”, en régimen de esclavitud la mayoría de ellas. ¿Qué intereses defenderá ese simulacro de sindicato? ¿Seguir esclavizándolas?
DANIEL GUERRERO
