Era cuestión de tiempo –y de cinismo– que la recopilación de los perfiles ideológicos o políticos de los usuarios de Internet acabara realizándose con el mismo descaro con que se mapean nuestros gustos para atiborrarnos de anuncios publicitarios cada vez que visitamos páginas on line o adquirimos cualquier producto y utilizamos cualquier servicio por Internet.
Lo que ya venían haciendo de manera encubierta desde hace mucho tiempo múltiples agencias de inteligencia de todo el mundo –como la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos, que monitorizó las comunicaciones de ciudadanos de todas las latitudes e interceptó más de 60 millones de llamadas telefónicas en España– y otras muchas dedicadas a la vigilancia informática, ahora también lo podrán hacer los partidos políticos españoles para ofrecernos en la bandeja de la pantalla una “oferta” política afín a nuestro perfil ideológico.
Es lo que faltaba en el control de las personas para que ningún resquicio de la intimidad individual, incluyendo el pensamiento y la tendencia ideológica, quedara al margen de la explotación comercial y, desde ahora y de manera legal, también política.
Tal es el peligro que se deriva de la nueva Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales aprobada recientemente por el Senado, al incluir un artículo, el 58 bis, que permite que, por interés público, los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales puedan recopilar y elaborar bases de datos sobre la ideología de los internautas para la realización de actividades de propaganda electoral a través de medios electrónicos. El único límite establecido es que los datos se extraigan de “páginas web y fuentes de acceso público”.
Esta práctica, que estaba vetada a todo tipo de empresas y organizaciones e impedía el envío de propaganda si no existía un consentimiento previo, se consiente ahora sin ningún tipo de restricción a los partidos políticos, los cuales podrán inundar a los usuarios de Internet de spam (basura propagandística) durante las campañas electorales a partir de perfiles elaborados con “cookies” ideológicos, y sin ningún consentimiento expreso.
Para la Plataforma en Defensa de la Libertad de información (PDLI), resulta “escandaloso” que esta ley vaya a posibilitar en nuestro país actividades, como las que desarrolla Cambridge Analytica (CA), basadas en el envío masivo de propaganda electoral personalizada (microtargeting) sin consentimiento de los usuarios, que convierten los datos personales en mercancía electoral y, lo que es peor, en un arma de influencia esencial de la opinión pública.
Basta con recordar, para valorar el peligro al que nos referimos, que esa consultora británica fue acusada de manipular los datos de 50 millones de usuarios de Facebook con mensajes personalizados para influir en la campaña electoral de Donald Trump, en 2016. Y que la filial norteamericana de la misma aseguró tener información de más de 230 millones de electores estadounidenses, con la que elabora estrategias y útiles de comunicación que ofrece a empresas y organizaciones políticas interesadas en sus servicios.
Esa capacidad de “perfilar” las tendencias e ideologías de los ciudadanos se pone ahora a disposición de los partidos políticos de España para que la utilicen en el diseño de sus campañas electorales, sin que los usuarios de Internet tengan conocimiento de que sus datos y opiniones son recogidos y archivados sin su consentimiento.
Y aunque la finalidad es publicitaria, no es de extrañar que las posibilidades que brinda una herramienta de vigilancia informática de esta naturaleza abarque otros objetivos menos bondadosos. Porque, más allá de las “buenas intenciones” de las consultoras especializadas en el “big data” con fines publicitarios, existen muchas agencias dedicadas al spyware, es decir, a elaborar software de vigilancia del espacio virtual que rastrean todo tipo de información para prevenir, presuntamente, delitos.
La NSA no es la única agencia de inteligencia interesada en recopilar datos de los internautas, aunque sí la más poderosa y conocida, que se sepa, sin contar lo que hacen sus homólogas rusas interfiriendo en los comicios de medio mundo.
Si cada formación política puede elaborar su propia base de datos con el propósito de conocer el perfil ideológico de los usuarios de Internet, más que una Ley de Protección de Datos, lo que se está legalizando es la manipulación de las tendencias ideológicas de los usuarios con fines partidistas, permitiendo la proliferación de tantas NSA como partidos políticos haya en España.
Un peligro del que ya advirtió la ONU en 2014, cuando publicó un informe para alertar de que la recopilación masiva de datos personales “elimina cualquier consideración de proporcionalidad” y “genera interferencias” con el derecho a la privacidad.
Sin embargo, en España todos los partidos con representación parlamentaria votaron a favor de esta Ley en el Congreso de los Diputados, eximiéndose a ellos mismos, mediante el artículo 58 bis, de las restricciones que garantizan la protección de los datos personales y que, en todo caso, exigen el consentimiento previo de sus titulares a la hora de elaborar perfiles ideológicos basados en sus opiniones políticas.
Y aunque la Agencia Española de Protección de Datos ha salido al paso para recordar que no va a permitir el tratamiento de datos personales con tal finalidad, se mantiene la incredulidad de que, realmente, pueda impedir lo que la ley posibilita tan claramente, que es, simple y llanamente, espiar a los ciudadanos para elaborar el perfil ideológico de los votantes. Un aspecto de nuestra intimidad expuesto a ser almacenado por cookies ideológicos y que ha pasado a ser legal con esta ley, dejándonos completamente desnudos ante quienes nos escudriñan por Internet.
Lo que ya venían haciendo de manera encubierta desde hace mucho tiempo múltiples agencias de inteligencia de todo el mundo –como la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos, que monitorizó las comunicaciones de ciudadanos de todas las latitudes e interceptó más de 60 millones de llamadas telefónicas en España– y otras muchas dedicadas a la vigilancia informática, ahora también lo podrán hacer los partidos políticos españoles para ofrecernos en la bandeja de la pantalla una “oferta” política afín a nuestro perfil ideológico.
Es lo que faltaba en el control de las personas para que ningún resquicio de la intimidad individual, incluyendo el pensamiento y la tendencia ideológica, quedara al margen de la explotación comercial y, desde ahora y de manera legal, también política.
Tal es el peligro que se deriva de la nueva Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales aprobada recientemente por el Senado, al incluir un artículo, el 58 bis, que permite que, por interés público, los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales puedan recopilar y elaborar bases de datos sobre la ideología de los internautas para la realización de actividades de propaganda electoral a través de medios electrónicos. El único límite establecido es que los datos se extraigan de “páginas web y fuentes de acceso público”.
Esta práctica, que estaba vetada a todo tipo de empresas y organizaciones e impedía el envío de propaganda si no existía un consentimiento previo, se consiente ahora sin ningún tipo de restricción a los partidos políticos, los cuales podrán inundar a los usuarios de Internet de spam (basura propagandística) durante las campañas electorales a partir de perfiles elaborados con “cookies” ideológicos, y sin ningún consentimiento expreso.
Para la Plataforma en Defensa de la Libertad de información (PDLI), resulta “escandaloso” que esta ley vaya a posibilitar en nuestro país actividades, como las que desarrolla Cambridge Analytica (CA), basadas en el envío masivo de propaganda electoral personalizada (microtargeting) sin consentimiento de los usuarios, que convierten los datos personales en mercancía electoral y, lo que es peor, en un arma de influencia esencial de la opinión pública.
Basta con recordar, para valorar el peligro al que nos referimos, que esa consultora británica fue acusada de manipular los datos de 50 millones de usuarios de Facebook con mensajes personalizados para influir en la campaña electoral de Donald Trump, en 2016. Y que la filial norteamericana de la misma aseguró tener información de más de 230 millones de electores estadounidenses, con la que elabora estrategias y útiles de comunicación que ofrece a empresas y organizaciones políticas interesadas en sus servicios.
Esa capacidad de “perfilar” las tendencias e ideologías de los ciudadanos se pone ahora a disposición de los partidos políticos de España para que la utilicen en el diseño de sus campañas electorales, sin que los usuarios de Internet tengan conocimiento de que sus datos y opiniones son recogidos y archivados sin su consentimiento.
Y aunque la finalidad es publicitaria, no es de extrañar que las posibilidades que brinda una herramienta de vigilancia informática de esta naturaleza abarque otros objetivos menos bondadosos. Porque, más allá de las “buenas intenciones” de las consultoras especializadas en el “big data” con fines publicitarios, existen muchas agencias dedicadas al spyware, es decir, a elaborar software de vigilancia del espacio virtual que rastrean todo tipo de información para prevenir, presuntamente, delitos.
La NSA no es la única agencia de inteligencia interesada en recopilar datos de los internautas, aunque sí la más poderosa y conocida, que se sepa, sin contar lo que hacen sus homólogas rusas interfiriendo en los comicios de medio mundo.
Si cada formación política puede elaborar su propia base de datos con el propósito de conocer el perfil ideológico de los usuarios de Internet, más que una Ley de Protección de Datos, lo que se está legalizando es la manipulación de las tendencias ideológicas de los usuarios con fines partidistas, permitiendo la proliferación de tantas NSA como partidos políticos haya en España.
Un peligro del que ya advirtió la ONU en 2014, cuando publicó un informe para alertar de que la recopilación masiva de datos personales “elimina cualquier consideración de proporcionalidad” y “genera interferencias” con el derecho a la privacidad.
Sin embargo, en España todos los partidos con representación parlamentaria votaron a favor de esta Ley en el Congreso de los Diputados, eximiéndose a ellos mismos, mediante el artículo 58 bis, de las restricciones que garantizan la protección de los datos personales y que, en todo caso, exigen el consentimiento previo de sus titulares a la hora de elaborar perfiles ideológicos basados en sus opiniones políticas.
Y aunque la Agencia Española de Protección de Datos ha salido al paso para recordar que no va a permitir el tratamiento de datos personales con tal finalidad, se mantiene la incredulidad de que, realmente, pueda impedir lo que la ley posibilita tan claramente, que es, simple y llanamente, espiar a los ciudadanos para elaborar el perfil ideológico de los votantes. Un aspecto de nuestra intimidad expuesto a ser almacenado por cookies ideológicos y que ha pasado a ser legal con esta ley, dejándonos completamente desnudos ante quienes nos escudriñan por Internet.
DANIEL GUERRERO
