Es oportuno, para saber a qué atenernos, elaborar de vez en cuando un balance de lo conseguido por gobiernos de distinto color en la historia reciente de nuestro país. Un repaso somero de lo logrado para la sociedad por las distintas ideologías gobernantes podría servir para distinguir, con la verdad fáctica de los hechos, la diferencia entre unas y otras, y los intereses que las guían u orientan, no siempre al servicio del interés común.
Evidentemente, la valoración aquí expuesta no es exhaustiva ni se ajusta a un criterio de escrupulosa objetividad, lastrado siempre por la subjetividad del compilador, pero intenta ser honesto y respetar la realidad. De una valoración así se deduce, como conclusión general, que existen diferencias sensibles, respecto al progreso y los beneficios para la ciudadanía, entre lo perseguido y logrado por la derecha y lo ambicionado y realizado por la izquierda en España.
Y, a partir de esta información, se puede fundamentar la confianza que merecen las formaciones de una y otra ideología y la credibilidad de sus propuestas o promesas. Tal vez esto sea un objetivo demasiado ambicioso para un artículo periodístico, pero de lo que no cabe duda es que es un ejercicio sumamente interesante.
Hay que advertir, de entrada, que este balance, para que fuera viable, tuvo que arrancar en la restauración democrática en nuestro país, puesto que el período anterior había sido monopolizado por una dictadura durante más de cuarenta años, que no consentía los partidos políticos ni había posibilidad de que ninguna ideología pudiera manifestarse, como no fuera la fascista del dictador, so pena de cárcel o condena de muerte, bajo la acusación de rojo, masón o subversivo, sinónimos para un único delito: discrepar u oponerse a la opresión.
Por tanto, el repaso de lo realizado desde la Transición hasta la fecha, toda nuestra más reciente e histórica etapa democrática, constituye el material de este balance tan provisional como refrescante y emotivo.
Se inicia, como no podía ser de otra manera, con los sucesores de la dictadura, esa derecha que la sobrevivió, debidamente actualizada en sus formas, que no en su fondo, y que heredó el poder tras la muerte del dictador y la desaparición de su régimen.
Emergió en un contexto internacional y europeo que exigía la transformación del régimen franquista en una democracia formal y liberal, condición indispensable para que España fuese aceptada como un miembro más, con los mismos derechos y sin vetos por su singularidad autoritaria, entre las democracias del entorno. Era imprescindible, por tanto, una metamorfosis del régimen desde el punto de vista político, pero también social y económico.
Tal transformación no fue fruto de una repentina “iluminación” de los herederos del franquismo, sino una exigencia del contexto internacional, una demanda de la sociedad española, deseosa de respirar aires libres y permisivos, y una condición ineludible para el crecimiento económico y comercial. De este modo, no hubo más remedio que hacer la metamorfosis.
La gran suerte es que también hubo personas, miembros jóvenes del viejo régimen, que afrontaron el reto con enorme honestidad y valentía política, a pesar de que existían sectores muy poderosos del aparato franquista –Ejército, oligarquía, la jerarquía católica...– que no estaban dispuestos a acometer cambio alguno, como demostraron con el frustrado Golpe de Estado de febrero de 1981.
Y es en aquel ambiente enrarecido en el que emerge la figura de Adolfo Suárez (antiguo ministro del Movimiento, en 1975), entre otros (Torcuato Fernández Miranda, Fernando Suárez...), como líder providencial. Un político tan milagroso como la moderación de una oposición, incluso en la clandestinidad, que también supuso un factor positivo que favoreció lo que posteriormente conocemos como la Transición: el paso incruento de la dictadura a la democracia.
En este balance ideológico habría que valorar de positivos los resultados de los distintos gobiernos de Suárez en la cimentación para la modernización de España y el saber conducirla desde los restos de la dictadura hacia un régimen democrático comparable a los europeos.
Así, permitió la existencia de los partidos políticos, incluido el comunista (la bestia negra del franquismo), y la legalización de los sindicatos; elaboró leyes para que las Cortes franquistas se hicieran el “haraquiri” y dieran paso a otra cámara que representara realmente la voluntad popular, libremente expresada en las urnas; culminó los Pactos de la Moncloa, consiguiendo el apoyo de la oposición para encarar reformas estructurales que permitieran equilibrar la economía, frenando la inflación y creando con el IRPF una fiscalidad progresiva, y encaminar la sociedad hacia un futuro de progreso y libertad. Y lo más destacado, consiguió que bajo su mandato se elaborara la Constitución, el texto legal que todavía hoy ampara y regula nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.
Es indiscutible que la derecha española, bajo las riendas de Adolfo Suárez, se apuntó a su favor el trascendental paso de transitar desde el impresentable régimen dictatorial hacia la democracia de una manera pacífica, además de poner los mimbres para la necesaria modernización política y social del país, como puso de manifiesto la primera ley del Divorcio de la democracia, que aprobó en 1981 con el rechazo frontal de la Iglesia Católica y de sectores democristianos de su propio partido.
Es cierto que tal transformación no fue obra de una persona en solitario, pero el presidente Suárez fue quien logró concitar los consensos y los talentos que la hicieron posible. Por tal razón, no hay que restarle los méritos ni el protagonismo que se merece, a pesar de que se creó enemigos, dentro y fuera de su partido, que finalmente consiguieron derribarlo del poder, materializado con su dimisión en 1981, tras cerca de cinco años al frente del Ejecutivo.
Nunca antes, la derecha española había sido menos dogmática y más abierta al progreso social, aunque es verdad que venía de una etapa de total cerrazón. Pero también actuó con menos sectarismo como en el futuro haría, como veremos. En cualquier caso, en el haber de Adolfo Suárez destaca haber sido el primer presidente de Gobierno de la Democracia y ganar las primeras elecciones democráticas celebradas en este país (1977 y 1979). Lo que no es poco.
Tras ese hundimiento de una derecha metamorfoseada, ascendió una izquierda representada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el cual había ganado las elecciones de 1982 que convirtieron a Felipe González en el primer presidente de un Gobierno socialista en España, después de la dictadura, un cargo que conservaría durante cuatro legislaturas consecutivas, 14 años. Es un período extremadamente dilatado como para que se produzcan luces y sombras.
Las dos primeras legislaturas fueron prolijas en “luces”, pues estuvieron dedicadas a la consecución de una serie de reformas tendentes a consolidar la democracia y reforzar el llamado Estado de Bienestar. Fruto de tales esfuerzos, es justo señalar como logros de la izquierda la reducción de la jornada laboral, desde las más de 60 horas que se podían efectuar, a 40 horas semanales, y el aumento a un mes de vacaciones al año para todo trabajador.
También, el impulso de la modernización de la enseñanza y de la sanidad, mediante leyes orgánicas que extendieron la enseñanza pública gratuita hasta los 16 años, incorporando el sistema de colegios concertados, y ampliaron la asistencia sanitaria pública, gratuita y universal a todos los españoles, sin depender de las cotizaciones de los trabajadores.
En política exterior, los gobiernos socialistas consiguieron la integración de España en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, y aseguraron una nueva alianza de seguridad con la OTAN, iniciativa esta última que obligó al PSOE a cambiar su posición inicial, contraria a la OTAN, a la de liderar un referéndum de carácter consultivo a favor de la permanencia en la misma, logrando tal objetivo.
También suscribieron un nuevo Convenio de Cooperación Militar con EE UU que permitió reducir sus contingentes en nuestro país y limitar su presencia a las bases de utilización conjunta de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz). Al mismo tiempo, gracias a negociaciones bilaterales con Reino Unido, pudieron abrir la “verja” de Gibraltar y restablecer las comunicaciones y el tránsito de personas, vehículos y mercancías entre España y la colonia.
Un aspecto delicado en aquellos tiempos era el Ejército. Sin embargo, los gobiernos socialistas impulsaron un proceso reformador de las Fuerzas Armadas, con objeto de democratizar al Ejército y restarle privilegios y tendencias tutelares de la sociedad.
Con tacto y decisión, lograron que estas Fuerzas estuvieran subordinadas al poder civil, evitando así, o al menos minimizando, cualquier intento de sublevación o golpe de Estado. Además, pasaron a estar integradas en la estructura de la OTAN, lo que les hacía participar de otra cultura de servicio profesional al país y de defensa de la democracia e intereses españoles en cualquier parte del mundo. No menos trascendental fue el ingreso de la mujer en las Fuerzas Armadas, en 1988.
En lo económico, los Gobiernos socialistas emprendieron desde la primera legislatura la modernización de la estructura industrial del país, en su mayor parte obsoleta y subsidiada, incapaz de competir. Las reconversiones emprendidas por los socialistas, tanto en la industria pesada como en la siderurgia y los astilleros, tuvieron consecuencias traumáticas para el empleo y el impacto económico en varias regiones, como el País Vasco, Cantabria, Valencia, Andalucía y otros.
Tales reconversiones acarrearon dos huelgas generales en el país, secundadas incluso por el sindicato socialista UGT, que se desmarcó de la política gubernamental. Por otra parte, el Gobierno procedió a la expropiación del holding de Rumasa, un grupo empresarial privado, propiedad de José María Ruiz Mateos, que, según el ministro de Economía, Miguel Boyer, se hallaba virtualmente en quiebra.
Los socialistas también acometieron la reestructuración y redefinición de todas las empresas de titularidad pública, un entramado de más de 200 sociedades de múltiples sectores, como SEAT, Sidenor, Enagás..., con objeto de liquidar las que no fueran rentables y abrir al mercado, mediante la venta de acciones en bolsa, a las restantes.
Toda esta modernización de la economía y del tejido industrial estaba enfocado a su adecuación a los estándares europeos y, después del ingreso en la CEE en 1986, a una política de subvenciones acorde con los criterios de racionalidad y viabilidad que exigía Bruselas.
España, tras años de negociaciones, logró adherirse a la Comunidad Económica Europea, un Acta que firmó Felipe González en 1985. La pertenencia a la CEE, cuyo ingreso formal se produjo el 1 de enero de 1986, junto con Portugal, supuso transformar el proteccionismo estatal y una economía autárquica en una estructura más sólida y competitiva que pudiera insertarse en el conjunto del Mercado Interior Único, después de un periodo de adaptación y reformas, en un afán por reducir el diferencial con los países socios e igualar la media de renta comunitaria. Todavía estamos en ello.
En lo que pudiera ser su bandera más preciada, los socialistas, en lo social, se atrevieron a despenalizar parcialmente el aborto, con la promulgación de una ley de interrupción del embarazo en centros públicos o privados, que contemplaba tres supuestos: en caso de violación (hasta las primeras 12 semanas de gestación), si existían taras graves o psíquicas del feto (hasta las 22 semanas) y en caso de riesgo grave para la salud física y psíquica de la madre (sin límite temporal).
En un país católico y tradicionalmente conservador, esta liberalización de las costumbres desató una fuerte polémica, llegando incluso a ser recurrida por los conservadores ante el Tribunal Constitucional. A camino entre lo económico y lo social se podría destacar la celebración de la Exposición Universal en Sevilla y la Olimpiadas en Barcelona, en 1992, por los réditos que dieron en ambos aspectos.
Capítulo aparte merece la lucha contra el terrorismo, fundamentalmente, de ETA. Con Felipe González, que logró el acuerdo denominado Pactos de Ajuria Enea, que comprometieron a las fuerzas políticas con la democracia y en contra del terrorismo, se comenzó a derrotar la sangrienta historia de la banda terrorista y ganar el apoyo de la ciudadanía.
También se cometieron graves errores, como la creación de los GAL (Grupos antiterroristas de liberación) y la “guerra sucia” contra ETA. Esta chapuza policial, financiada por el Ministerio del Interior, degeneró en el declive de los gobiernos socialistas, que, además, acumularon durante su larga permanencia en el poder varios casos de corrupción (Casos Filesa, Ibercorp, Juan Guerra, Roldán...) que socavaron la confianza en ellos y, finalmente, los apearon de la poltrona.
El declive socialista fue paulatino y abarcó sus dos últimas legislaturas, hasta que, en 1996, la derecha recupera el poder, consumido el período de gobiernos socialistas. Pero eso ya formará parte de otro capítulo.
Evidentemente, la valoración aquí expuesta no es exhaustiva ni se ajusta a un criterio de escrupulosa objetividad, lastrado siempre por la subjetividad del compilador, pero intenta ser honesto y respetar la realidad. De una valoración así se deduce, como conclusión general, que existen diferencias sensibles, respecto al progreso y los beneficios para la ciudadanía, entre lo perseguido y logrado por la derecha y lo ambicionado y realizado por la izquierda en España.
Y, a partir de esta información, se puede fundamentar la confianza que merecen las formaciones de una y otra ideología y la credibilidad de sus propuestas o promesas. Tal vez esto sea un objetivo demasiado ambicioso para un artículo periodístico, pero de lo que no cabe duda es que es un ejercicio sumamente interesante.
Hay que advertir, de entrada, que este balance, para que fuera viable, tuvo que arrancar en la restauración democrática en nuestro país, puesto que el período anterior había sido monopolizado por una dictadura durante más de cuarenta años, que no consentía los partidos políticos ni había posibilidad de que ninguna ideología pudiera manifestarse, como no fuera la fascista del dictador, so pena de cárcel o condena de muerte, bajo la acusación de rojo, masón o subversivo, sinónimos para un único delito: discrepar u oponerse a la opresión.
Por tanto, el repaso de lo realizado desde la Transición hasta la fecha, toda nuestra más reciente e histórica etapa democrática, constituye el material de este balance tan provisional como refrescante y emotivo.
Se inicia, como no podía ser de otra manera, con los sucesores de la dictadura, esa derecha que la sobrevivió, debidamente actualizada en sus formas, que no en su fondo, y que heredó el poder tras la muerte del dictador y la desaparición de su régimen.
Emergió en un contexto internacional y europeo que exigía la transformación del régimen franquista en una democracia formal y liberal, condición indispensable para que España fuese aceptada como un miembro más, con los mismos derechos y sin vetos por su singularidad autoritaria, entre las democracias del entorno. Era imprescindible, por tanto, una metamorfosis del régimen desde el punto de vista político, pero también social y económico.
Tal transformación no fue fruto de una repentina “iluminación” de los herederos del franquismo, sino una exigencia del contexto internacional, una demanda de la sociedad española, deseosa de respirar aires libres y permisivos, y una condición ineludible para el crecimiento económico y comercial. De este modo, no hubo más remedio que hacer la metamorfosis.
La gran suerte es que también hubo personas, miembros jóvenes del viejo régimen, que afrontaron el reto con enorme honestidad y valentía política, a pesar de que existían sectores muy poderosos del aparato franquista –Ejército, oligarquía, la jerarquía católica...– que no estaban dispuestos a acometer cambio alguno, como demostraron con el frustrado Golpe de Estado de febrero de 1981.
Y es en aquel ambiente enrarecido en el que emerge la figura de Adolfo Suárez (antiguo ministro del Movimiento, en 1975), entre otros (Torcuato Fernández Miranda, Fernando Suárez...), como líder providencial. Un político tan milagroso como la moderación de una oposición, incluso en la clandestinidad, que también supuso un factor positivo que favoreció lo que posteriormente conocemos como la Transición: el paso incruento de la dictadura a la democracia.
En este balance ideológico habría que valorar de positivos los resultados de los distintos gobiernos de Suárez en la cimentación para la modernización de España y el saber conducirla desde los restos de la dictadura hacia un régimen democrático comparable a los europeos.
Así, permitió la existencia de los partidos políticos, incluido el comunista (la bestia negra del franquismo), y la legalización de los sindicatos; elaboró leyes para que las Cortes franquistas se hicieran el “haraquiri” y dieran paso a otra cámara que representara realmente la voluntad popular, libremente expresada en las urnas; culminó los Pactos de la Moncloa, consiguiendo el apoyo de la oposición para encarar reformas estructurales que permitieran equilibrar la economía, frenando la inflación y creando con el IRPF una fiscalidad progresiva, y encaminar la sociedad hacia un futuro de progreso y libertad. Y lo más destacado, consiguió que bajo su mandato se elaborara la Constitución, el texto legal que todavía hoy ampara y regula nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.
Es indiscutible que la derecha española, bajo las riendas de Adolfo Suárez, se apuntó a su favor el trascendental paso de transitar desde el impresentable régimen dictatorial hacia la democracia de una manera pacífica, además de poner los mimbres para la necesaria modernización política y social del país, como puso de manifiesto la primera ley del Divorcio de la democracia, que aprobó en 1981 con el rechazo frontal de la Iglesia Católica y de sectores democristianos de su propio partido.
Es cierto que tal transformación no fue obra de una persona en solitario, pero el presidente Suárez fue quien logró concitar los consensos y los talentos que la hicieron posible. Por tal razón, no hay que restarle los méritos ni el protagonismo que se merece, a pesar de que se creó enemigos, dentro y fuera de su partido, que finalmente consiguieron derribarlo del poder, materializado con su dimisión en 1981, tras cerca de cinco años al frente del Ejecutivo.
Nunca antes, la derecha española había sido menos dogmática y más abierta al progreso social, aunque es verdad que venía de una etapa de total cerrazón. Pero también actuó con menos sectarismo como en el futuro haría, como veremos. En cualquier caso, en el haber de Adolfo Suárez destaca haber sido el primer presidente de Gobierno de la Democracia y ganar las primeras elecciones democráticas celebradas en este país (1977 y 1979). Lo que no es poco.
Tras ese hundimiento de una derecha metamorfoseada, ascendió una izquierda representada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el cual había ganado las elecciones de 1982 que convirtieron a Felipe González en el primer presidente de un Gobierno socialista en España, después de la dictadura, un cargo que conservaría durante cuatro legislaturas consecutivas, 14 años. Es un período extremadamente dilatado como para que se produzcan luces y sombras.
Las dos primeras legislaturas fueron prolijas en “luces”, pues estuvieron dedicadas a la consecución de una serie de reformas tendentes a consolidar la democracia y reforzar el llamado Estado de Bienestar. Fruto de tales esfuerzos, es justo señalar como logros de la izquierda la reducción de la jornada laboral, desde las más de 60 horas que se podían efectuar, a 40 horas semanales, y el aumento a un mes de vacaciones al año para todo trabajador.
También, el impulso de la modernización de la enseñanza y de la sanidad, mediante leyes orgánicas que extendieron la enseñanza pública gratuita hasta los 16 años, incorporando el sistema de colegios concertados, y ampliaron la asistencia sanitaria pública, gratuita y universal a todos los españoles, sin depender de las cotizaciones de los trabajadores.
En política exterior, los gobiernos socialistas consiguieron la integración de España en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, y aseguraron una nueva alianza de seguridad con la OTAN, iniciativa esta última que obligó al PSOE a cambiar su posición inicial, contraria a la OTAN, a la de liderar un referéndum de carácter consultivo a favor de la permanencia en la misma, logrando tal objetivo.
También suscribieron un nuevo Convenio de Cooperación Militar con EE UU que permitió reducir sus contingentes en nuestro país y limitar su presencia a las bases de utilización conjunta de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz). Al mismo tiempo, gracias a negociaciones bilaterales con Reino Unido, pudieron abrir la “verja” de Gibraltar y restablecer las comunicaciones y el tránsito de personas, vehículos y mercancías entre España y la colonia.
Un aspecto delicado en aquellos tiempos era el Ejército. Sin embargo, los gobiernos socialistas impulsaron un proceso reformador de las Fuerzas Armadas, con objeto de democratizar al Ejército y restarle privilegios y tendencias tutelares de la sociedad.
Con tacto y decisión, lograron que estas Fuerzas estuvieran subordinadas al poder civil, evitando así, o al menos minimizando, cualquier intento de sublevación o golpe de Estado. Además, pasaron a estar integradas en la estructura de la OTAN, lo que les hacía participar de otra cultura de servicio profesional al país y de defensa de la democracia e intereses españoles en cualquier parte del mundo. No menos trascendental fue el ingreso de la mujer en las Fuerzas Armadas, en 1988.
En lo económico, los Gobiernos socialistas emprendieron desde la primera legislatura la modernización de la estructura industrial del país, en su mayor parte obsoleta y subsidiada, incapaz de competir. Las reconversiones emprendidas por los socialistas, tanto en la industria pesada como en la siderurgia y los astilleros, tuvieron consecuencias traumáticas para el empleo y el impacto económico en varias regiones, como el País Vasco, Cantabria, Valencia, Andalucía y otros.
Tales reconversiones acarrearon dos huelgas generales en el país, secundadas incluso por el sindicato socialista UGT, que se desmarcó de la política gubernamental. Por otra parte, el Gobierno procedió a la expropiación del holding de Rumasa, un grupo empresarial privado, propiedad de José María Ruiz Mateos, que, según el ministro de Economía, Miguel Boyer, se hallaba virtualmente en quiebra.
Los socialistas también acometieron la reestructuración y redefinición de todas las empresas de titularidad pública, un entramado de más de 200 sociedades de múltiples sectores, como SEAT, Sidenor, Enagás..., con objeto de liquidar las que no fueran rentables y abrir al mercado, mediante la venta de acciones en bolsa, a las restantes.
Toda esta modernización de la economía y del tejido industrial estaba enfocado a su adecuación a los estándares europeos y, después del ingreso en la CEE en 1986, a una política de subvenciones acorde con los criterios de racionalidad y viabilidad que exigía Bruselas.
España, tras años de negociaciones, logró adherirse a la Comunidad Económica Europea, un Acta que firmó Felipe González en 1985. La pertenencia a la CEE, cuyo ingreso formal se produjo el 1 de enero de 1986, junto con Portugal, supuso transformar el proteccionismo estatal y una economía autárquica en una estructura más sólida y competitiva que pudiera insertarse en el conjunto del Mercado Interior Único, después de un periodo de adaptación y reformas, en un afán por reducir el diferencial con los países socios e igualar la media de renta comunitaria. Todavía estamos en ello.
En lo que pudiera ser su bandera más preciada, los socialistas, en lo social, se atrevieron a despenalizar parcialmente el aborto, con la promulgación de una ley de interrupción del embarazo en centros públicos o privados, que contemplaba tres supuestos: en caso de violación (hasta las primeras 12 semanas de gestación), si existían taras graves o psíquicas del feto (hasta las 22 semanas) y en caso de riesgo grave para la salud física y psíquica de la madre (sin límite temporal).
En un país católico y tradicionalmente conservador, esta liberalización de las costumbres desató una fuerte polémica, llegando incluso a ser recurrida por los conservadores ante el Tribunal Constitucional. A camino entre lo económico y lo social se podría destacar la celebración de la Exposición Universal en Sevilla y la Olimpiadas en Barcelona, en 1992, por los réditos que dieron en ambos aspectos.
Capítulo aparte merece la lucha contra el terrorismo, fundamentalmente, de ETA. Con Felipe González, que logró el acuerdo denominado Pactos de Ajuria Enea, que comprometieron a las fuerzas políticas con la democracia y en contra del terrorismo, se comenzó a derrotar la sangrienta historia de la banda terrorista y ganar el apoyo de la ciudadanía.
También se cometieron graves errores, como la creación de los GAL (Grupos antiterroristas de liberación) y la “guerra sucia” contra ETA. Esta chapuza policial, financiada por el Ministerio del Interior, degeneró en el declive de los gobiernos socialistas, que, además, acumularon durante su larga permanencia en el poder varios casos de corrupción (Casos Filesa, Ibercorp, Juan Guerra, Roldán...) que socavaron la confianza en ellos y, finalmente, los apearon de la poltrona.
El declive socialista fue paulatino y abarcó sus dos últimas legislaturas, hasta que, en 1996, la derecha recupera el poder, consumido el período de gobiernos socialistas. Pero eso ya formará parte de otro capítulo.
DANIEL GUERRERO
