La semana pasada, la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, se trasladaba a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba para sumarse a otros 20 alcaldes y alcaldesas del Partido Popular de toda la provincia para mostrarse en desacuerdo con la medida de entregar el remanente municipal al Gobierno Central.
En total, 21 alcaldes cordobeses unieron fuerzas en la capital para frenar lo que consideran una medida injusta que se debatirá en el Congreso el próximo jueves 10 de septiembre de 2020. Un decreto ley que, de aprobarse, facultaría al Ejecutivo para disponer del superávit municipal.
En una rueda de prensa que hubo durante el mes de agosto en la sede del Partido Popular de Baena, se reunieron cuatro alcaldes populares procedentes de Valenzuela, Bujalance, Cañete de las Torres y Baena. Juntos pusieron de manifiesto su oposición a entregar al Gobierno Central los ahorros de sus municipios.
Una medida que consideraban injusta ya que defendían que este remanente debía permanecer en sus respectivas localidades para poder cubrir las necesidades de sus vecinos.
Muchas de estas localidades ya tenían planeado destinar a las causas que consideraban más prioritarias esos ahorros, como el hecho de combatir la despoblación. Por eso, los populares rechazan este decreto y esperan que, desde el Gobierno central, den marcha atrás para que este dinero, que asciende a más de 100 millones en la provincia de Córdoba, no se marche de las localidades.
En total, 21 alcaldes cordobeses unieron fuerzas en la capital para frenar lo que consideran una medida injusta que se debatirá en el Congreso el próximo jueves 10 de septiembre de 2020. Un decreto ley que, de aprobarse, facultaría al Ejecutivo para disponer del superávit municipal.
En una rueda de prensa que hubo durante el mes de agosto en la sede del Partido Popular de Baena, se reunieron cuatro alcaldes populares procedentes de Valenzuela, Bujalance, Cañete de las Torres y Baena. Juntos pusieron de manifiesto su oposición a entregar al Gobierno Central los ahorros de sus municipios.
Una medida que consideraban injusta ya que defendían que este remanente debía permanecer en sus respectivas localidades para poder cubrir las necesidades de sus vecinos.
Muchas de estas localidades ya tenían planeado destinar a las causas que consideraban más prioritarias esos ahorros, como el hecho de combatir la despoblación. Por eso, los populares rechazan este decreto y esperan que, desde el Gobierno central, den marcha atrás para que este dinero, que asciende a más de 100 millones en la provincia de Córdoba, no se marche de las localidades.
MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: M.B.S.
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