La sociedad CINCO S.A, cuya accionista mayoritaria es la Diputación de Córdoba, se ha transformado en una sociedad pública provincial, encargada de gestionar la actividad relacionada con el suelo industrial y la vivienda protegida, con la adquisición de las acciones de Cajasur, entidad bancaria que había estado vinculada accionarialmente a la sociedad durante veintisiete años.
El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha explicado al respecto que “el nuevo contexto económico y el papel que tanto la Diputación como los ayuntamientos queremos que desarrolle CINCO en la provincia, como instrumento contra la despoblación, hacían necesario un cambio de modelo vinculado a la gestión pública”.
Según Ruiz, “el objetivo de todos los accionistas públicos es impulsar su actividad de promoción del suelo industrial, incorporando la promoción de viviendas de protección oficial y potenciando la asistencia a los municipios en materias urbanística y empresarial, algo que ya hacía la sociedad”.
De este modo, ha continuado, “queremos reforzar la sociedad en el ámbito de la vivienda protegida, actividad a la que amplía su campo de acción y dentro de la cual hemos aprobado un Plan Plurianual de Vivienda Protegida 2020-2022, y como instrumento para potenciar un sector estratégico como el industrial, en línea con las iniciativas que están tomando muchas comunidades autónomas”.
Ruiz ha defendido, en este sentido, que “la promoción industrial es una línea estratégica fundamental en la lucha contra el despoblamiento y así se recoge en el Acuerdo Marco de Concertación Social aprobado por el Pleno el pasado mes de mayo”.
En este documento se recogen actuaciones concretas relacionadas con el impulso de este sector como un plan para la ampliación de parques empresariales en la provincia, una red de naves industriales y otros espacios productivos para fomentar el emprendimiento y la consolidación de empresas en la provincia.
El máximo representante de la Diputación ha manifestado que “tanto la institución como los ayuntamientos llevamos tiempo defendiendo la consideración de interés público de estas actividades en el contexto de despoblamiento actual, en especial en el caso de los pueblos más pequeños”.
“Para luchar contra ella es necesario crear infraestructuras industriales, comerciales y productivas que contribuyan a crear empleo, así como garantizar una oferta de viviendas a precios asequibles para que los vecinos y vecinas puedan quedarse en sus municipios”, ha apuntado.
Aunque la Diputación de Córdoba es la administración mayoritaria en el accionariado de la sociedad, también los ayuntamientos accionistas han aprobado por unanimidad todos los acuerdos tomados en el proceso y han expresado su satisfacción con la transformación de la sociedad. Por su parte, Cajasur deja de ser accionista y de colaborar de manera directa para pasar a realizar una labor de acompañamiento en el marco de su actividad bancaria ordinaria.
El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha explicado al respecto que “el nuevo contexto económico y el papel que tanto la Diputación como los ayuntamientos queremos que desarrolle CINCO en la provincia, como instrumento contra la despoblación, hacían necesario un cambio de modelo vinculado a la gestión pública”.
Según Ruiz, “el objetivo de todos los accionistas públicos es impulsar su actividad de promoción del suelo industrial, incorporando la promoción de viviendas de protección oficial y potenciando la asistencia a los municipios en materias urbanística y empresarial, algo que ya hacía la sociedad”.
De este modo, ha continuado, “queremos reforzar la sociedad en el ámbito de la vivienda protegida, actividad a la que amplía su campo de acción y dentro de la cual hemos aprobado un Plan Plurianual de Vivienda Protegida 2020-2022, y como instrumento para potenciar un sector estratégico como el industrial, en línea con las iniciativas que están tomando muchas comunidades autónomas”.
Ruiz ha defendido, en este sentido, que “la promoción industrial es una línea estratégica fundamental en la lucha contra el despoblamiento y así se recoge en el Acuerdo Marco de Concertación Social aprobado por el Pleno el pasado mes de mayo”.
En este documento se recogen actuaciones concretas relacionadas con el impulso de este sector como un plan para la ampliación de parques empresariales en la provincia, una red de naves industriales y otros espacios productivos para fomentar el emprendimiento y la consolidación de empresas en la provincia.
El máximo representante de la Diputación ha manifestado que “tanto la institución como los ayuntamientos llevamos tiempo defendiendo la consideración de interés público de estas actividades en el contexto de despoblamiento actual, en especial en el caso de los pueblos más pequeños”.
“Para luchar contra ella es necesario crear infraestructuras industriales, comerciales y productivas que contribuyan a crear empleo, así como garantizar una oferta de viviendas a precios asequibles para que los vecinos y vecinas puedan quedarse en sus municipios”, ha apuntado.
Aunque la Diputación de Córdoba es la administración mayoritaria en el accionariado de la sociedad, también los ayuntamientos accionistas han aprobado por unanimidad todos los acuerdos tomados en el proceso y han expresado su satisfacción con la transformación de la sociedad. Por su parte, Cajasur deja de ser accionista y de colaborar de manera directa para pasar a realizar una labor de acompañamiento en el marco de su actividad bancaria ordinaria.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
