La Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA) que gestiona la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ha beneficiado a 8.936 personas en la provincia de Córdoba durante el año 2020, lo que supone un
incremento del 51,56% y 3.040 personas más que el año anterior.
De esta forma, el número de personas menores de edad atendidas se ha incrementado en un 69,55% en un momento en que la Consejería que dirige Rocío Ruiz ha fijado como uno de sus objetivos para el presente año, la lucha contra la pobreza infantil.
Todo ello ha supuesto la resolución, durante 2020, de 6.746 expedientes entre solicitudes iniciales y de ampliación. De ellos, 4.241 han sido concesiones de prestaciones, lo que supone un incremento del 112,26%. Todo ello, en unas circunstancias excepcionales por la pandemia de Covid-19, agravadas por la nula digitalización de expedientes y una gestión muy condicionada por los requerimientos de documentación en papel a las personas solicitantes por las limitaciones de acceso a información de manera telemática.
La Renta Mínima andaluza ha supuesto una fuente de ingresos indispensable para las familias vulnerables y en riesgo de exclusión en un año marcado inevitablemente por la pandemia de Covid-19. A la modificación del Decreto-Ley, el refuerzo en la gestión y el plan de choque previsto por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación previamente al inicio de la crisis social y sanitaria, surgió la necesidad de promover medidas para poder agilizar el acceso a la prestación a las familias más necesitadas.
Así, el Decreto-Ley 6/2020 de 30 marzo recogió medidas extraordinarias para la concesión provisional de prestaciones con el objetivo de hacer llegar esta ayuda al mayor número de familias posible, descargando la gestión de los expedientes para aumentar la capacidad de resolución mediante solicitudes de urgencia y emergencia social y solicitudes de ampliación y expedientes de alta que llegaran a fin de prestación durante el estado de alarma.
Posteriormente, el Decreto-Ley 10/2020 estableció la concesión de una prestación extraordinaria de 5 meses de duración para las solicitudes de una nueva modalidad de situación de emergencia social para unidades familiares con menores a cargo o unipersonales. Así como el incremento hasta los 12 meses de la duración de la ampliación o la simplificación de los consentimientos en la solicitud.
Más de 135 millones de inversión
En toda Andalucía, la Renta Mínima andaluza ha llegado a 79.640 personas beneficiarias durante el ejercicio 2020, es decir, un 31,23% más que el año anterior cuando el número final fue de 60.684; y un presupuesto ejecutado de más 135.747.971,43 euros, lo que supone un incremento del gasto del 26% respecto a lo ejecutado en 2019, 107.673.708,46 euros. Unos números de estos dos años de legislatura que contrastan con los datos de 2018 cuando el anterior Gobierno dejó la inversión en 57 millones de euros y 40.979 personas beneficiarias.
Asimismo, durante 2020, se han resuelto en la Comunidad autónoma 55.429 expedientes entre solicitudes iniciales y de ampliación. De ellos, 35.758 han sido concesiones de prestaciones. Esto supone un incremento del 19,53% de las resoluciones y del 57,66% de las prestaciones concedidas.
De esta forma, el número de personas menores de edad atendidas se ha incrementado en un 69,55% en un momento en que la Consejería que dirige Rocío Ruiz ha fijado como uno de sus objetivos para el presente año, la lucha contra la pobreza infantil.
Todo ello ha supuesto la resolución, durante 2020, de 6.746 expedientes entre solicitudes iniciales y de ampliación. De ellos, 4.241 han sido concesiones de prestaciones, lo que supone un incremento del 112,26%. Todo ello, en unas circunstancias excepcionales por la pandemia de Covid-19, agravadas por la nula digitalización de expedientes y una gestión muy condicionada por los requerimientos de documentación en papel a las personas solicitantes por las limitaciones de acceso a información de manera telemática.
La Renta Mínima andaluza ha supuesto una fuente de ingresos indispensable para las familias vulnerables y en riesgo de exclusión en un año marcado inevitablemente por la pandemia de Covid-19. A la modificación del Decreto-Ley, el refuerzo en la gestión y el plan de choque previsto por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación previamente al inicio de la crisis social y sanitaria, surgió la necesidad de promover medidas para poder agilizar el acceso a la prestación a las familias más necesitadas.
Así, el Decreto-Ley 6/2020 de 30 marzo recogió medidas extraordinarias para la concesión provisional de prestaciones con el objetivo de hacer llegar esta ayuda al mayor número de familias posible, descargando la gestión de los expedientes para aumentar la capacidad de resolución mediante solicitudes de urgencia y emergencia social y solicitudes de ampliación y expedientes de alta que llegaran a fin de prestación durante el estado de alarma.
Posteriormente, el Decreto-Ley 10/2020 estableció la concesión de una prestación extraordinaria de 5 meses de duración para las solicitudes de una nueva modalidad de situación de emergencia social para unidades familiares con menores a cargo o unipersonales. Así como el incremento hasta los 12 meses de la duración de la ampliación o la simplificación de los consentimientos en la solicitud.
Más de 135 millones de inversión
En toda Andalucía, la Renta Mínima andaluza ha llegado a 79.640 personas beneficiarias durante el ejercicio 2020, es decir, un 31,23% más que el año anterior cuando el número final fue de 60.684; y un presupuesto ejecutado de más 135.747.971,43 euros, lo que supone un incremento del gasto del 26% respecto a lo ejecutado en 2019, 107.673.708,46 euros. Unos números de estos dos años de legislatura que contrastan con los datos de 2018 cuando el anterior Gobierno dejó la inversión en 57 millones de euros y 40.979 personas beneficiarias.
Asimismo, durante 2020, se han resuelto en la Comunidad autónoma 55.429 expedientes entre solicitudes iniciales y de ampliación. De ellos, 35.758 han sido concesiones de prestaciones. Esto supone un incremento del 19,53% de las resoluciones y del 57,66% de las prestaciones concedidas.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
