El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) expresa su indignación por la publicación de las convocatorias de contratación pública realizadas por cada una de las delegaciones territoriales de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en las que, bajo la denominación Servicio de Asistencia Técnica de Comunicación, “lo cierto es que requieren periodistas trabajando de falsos de autónomos”.
La organización colegial alcanza esta conclusión tras valorar los pliegos del contrato, en las que queda clara la necesidad de dotar de personal al gabinete de comunicación y prensa de cada delegación para realizar todas las funciones propias de un gabinete de comunicación, compuesto por varias personas con perfiles completamente diferentes: periodista, fotógrafo, diseñador gráfico, cámara...
Es lo que las organizaciones colegiales vienen llamando “periodistas orquesta, la demostración pura de la precariedad laboral a la que se somete a una profesión vilipendiada, una vez más, incluso desde las administraciones públicas”. El problema, en este caso, no es sólo la multiplicidad de funciones a cubrir, sino el importe de la licitación: 14.900 euros (sin IVA). Una cifra “insuficiente”, en opinión del Colegio, “que oculta una realidad sangrante: la consejería va a crear falsos autónomos mileuristas para trabajar 24/7”.
El Colegio señala el esfuerzo que viene realizando en los últimos años exponiendo a las administraciones públicas la necesidad de dotar sus gabinetes de comunicación de estructuras estables con personal funcionario, a fin de cumplir la normativa vigente relativa a la información de la actividad de las administraciones públicas. Casi todas las diputaciones andaluzas, numerosos ayuntamientos e incluso el Parlamento de Andalucía –este con matices– se han sumado al Compromiso Público por el Empleo de la Profesión Periodística.
Aunque “el Colegio es consciente de que el camino para convocar todas esas plazas es largo y tedioso, desde el punto de vista burocrático, y considera que una alternativa puede ser la externalización del servicio de forma temporal, esta debe hacerse siguiendo unos parámetros que garanticen la prestación del servicio, tanto con garantías para la administración que dispone del dinero público, como para la ciudadanía, como para con la persona o adjudicataria”.
Requisitos que, según señala el Colegio, pasan desde asegurarse que la administración no fomenta el intrusismo laboral en el periodismo, hasta una contraprestación económica justa, acorde con las funciones que se requieren y las responsabilidades asumidas.
De hecho, el Colegio ya se puso a disposición de la Consejería de Igualdad para facilitar su colaboración en la elaboración unas bases que no lesionaran los derechos de los profesionales periodistas, como viene haciendo con todas las administraciones que le requieren esa ayuda. Y aunque en su momento se mostró muy receptiva, al final está claro que han obviado esa disposición.
Dicho todo esto, el Colegio solicita a cada delegación territorial de Igualdad que reflexione y retire la mencionada convocatoria, totalmente inasumible, temeraria y contraria a los intereses de cualquier trabajador, sea por cuenta propia, o ajena.
La organización colegial alcanza esta conclusión tras valorar los pliegos del contrato, en las que queda clara la necesidad de dotar de personal al gabinete de comunicación y prensa de cada delegación para realizar todas las funciones propias de un gabinete de comunicación, compuesto por varias personas con perfiles completamente diferentes: periodista, fotógrafo, diseñador gráfico, cámara...
Es lo que las organizaciones colegiales vienen llamando “periodistas orquesta, la demostración pura de la precariedad laboral a la que se somete a una profesión vilipendiada, una vez más, incluso desde las administraciones públicas”. El problema, en este caso, no es sólo la multiplicidad de funciones a cubrir, sino el importe de la licitación: 14.900 euros (sin IVA). Una cifra “insuficiente”, en opinión del Colegio, “que oculta una realidad sangrante: la consejería va a crear falsos autónomos mileuristas para trabajar 24/7”.
El Colegio señala el esfuerzo que viene realizando en los últimos años exponiendo a las administraciones públicas la necesidad de dotar sus gabinetes de comunicación de estructuras estables con personal funcionario, a fin de cumplir la normativa vigente relativa a la información de la actividad de las administraciones públicas. Casi todas las diputaciones andaluzas, numerosos ayuntamientos e incluso el Parlamento de Andalucía –este con matices– se han sumado al Compromiso Público por el Empleo de la Profesión Periodística.
Aunque “el Colegio es consciente de que el camino para convocar todas esas plazas es largo y tedioso, desde el punto de vista burocrático, y considera que una alternativa puede ser la externalización del servicio de forma temporal, esta debe hacerse siguiendo unos parámetros que garanticen la prestación del servicio, tanto con garantías para la administración que dispone del dinero público, como para la ciudadanía, como para con la persona o adjudicataria”.
Requisitos que, según señala el Colegio, pasan desde asegurarse que la administración no fomenta el intrusismo laboral en el periodismo, hasta una contraprestación económica justa, acorde con las funciones que se requieren y las responsabilidades asumidas.
De hecho, el Colegio ya se puso a disposición de la Consejería de Igualdad para facilitar su colaboración en la elaboración unas bases que no lesionaran los derechos de los profesionales periodistas, como viene haciendo con todas las administraciones que le requieren esa ayuda. Y aunque en su momento se mostró muy receptiva, al final está claro que han obviado esa disposición.
Dicho todo esto, el Colegio solicita a cada delegación territorial de Igualdad que reflexione y retire la mencionada convocatoria, totalmente inasumible, temeraria y contraria a los intereses de cualquier trabajador, sea por cuenta propia, o ajena.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
