El grupo provincial de Izquierda Unida llevará al próximo pleno de la Diputación de Córdoba, que tendrá lugar este miércoles, una proposición para pedir al Gobierno andaluz que acometa una planificación estructurada de los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM) que existen en la provincia, corrigiendo “el desorden y la arbitrariedad” del reparto actual y garantizando así “el acceso en igualdad de condiciones a este servicio fundamental para la protección de las mujeres, especialmente en zonas rurales”.
En la actualidad la provincia cuenta con 17 CMIM distribuidos "de manera dispar", de los cuales trece pertenecen a municipios y cuatro a mancomunidades. El portavoz de IU en la Diputación, Ramón Hernández, ha afirmado que “basta con ver la ubicación de estos centros en un mapa para comprobar que su distribución no obedece a criterios como la cercanía territorial o el número de usuarias”, lo que deja desatendidas zonas como el Norte de la provincia y no contribuye a “reforzar la idea de red con la que estos centros, cofinanciados por la Junta y los ayuntamientos, fueron creados para acercar los recursos de la administración a las mujeres en zonas rurales”.
IU ha alertado también de los “sistemas obsoletos” con los que trabaja su personal y de la “inestabilidad” de los propios CMIM, dependientes de subvenciones anuales y que en ocasiones “se ven obligados a cerrar por temporadas ante la falta de financiación”, con el consiguiente perjuicio “para las profesionales que trabajan en ellos y para las mujeres usuarias, que necesitan de una atención cercana y continuada”.
Frente a esta situación, el Gobierno de la Junta a través de la Consejería de Igualdad “lleva anunciando desde 2019 el borrador de un decreto para regular el funcionamiento de los CMIM, sin que a día de hoy haya habido avances”. Por todo ello, el grupo plantea que el Gobierno andaluz acometa, además de una planificación de los CMIM ajustada a las necesidades reales de la población, una estabilización de los centros y de sus trabajadoras.
Además, el grupo provincial de IU presentará una segunda proposición para exigir una regulación del mercado del alquiler que acabe con la especulación y los precios abusivos, al tiempo que pide “que se aumente el parque público de vivienda en alquiler social, adoptando mecanismos para la cesión obligatoria y temporal de vivienda vacía en manos de grandes tenedores”. Hernández ha recordado que “el artículo 47 de la Constitución Española establece el derecho a una vivienda digna” y que los poderes públicos están en la obligación de garantizarlo.
En la actualidad la provincia cuenta con 17 CMIM distribuidos "de manera dispar", de los cuales trece pertenecen a municipios y cuatro a mancomunidades. El portavoz de IU en la Diputación, Ramón Hernández, ha afirmado que “basta con ver la ubicación de estos centros en un mapa para comprobar que su distribución no obedece a criterios como la cercanía territorial o el número de usuarias”, lo que deja desatendidas zonas como el Norte de la provincia y no contribuye a “reforzar la idea de red con la que estos centros, cofinanciados por la Junta y los ayuntamientos, fueron creados para acercar los recursos de la administración a las mujeres en zonas rurales”.
IU ha alertado también de los “sistemas obsoletos” con los que trabaja su personal y de la “inestabilidad” de los propios CMIM, dependientes de subvenciones anuales y que en ocasiones “se ven obligados a cerrar por temporadas ante la falta de financiación”, con el consiguiente perjuicio “para las profesionales que trabajan en ellos y para las mujeres usuarias, que necesitan de una atención cercana y continuada”.
Frente a esta situación, el Gobierno de la Junta a través de la Consejería de Igualdad “lleva anunciando desde 2019 el borrador de un decreto para regular el funcionamiento de los CMIM, sin que a día de hoy haya habido avances”. Por todo ello, el grupo plantea que el Gobierno andaluz acometa, además de una planificación de los CMIM ajustada a las necesidades reales de la población, una estabilización de los centros y de sus trabajadoras.
Además, el grupo provincial de IU presentará una segunda proposición para exigir una regulación del mercado del alquiler que acabe con la especulación y los precios abusivos, al tiempo que pide “que se aumente el parque público de vivienda en alquiler social, adoptando mecanismos para la cesión obligatoria y temporal de vivienda vacía en manos de grandes tenedores”. Hernández ha recordado que “el artículo 47 de la Constitución Española establece el derecho a una vivienda digna” y que los poderes públicos están en la obligación de garantizarlo.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO
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