Spain is different fue un eslogan que el ministro Manuel Fraga Iribarne promovió en 1960, en plena dictadura franquista, con el fin de atraer turistas a nuestro país, de modo que entendieran que este no era ni mejor ni peor que los otros, sino un destino exótico que podrían visitar y, de paso, conocer a los españoles que nos imaginaban, a unos, con patillas y navaja al cinto y, a otras, con apasionados ojos negros y un clavel entre los labios, siguiendo el relato de Carmen del escritor francés Prosper Merimée.
Genial frase que tiempo después fue utilizada con diversos significados. De todos modos, creo que, efectivamente, en algunas cosas somos no solo diferentes, sino muy diferentes. Veamos, pues, un caso muy singular que acontece en esta sufrida piel de toro.
Si echamos una mirada hacia atrás, y nos remontándonos a 1946, resulta que al dictador Francisco Franco, a los pocos años de finalizar la Guerra Civil, se le ocurrió la genial idea de modificar la Ley Hipotecaria, de modo que a los obispos se les concedía el insólito privilegio de considerarlos fedatarios, es decir, situarlos al mismo nivel que los notarios, para que pudieran inmatricular (o lo que es lo mismo, registrar por primera vez) a nombre de sus diócesis aquellos bienes que no estaban recogidos en el Registro de la Propiedad.
Hay que apuntar que en este caso se excluían los bienes destinados al culto como son las iglesias y las catedrales, que seguían siendo bienes patrimoniales públicos, es decir, de todos los españoles.
Vamos, aquello fue una auténtica ganga para el episcopado español, un regalo que no tenía precedentes en otros países próximos. Basta poner como ejemplo que en el propio Portugal de aquellos años, bajo las directrices de otro dictador: António de Oliveira Salazar, se llegó al acuerdo con la Santa Sede según el cual los bienes patrimoniales de tipo religioso seguían siendo del Estado portugués que se encargaría del mantenimiento y la restauración, al tiempo que el uso correspondería a la Iglesia. Algo similar ocurre en Francia, el otro país con el que mantenemos fronteras, ya que es un Estado constitucionalmente laico desde 1905, por lo que ahí el Vaticano poco puede decir o pedir.
Concentración en Córdoba acompañada de batucada.
Concentración en Sevilla.
Un salto cualitativo se produce en 1998, siendo presidente José María Aznar, quien, a los dos años de entrar en el Gobierno, y siguiendo la estela de su antecesor, promueve otra reforma de la Ley Hipotecaria, de modo que ahora también los templos dedicados al culto podrían ser inmatriculados. Otro gran premio que fue recibido con los brazos abiertos por el episcopado.
A partir de entonces, la voracidad inmatriculadora de la Iglesia ha sido imparable. Se cree que desde que los obispos comenzaron a registrar bienes, solamente con su firma y sin aportar título de propiedad, puede alcanzarse la nada desdeñable cifra de cien mil.
Pero la historia no acaba aquí. Todo iba de maravilla. Todo marchaba sobre ruedas. Nadie se enteraba de que los obispos inmatriculaban a diestro y siniestro, puesto que no se daba ninguna información.
Sin embargo, un hecho casual vino a dar la voz de alarma. Sucedió en Navarra, cuando a principios de 2007 se descubrió que el arzobispado de Pamplona estaba inmatriculando todo tipo de edificios religiosos, casas, tierras, arbolados, cementerios, etc. Se pudo constatar que en pocos años y al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria se habían realizado más de mil escrituraciones por unas docenas de euros.
Concentración en Granada.
Concentración en Jerez de la Frontera.
Este fue un problema que el episcopado no se lo esperaba, puesto que un grupo de navarros para hacer frente a este expolio creó la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Navarra, al que se le sumaron 117 ayuntamientos y concejos. Esa voz alarma pronto se extendió al resto del Estado, de modo que las asociaciones patrimonialistas y otras de derechos humanos comienzan a llevar a cabo indagaciones de lo que acontecía en sus territorios.
En el caso de Córdoba, se llega a saber que la Mezquita había sido inmatriculada, con nocturnidad y alevosía, en 2006, por el entonces obispo de la diócesis Juan José Asenjo por treinta euros. El que un monumento que es Patrimonio de la Humanidad pasara a manos de la Iglesia fue el detonante para que se formara la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Tod@s, que encabezará la lucha por su recuperación como bien público.
Un paso más en esta historia de expolios y ocultamientos se da cuando, para evitar que se declarara inconstitucional la ley que permitía las inmatriculaciones, en el 2015 se deroga el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, de modo que acababa el privilegio que se le había concedido a la Iglesia de equiparar al personal diocesano con los funcionarios públicos.
Esto parecía poner fin a décadas de atropellos y poder recuperar todo lo que había sido registrado sin título de propiedad. No fue así, dado que, por un lado, se consideraba que los bienes ya inmatriculados lo habían sido por las leyes vigentes en sus momentos y, por otro, no se podría recurrir al Tribunal Constitucional, dado que la citada ley ya no existía. ¡Jugada maestra para cerrar el camino a un recurso global!
Concentración en Pamplona.
Concentración en Valencia.
Tras las muchas presiones de grupos patrimonialistas, el actual Gobierno, a principios de este año 2021, hizo público el listado de 34.961 bienes inmatriculados a partir de la ley de Aznar de 1998. Sin embargo, no aparecía nada de las inmatriculaciones anteriores a esa fecha, al tiempo que se desentiende de la promesa hecha en la oposición de que en el momento de acceder al Gobierno revertiría aquellos bienes inmatriculados que se realizaron sin título de propiedad.
Como en este país, y en el ámbito político, se cumple al pie de la letra el dicho popular “Donde dije digo, digo diego”, todos aquellos que pertenecemos a asociaciones patrimonialistas, también laicas y cristianas opuestas a este verdadero latrocinio, nos sentimos engañados. Decidimos entonces, aparte de las denuncias en escritos, artículos o conferencias, salir de nuevo a la calle para mostrar nuestro frontal rechazo.
De este modo, bajo el lema “Recuperando nuestro Patrimonio Público”, y con el logotipo de un individuo con los bolsillos vacíos, al tiempo que por detrás sobrevuela un obispo con antifaz y un saco en el que aparecen arcos de la Mezquita y un templo románico, comenzamos la campaña el pasado 22 de junio realizando concentraciones en 17 ciudades españolas. Campaña que continuará en los próximos meses.
Concentración en Albacete.
Concentración en Palencia.
Por comunidades participaron: Andalucía (Córdoba, Granada, Jerez, Sevilla); Aragón (Zaragoza); Asturias (Oviedo); Castilla y León (León, Palencia, Valladolid); Castilla La Mancha (Albacete); Cataluña (San Boi de Llobregat); Extremadura (Cáceres); Comunidad de Murcia (Murcia) y Navarra (Pamplona).
Las concentraciones se repetirán mensualmente y en el mismo día. Insistiremos todo lo que sea necesario ya que parece que este tema queda fuera de la agenda política, sabiendo que, en el fondo, nos encontramos ante un problema que no es de tipo religioso sino político, aunque la Iglesia sea la institución favorecida.
Y a costa de que se nos tache de ‘anticlericales’, como interesadamente suele suceder, hemos de apuntar que en la Coordinadora Recuperando, que articula las organizaciones patrimonialistas del Estado español, también se encuentran Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares, cuyas líneas de referencia son los valores de pobreza, igualdad y caridad evangélicas; no la acumulación de riquezas, tal como parece ser uno de los objetivos de la Iglesia institucional española.
Concentración en León.
Concentración en Murcia.
En la parte favorable, conviene apuntar que son muchos los apoyos nacionales e internacionales que recibimos. El más reciente es el manifiesto firmado por un centenar de especialistas de 36 universidades de distintas partes del mundo exigiendo la titularidad pública de la Mezquita.
Historiadores, arabistas e investigadores han elaborado un contundente escrito instando a la Administración pública a que impida la apropiación de la Mezquita de Córdoba por la Iglesia, ya que la base jurídica de la inmatriculación que aporta es muy endeble, puesto que, según indican estos especialistas, “la orden dada en 1236 por el rey Fernando III no puede considerarse una donación regia, sino la cesión de un derecho de uso”.
He traído el caso de la Mezquita como ejemplo, ya que, a pesar de lo escandaloso, no deja de ser uno más dentro de las numerosas inmatriculaciones a las que nos enfrentamos.
Para cerrar, volvamos al principio. Sería bueno que en lo que respecta al Patrimonio Público pudiéramos decir Spain is not different de los muchos países que han sabido defenderlo, de modo que acabara revirtiendo ese inmenso Patrimonio de todos los españoles y que se le ha entregado gratuitamente a la Iglesia católica.
Genial frase que tiempo después fue utilizada con diversos significados. De todos modos, creo que, efectivamente, en algunas cosas somos no solo diferentes, sino muy diferentes. Veamos, pues, un caso muy singular que acontece en esta sufrida piel de toro.
Si echamos una mirada hacia atrás, y nos remontándonos a 1946, resulta que al dictador Francisco Franco, a los pocos años de finalizar la Guerra Civil, se le ocurrió la genial idea de modificar la Ley Hipotecaria, de modo que a los obispos se les concedía el insólito privilegio de considerarlos fedatarios, es decir, situarlos al mismo nivel que los notarios, para que pudieran inmatricular (o lo que es lo mismo, registrar por primera vez) a nombre de sus diócesis aquellos bienes que no estaban recogidos en el Registro de la Propiedad.
Hay que apuntar que en este caso se excluían los bienes destinados al culto como son las iglesias y las catedrales, que seguían siendo bienes patrimoniales públicos, es decir, de todos los españoles.
Vamos, aquello fue una auténtica ganga para el episcopado español, un regalo que no tenía precedentes en otros países próximos. Basta poner como ejemplo que en el propio Portugal de aquellos años, bajo las directrices de otro dictador: António de Oliveira Salazar, se llegó al acuerdo con la Santa Sede según el cual los bienes patrimoniales de tipo religioso seguían siendo del Estado portugués que se encargaría del mantenimiento y la restauración, al tiempo que el uso correspondería a la Iglesia. Algo similar ocurre en Francia, el otro país con el que mantenemos fronteras, ya que es un Estado constitucionalmente laico desde 1905, por lo que ahí el Vaticano poco puede decir o pedir.
Un salto cualitativo se produce en 1998, siendo presidente José María Aznar, quien, a los dos años de entrar en el Gobierno, y siguiendo la estela de su antecesor, promueve otra reforma de la Ley Hipotecaria, de modo que ahora también los templos dedicados al culto podrían ser inmatriculados. Otro gran premio que fue recibido con los brazos abiertos por el episcopado.
A partir de entonces, la voracidad inmatriculadora de la Iglesia ha sido imparable. Se cree que desde que los obispos comenzaron a registrar bienes, solamente con su firma y sin aportar título de propiedad, puede alcanzarse la nada desdeñable cifra de cien mil.
Pero la historia no acaba aquí. Todo iba de maravilla. Todo marchaba sobre ruedas. Nadie se enteraba de que los obispos inmatriculaban a diestro y siniestro, puesto que no se daba ninguna información.
Sin embargo, un hecho casual vino a dar la voz de alarma. Sucedió en Navarra, cuando a principios de 2007 se descubrió que el arzobispado de Pamplona estaba inmatriculando todo tipo de edificios religiosos, casas, tierras, arbolados, cementerios, etc. Se pudo constatar que en pocos años y al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria se habían realizado más de mil escrituraciones por unas docenas de euros.
Este fue un problema que el episcopado no se lo esperaba, puesto que un grupo de navarros para hacer frente a este expolio creó la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Navarra, al que se le sumaron 117 ayuntamientos y concejos. Esa voz alarma pronto se extendió al resto del Estado, de modo que las asociaciones patrimonialistas y otras de derechos humanos comienzan a llevar a cabo indagaciones de lo que acontecía en sus territorios.
En el caso de Córdoba, se llega a saber que la Mezquita había sido inmatriculada, con nocturnidad y alevosía, en 2006, por el entonces obispo de la diócesis Juan José Asenjo por treinta euros. El que un monumento que es Patrimonio de la Humanidad pasara a manos de la Iglesia fue el detonante para que se formara la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Tod@s, que encabezará la lucha por su recuperación como bien público.
Un paso más en esta historia de expolios y ocultamientos se da cuando, para evitar que se declarara inconstitucional la ley que permitía las inmatriculaciones, en el 2015 se deroga el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, de modo que acababa el privilegio que se le había concedido a la Iglesia de equiparar al personal diocesano con los funcionarios públicos.
Esto parecía poner fin a décadas de atropellos y poder recuperar todo lo que había sido registrado sin título de propiedad. No fue así, dado que, por un lado, se consideraba que los bienes ya inmatriculados lo habían sido por las leyes vigentes en sus momentos y, por otro, no se podría recurrir al Tribunal Constitucional, dado que la citada ley ya no existía. ¡Jugada maestra para cerrar el camino a un recurso global!
Tras las muchas presiones de grupos patrimonialistas, el actual Gobierno, a principios de este año 2021, hizo público el listado de 34.961 bienes inmatriculados a partir de la ley de Aznar de 1998. Sin embargo, no aparecía nada de las inmatriculaciones anteriores a esa fecha, al tiempo que se desentiende de la promesa hecha en la oposición de que en el momento de acceder al Gobierno revertiría aquellos bienes inmatriculados que se realizaron sin título de propiedad.
Como en este país, y en el ámbito político, se cumple al pie de la letra el dicho popular “Donde dije digo, digo diego”, todos aquellos que pertenecemos a asociaciones patrimonialistas, también laicas y cristianas opuestas a este verdadero latrocinio, nos sentimos engañados. Decidimos entonces, aparte de las denuncias en escritos, artículos o conferencias, salir de nuevo a la calle para mostrar nuestro frontal rechazo.
De este modo, bajo el lema “Recuperando nuestro Patrimonio Público”, y con el logotipo de un individuo con los bolsillos vacíos, al tiempo que por detrás sobrevuela un obispo con antifaz y un saco en el que aparecen arcos de la Mezquita y un templo románico, comenzamos la campaña el pasado 22 de junio realizando concentraciones en 17 ciudades españolas. Campaña que continuará en los próximos meses.
Por comunidades participaron: Andalucía (Córdoba, Granada, Jerez, Sevilla); Aragón (Zaragoza); Asturias (Oviedo); Castilla y León (León, Palencia, Valladolid); Castilla La Mancha (Albacete); Cataluña (San Boi de Llobregat); Extremadura (Cáceres); Comunidad de Murcia (Murcia) y Navarra (Pamplona).
Las concentraciones se repetirán mensualmente y en el mismo día. Insistiremos todo lo que sea necesario ya que parece que este tema queda fuera de la agenda política, sabiendo que, en el fondo, nos encontramos ante un problema que no es de tipo religioso sino político, aunque la Iglesia sea la institución favorecida.
Y a costa de que se nos tache de ‘anticlericales’, como interesadamente suele suceder, hemos de apuntar que en la Coordinadora Recuperando, que articula las organizaciones patrimonialistas del Estado español, también se encuentran Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares, cuyas líneas de referencia son los valores de pobreza, igualdad y caridad evangélicas; no la acumulación de riquezas, tal como parece ser uno de los objetivos de la Iglesia institucional española.
En la parte favorable, conviene apuntar que son muchos los apoyos nacionales e internacionales que recibimos. El más reciente es el manifiesto firmado por un centenar de especialistas de 36 universidades de distintas partes del mundo exigiendo la titularidad pública de la Mezquita.
Historiadores, arabistas e investigadores han elaborado un contundente escrito instando a la Administración pública a que impida la apropiación de la Mezquita de Córdoba por la Iglesia, ya que la base jurídica de la inmatriculación que aporta es muy endeble, puesto que, según indican estos especialistas, “la orden dada en 1236 por el rey Fernando III no puede considerarse una donación regia, sino la cesión de un derecho de uso”.
He traído el caso de la Mezquita como ejemplo, ya que, a pesar de lo escandaloso, no deja de ser uno más dentro de las numerosas inmatriculaciones a las que nos enfrentamos.
Para cerrar, volvamos al principio. Sería bueno que en lo que respecta al Patrimonio Público pudiéramos decir Spain is not different de los muchos países que han sabido defenderlo, de modo que acabara revirtiendo ese inmenso Patrimonio de todos los españoles y que se le ha entregado gratuitamente a la Iglesia católica.
AURELIANO SÁINZ
