Desde el anuncio por parte de la Junta de Andalucía del balizamiento de algunas playas del Parque Natural de Cabo de Gata, en Almería, las boyas se han convertido en tema de conversación de muchas tertulias veraniegas. De nuevo asistimos al eterno debate de economía o conservación, hombre o naturaleza. Y como en este país hay que posicionarse, elegir entre blanco o negro, todo el mundo lo está haciendo. Así que me siento a la mesa con ustedes.
Yo, al igual que los tres grupos ecologistas que se han posicionado públicamente –y me atrevería a decir que como gran parte de la población– catalogo esta medida como necesaria, oportuna y muy acertada –y añadiría, incluso, que valiente– porque otros pudieron hacerlo y no se atrevieron. O, quizás, no era el momento adecuado. O simplemente no quisieron.
El problema no es nuevo: se lleva discutiendo muchos años, como tantos otros problemas del espacio protegido. Hace seis años, las empresas de kayak proliferaban como rosquillas, salía una debajo de cada piedra y se ofrecían en los diferentes establecimientos hosteleros o en chiringuitos ilegales en las mismas playas sin pudor ninguno.
Los empresarios locales se quejaban de las empresas foráneas sin autorización, que aprovechaban el verano para hacer, literalmente, su agosto. Y lo hacían, vaya que si lo hacían. Y luego se marchaban.
Eso se ha ido regulando, haciendo un listado de empresas para controlarlas, para poder trabajar en la costa. Y si algo hay que achacarle a la decisión tomada por la Junta de Andalucía es que se haya esperado hasta el 14 de julio para hacerla efectiva. Debería haberse hecho antes del comienzo de la temporada de verano para no perjudicar a estos empresarios, pero entiendo que las cosas de palacio van despacio y los procedimientos tienen sus tiempos.
De la nota de prensa que difundió la Junta de Andalucía para dar a conocer la decisión creo que es importante remarcar que ha sido una solución consensuada con el Ministerio de Costas, Capitanía Marítima de Almería y aprobada en la última reunión de la Junta Rectora del Parque que, no podemos olvidar, tiene función de control, vigilancia y participación ciudadana.
En esta Junta Rectora del Parque hay representantes de los diferentes partidos políticos, empresarios de la comarca, grupos conservacionistas, científicos y los gestores del espacio protegido, que se reúnen para encontrar las mejores soluciones para proteger los valores naturales del territorio.
Es cierto que por esta Junta Rectora han pasado muchos profesionales y que se ha hablado y se han analizado hasta la saciedad problemas como la masificación en las épocas estivales, de la movilidad para llegar y circular por el parque; y han insistido, machaconamente, que si no se toman las medidas oportunas, el Cabo de Gata puede morir de éxito.
Se han planteado numerosas medidas para intentar gestionar estos problemas y para hacer efectivo el II Plan de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de encontrar el equilibrio entre economía y conservación. Pero, por ahora, todas estas medidas han sido insuficientes.
Hay que ser osado y consecuente con lo que se quiere conseguir. No se puede decir una cosa y hacer otra porque, hasta ahora, hemos visto muchas buenas intenciones. Pero lo cierto es que en el Parque Natural de Cabo de Gata está todo el mundo cabreado: los empresarios, los pescadores, los conservacionistas, los visitantes, los habitantes... Nadie tiene muy claro cuáles son los objetivos que se deben conseguir y hay una sensación en el ambiente de querer contentar a todo el mundo.
El balizamiento de este verano, como el control de acceso a Monsul y Genoveses, siempre van a ser medidas impopulares, criticadas por unos o por otros. Pero son medidas que hay que tomar porque si queremos conservar esos rincones idílicos, mágicos, de una gran belleza y biodiversidad, protegidos por numerosas figuras de protección nacionales e internacionales, no podemos permitir que se repitan esas imágenes de atascos a la entrada del parque, o los coches aparcados en las cunetas en cualquier lugar, o la Reserva Integral Marina del Arrecife de las Sirenas rodeado de pequeñas embarcaciones que buscan la foto que no tiene nadie.
Desde abril hay un nuevo presidente, muchas caras nuevas en la Junta Rectora y, por tanto, diferentes formas de pensar y de actuar. El tiempo dirá si estas boyas son el principio del cambio o se quedan solo en un experimento, en un gesto de cara a la galería, en medallas para justificar algunos de los proyectos que se están valorando.
Mientras lo descubrimos, por mi parte aplaudo el balizamiento, que –hay que recordar– no prohíbe nada: solo viene a regular el caos que, por inacción, vivíamos en algunas playas. Y trata de garantizar la salud de los bañistas y de preservar la biodiversidad de nuestros fondos marinos. Eso sí, mientras tanto, El Algarrobico sigue en pie, esperando a que el alcalde de Carboneras permita que se cumpla la ley.
Yo, al igual que los tres grupos ecologistas que se han posicionado públicamente –y me atrevería a decir que como gran parte de la población– catalogo esta medida como necesaria, oportuna y muy acertada –y añadiría, incluso, que valiente– porque otros pudieron hacerlo y no se atrevieron. O, quizás, no era el momento adecuado. O simplemente no quisieron.
El problema no es nuevo: se lleva discutiendo muchos años, como tantos otros problemas del espacio protegido. Hace seis años, las empresas de kayak proliferaban como rosquillas, salía una debajo de cada piedra y se ofrecían en los diferentes establecimientos hosteleros o en chiringuitos ilegales en las mismas playas sin pudor ninguno.
Los empresarios locales se quejaban de las empresas foráneas sin autorización, que aprovechaban el verano para hacer, literalmente, su agosto. Y lo hacían, vaya que si lo hacían. Y luego se marchaban.
Eso se ha ido regulando, haciendo un listado de empresas para controlarlas, para poder trabajar en la costa. Y si algo hay que achacarle a la decisión tomada por la Junta de Andalucía es que se haya esperado hasta el 14 de julio para hacerla efectiva. Debería haberse hecho antes del comienzo de la temporada de verano para no perjudicar a estos empresarios, pero entiendo que las cosas de palacio van despacio y los procedimientos tienen sus tiempos.
De la nota de prensa que difundió la Junta de Andalucía para dar a conocer la decisión creo que es importante remarcar que ha sido una solución consensuada con el Ministerio de Costas, Capitanía Marítima de Almería y aprobada en la última reunión de la Junta Rectora del Parque que, no podemos olvidar, tiene función de control, vigilancia y participación ciudadana.
En esta Junta Rectora del Parque hay representantes de los diferentes partidos políticos, empresarios de la comarca, grupos conservacionistas, científicos y los gestores del espacio protegido, que se reúnen para encontrar las mejores soluciones para proteger los valores naturales del territorio.
Es cierto que por esta Junta Rectora han pasado muchos profesionales y que se ha hablado y se han analizado hasta la saciedad problemas como la masificación en las épocas estivales, de la movilidad para llegar y circular por el parque; y han insistido, machaconamente, que si no se toman las medidas oportunas, el Cabo de Gata puede morir de éxito.
Se han planteado numerosas medidas para intentar gestionar estos problemas y para hacer efectivo el II Plan de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de encontrar el equilibrio entre economía y conservación. Pero, por ahora, todas estas medidas han sido insuficientes.
Hay que ser osado y consecuente con lo que se quiere conseguir. No se puede decir una cosa y hacer otra porque, hasta ahora, hemos visto muchas buenas intenciones. Pero lo cierto es que en el Parque Natural de Cabo de Gata está todo el mundo cabreado: los empresarios, los pescadores, los conservacionistas, los visitantes, los habitantes... Nadie tiene muy claro cuáles son los objetivos que se deben conseguir y hay una sensación en el ambiente de querer contentar a todo el mundo.
El balizamiento de este verano, como el control de acceso a Monsul y Genoveses, siempre van a ser medidas impopulares, criticadas por unos o por otros. Pero son medidas que hay que tomar porque si queremos conservar esos rincones idílicos, mágicos, de una gran belleza y biodiversidad, protegidos por numerosas figuras de protección nacionales e internacionales, no podemos permitir que se repitan esas imágenes de atascos a la entrada del parque, o los coches aparcados en las cunetas en cualquier lugar, o la Reserva Integral Marina del Arrecife de las Sirenas rodeado de pequeñas embarcaciones que buscan la foto que no tiene nadie.
Desde abril hay un nuevo presidente, muchas caras nuevas en la Junta Rectora y, por tanto, diferentes formas de pensar y de actuar. El tiempo dirá si estas boyas son el principio del cambio o se quedan solo en un experimento, en un gesto de cara a la galería, en medallas para justificar algunos de los proyectos que se están valorando.
Mientras lo descubrimos, por mi parte aplaudo el balizamiento, que –hay que recordar– no prohíbe nada: solo viene a regular el caos que, por inacción, vivíamos en algunas playas. Y trata de garantizar la salud de los bañistas y de preservar la biodiversidad de nuestros fondos marinos. Eso sí, mientras tanto, El Algarrobico sigue en pie, esperando a que el alcalde de Carboneras permita que se cumpla la ley.
MOI PALMERO
