La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, en colaboración con los ayuntamientos andaluces, formará a las plantillas de la Policía Local en la lucha contra los delitos de hurto multirreincidente o la venta ilegal de productos falsificados o robados, tal y como se ha expuesto en la reunión celebrada de la Mesa por el Comercio Seguro. La Junta de Andalucía creó el pasado año este instrumento con el objetivo de combatir los delitos de seguridad en el sector del comercio y la actividad ilegal que genera competencia desleal y pérdidas millonarias a su tejido empresarial.
La formación se llevará a cabo a través de una serie de jornadas que se celebrarán a finales de año y que serán impartidas a través de la Escuela de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA), dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Estas jornadas versarán sobre comercio e incluirán una ponencia de comercio seguro.
El objetivo de esta iniciativa es que los agentes documenten de forma más amplia los atestados por delitos de hurto, dejando constancia de la gravedad, profesionalidad, frecuencia y habitualidad de la conducta delictiva.
La formación se llevará a cabo a través de una serie de jornadas que se celebrarán a finales de año y que serán impartidas a través de la Escuela de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA), dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Estas jornadas versarán sobre comercio e incluirán una ponencia de comercio seguro.
El objetivo de esta iniciativa es que los agentes documenten de forma más amplia los atestados por delitos de hurto, dejando constancia de la gravedad, profesionalidad, frecuencia y habitualidad de la conducta delictiva.
"Se pretende que, con este trabajo previo, los fiscales puedan solicitar órdenes de alejamiento, bien como medida cautelar o bien como pena en los escritos de acusación, de manera que el hurto reiterado en los comercios andaluces no resulte tan barato", ha destacado la Consejería de Transformación Económica. Para este departamento, "mientras no se endurezcan las condenas en el Código Penal por este tipo de prácticas, es necesario actuar de forma más contundente a través de penas de alejamiento".
Por otro lado, la Mesa por el Comercio Seguro –constituida junto a la Delegación del Gobierno en Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), los sindicatos más representativos en la región (CCOO y UGT) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)– ha acordado trasladar a las Juntas Locales de Seguridad la necesidad de aumentar la vigilancia policial en aquellas áreas comerciales que presenten un mayor aumento de los delitos por hurtos.
Esta petición se fundamenta en un análisis elaborado por la Consejería de Transformación Económica que estudia la incidencia de casos de venta ilegal y de hurtos en los distintos municipios andaluces y su relación con la existencia de efectivos policiales. Según los datos obtenidos a partir del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio Interior y del Registro de Policías Locales y Vigilantes Municipales de Andalucía, la dotación de policías locales en toda la comunidad es de 129,2 agentes por cada 100.000 habitantes, superior a la ratio en el conjunto nacional, que es de 126,4.
Garantizar la integridad física de los trabajadores
s La Consejería de Transformación Económica ha presentado a los miembros de la Mesa por el Comercio Seguro un documento compilatorio de buenas prácticas de protección a trabajadores de comercios afectados por la comisión de hurtos y agresiones. Dicho documento, que se ha remitido ya a la CEA para su difusión entre sus asociados, pretende ser una guía que pueda ser tenida en cuenta en la negociación de los convenios colectivos y con la que se persigue dar una mayor cobertura a los empleados que han de enfrentarse a esta clase de conductas delictivas.
Este compendio recoge medidas muy diversas que están relacionadas con el asesoramiento jurídico de la empresa al trabajador que tiene que acudir a declarar a un juicio, la asistencia sanitaria ante agresiones, la atención psicológica, el traslado del puesto de trabajo o el diseño de protocolos claros de actuación ante esos delitos.
Asimismo, con el fin de concienciar sobre la venta y el consumo de productos ilegales, tanto falsificados como robados, Transformación Económica ha informado a la Mesa del inminente lanzamiento de una campaña de concienciación con el fin de sensibilizar a la sociedad de las ventajas del consumo legal como generador de desarrollo de la economía local y de empleo.
Pérdidas superiores a 5.645 millones
El hurto reincidente en comercios en el territorio nacional supone pérdidas cercanas a los 3.645 millones de euros tanto por las mermas (2.542 millones) como por el coste en inversión en seguridad (1.103 millones), lo que representa 78 euros por persona al año en todo el país, según un estudio realizado por Crime&tech con el apoyo de Checkpoint Systems.
Por otro lado, la venta de productos falsificados genera pérdidas de más de 2.000 millones de euros anuales a los comerciantes y las industrias del país, perjudicando directamente al comercio de proximidad. Además, esta práctica ilegal también afecta a las haciendas municipales, ya que no aporta ingresos por los derechos de ocupación de la vía pública, no tiene obligaciones tributarias y no abona licencias de actividad.
Por otro lado, la Mesa por el Comercio Seguro –constituida junto a la Delegación del Gobierno en Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), los sindicatos más representativos en la región (CCOO y UGT) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)– ha acordado trasladar a las Juntas Locales de Seguridad la necesidad de aumentar la vigilancia policial en aquellas áreas comerciales que presenten un mayor aumento de los delitos por hurtos.
Esta petición se fundamenta en un análisis elaborado por la Consejería de Transformación Económica que estudia la incidencia de casos de venta ilegal y de hurtos en los distintos municipios andaluces y su relación con la existencia de efectivos policiales. Según los datos obtenidos a partir del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio Interior y del Registro de Policías Locales y Vigilantes Municipales de Andalucía, la dotación de policías locales en toda la comunidad es de 129,2 agentes por cada 100.000 habitantes, superior a la ratio en el conjunto nacional, que es de 126,4.
Garantizar la integridad física de los trabajadores
s La Consejería de Transformación Económica ha presentado a los miembros de la Mesa por el Comercio Seguro un documento compilatorio de buenas prácticas de protección a trabajadores de comercios afectados por la comisión de hurtos y agresiones. Dicho documento, que se ha remitido ya a la CEA para su difusión entre sus asociados, pretende ser una guía que pueda ser tenida en cuenta en la negociación de los convenios colectivos y con la que se persigue dar una mayor cobertura a los empleados que han de enfrentarse a esta clase de conductas delictivas.
Este compendio recoge medidas muy diversas que están relacionadas con el asesoramiento jurídico de la empresa al trabajador que tiene que acudir a declarar a un juicio, la asistencia sanitaria ante agresiones, la atención psicológica, el traslado del puesto de trabajo o el diseño de protocolos claros de actuación ante esos delitos.
Asimismo, con el fin de concienciar sobre la venta y el consumo de productos ilegales, tanto falsificados como robados, Transformación Económica ha informado a la Mesa del inminente lanzamiento de una campaña de concienciación con el fin de sensibilizar a la sociedad de las ventajas del consumo legal como generador de desarrollo de la economía local y de empleo.
Pérdidas superiores a 5.645 millones
El hurto reincidente en comercios en el territorio nacional supone pérdidas cercanas a los 3.645 millones de euros tanto por las mermas (2.542 millones) como por el coste en inversión en seguridad (1.103 millones), lo que representa 78 euros por persona al año en todo el país, según un estudio realizado por Crime&tech con el apoyo de Checkpoint Systems.
Por otro lado, la venta de productos falsificados genera pérdidas de más de 2.000 millones de euros anuales a los comerciantes y las industrias del país, perjudicando directamente al comercio de proximidad. Además, esta práctica ilegal también afecta a las haciendas municipales, ya que no aporta ingresos por los derechos de ocupación de la vía pública, no tiene obligaciones tributarias y no abona licencias de actividad.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
