La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha aprobado, como se publicó esta semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el nuevo Plan General de Inspección de los Servicios Sociales para los años 2022 y 2023, que contempla actuaciones presenciales y no presenciales en todos los sectores de servicios sociales, con especial incidencia en centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad.
El servicio de Inspección de Servicios Sociales de la Consejería es el órgano competente para desarrollar la función inspectora en materia de servicios sociales y el Plan General es el instrumento de planificación de la actividad de inspección de carácter ordinario, no solo como un medio de vigilancia, control y comprobación del cumplimiento de la normativa vigente, sino también de orientación y diseño de actuaciones para la mejora en la atención asistencial que deben recibir las personas usuarias del sistema.
Debido a la diversidad de centros, servicios y prestaciones existentes en el Sistema de Servicios Sociales, se hace necesario establecer prioridades para la labor inspectora, por lo que se han establecido cuatro líneas de actuación en el Plan para los años 2022 y 2023.
La primera de ellas hace referencia a las actuaciones para contribuir al buen funcionamiento del Sistema de Servicios Sociales, entre las que destacan las visitas de inspección a los centros para comprobar la atención asistencial prestada y el grado de cumplimiento de requisitos materiales y funcionales; y los estudios de ratio de personal.
La segunda línea de actuaciones contempla medidas para garantizar los derechos de las personas usuarias de las entidades, servicios y centros de servicios sociales, así como su bienestar físico y emocional, desarrollo personal, relaciones interpersonales y autodeterminación, comprobación de la existencia de indicadores en la prestación asistencial, uso correcto de las medidas de contención o impulso de la implantación de medidas destinadas a la prevención de la dependencia, entre otras.
La tercera línea principal de actuación se ocupará de promover la mejora continua del nivel de calidad en la prestación de los servicios sociales en Andalucía, para lo que resulta clave impulsar la implantación de protocolos y registros, o conocer las opiniones, sugerencias y necesidades tanto de personas usuarias y familiares como del personal de los centros.
Finalmente, la cuarta línea del Plan General de Inspección contempla actualizaciones para la mejora continua de la Inspección de Servicios Sociales basadas en la formación, coordinación, el establecimiento de alianzas y la cooperación.
Al finalizar cada uno de los dos años de vigencia del Plan, se realizará una memoria donde se evalúe y valore cuantitativa y cualitativamente el grado de cumplimiento de las líneas de actuación, los objetivos previstos y las actuaciones inspectoras realizadas.
El Plan de Inspección de los Servicios Sociales contempla en su ámbito de actuación los centros para personas mayores, personas con discapacidad, de enfermedad mental, centros de servicios sociales comunitarios, centros para personas en situación o riesgo de exclusión social, centros de infancia y adolescencia y para víctimas de violencia de género.
El servicio de Inspección de Servicios Sociales de la Consejería es el órgano competente para desarrollar la función inspectora en materia de servicios sociales y el Plan General es el instrumento de planificación de la actividad de inspección de carácter ordinario, no solo como un medio de vigilancia, control y comprobación del cumplimiento de la normativa vigente, sino también de orientación y diseño de actuaciones para la mejora en la atención asistencial que deben recibir las personas usuarias del sistema.
Debido a la diversidad de centros, servicios y prestaciones existentes en el Sistema de Servicios Sociales, se hace necesario establecer prioridades para la labor inspectora, por lo que se han establecido cuatro líneas de actuación en el Plan para los años 2022 y 2023.
La primera de ellas hace referencia a las actuaciones para contribuir al buen funcionamiento del Sistema de Servicios Sociales, entre las que destacan las visitas de inspección a los centros para comprobar la atención asistencial prestada y el grado de cumplimiento de requisitos materiales y funcionales; y los estudios de ratio de personal.
La segunda línea de actuaciones contempla medidas para garantizar los derechos de las personas usuarias de las entidades, servicios y centros de servicios sociales, así como su bienestar físico y emocional, desarrollo personal, relaciones interpersonales y autodeterminación, comprobación de la existencia de indicadores en la prestación asistencial, uso correcto de las medidas de contención o impulso de la implantación de medidas destinadas a la prevención de la dependencia, entre otras.
La tercera línea principal de actuación se ocupará de promover la mejora continua del nivel de calidad en la prestación de los servicios sociales en Andalucía, para lo que resulta clave impulsar la implantación de protocolos y registros, o conocer las opiniones, sugerencias y necesidades tanto de personas usuarias y familiares como del personal de los centros.
Finalmente, la cuarta línea del Plan General de Inspección contempla actualizaciones para la mejora continua de la Inspección de Servicios Sociales basadas en la formación, coordinación, el establecimiento de alianzas y la cooperación.
Al finalizar cada uno de los dos años de vigencia del Plan, se realizará una memoria donde se evalúe y valore cuantitativa y cualitativamente el grado de cumplimiento de las líneas de actuación, los objetivos previstos y las actuaciones inspectoras realizadas.
El Plan de Inspección de los Servicios Sociales contempla en su ámbito de actuación los centros para personas mayores, personas con discapacidad, de enfermedad mental, centros de servicios sociales comunitarios, centros para personas en situación o riesgo de exclusión social, centros de infancia y adolescencia y para víctimas de violencia de género.
Asimismo, contempla actuaciones inspectoras en prestaciones económicas y en contratos de servicio, como el contrato de inserción laboral y social para jóvenes inmigrantes que hayan estado bajo medidas del sistema de protección de menores de la Junta de Andalucía o el contrato de los servicios de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual en Andalucía.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
