La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha abierto el plazo de solicitudes para las ayudas al alquiler destinadas a personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la convocatoria de subvenciones, que cuenta con un montante de 14 millones de euros y beneficiará a más de 4.000 familias andaluzas.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha incidido en la importancia del lanzamiento de estas ayudas, que van a "familias y colectivos que peor lo están pasando, sobre todo en tiempos como estos, en los que han sufrido primero las dificultades económicas derivadas de la pandemia y, a continuación, todas las consecuencias de la inflación". Además, ha recordado la capacidad de la Consejería de Fomento para la gestión de estas subvenciones, ya que llegó a afrontar de manera simultánea hasta tres convocatorias de ayudas al alquiler por un montante de 90 millones de euros en el último año.
Estas subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, se marcan como objetivo facilitar una solución habitacional rápida a personas sin hogar, víctimas de violencia de género, víctimas de desahucio de su vivienda habitual, a víctimas de trata con fines de explotación sexual y a otras familias en situación de especial vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales o de la administración local correspondiente y que tengan dificultades para hacer frente al pago de la renta arrendaticia de su vivienda habitual.
Para esta convocatoria se podrán imputar gastos subvencionables para el periodo entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, siendo la persona solicitante la que determine en su solicitud la fechas de inicio y fin de la actuación, teniendo en cuenta de que el importe total de la subvención no deberá exceder los 6.000 euros y que el tope es de 500 euros mensuales, incluidos gastos de comunidad. Los beneficiarios recibirán el cien por cien de la subvención en una única forma de pago.
Para optar a estas ayudas, los solicitantes tendrán que ser titulares de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual igual o inferior a 600 euros al mes, aunque puede alcanzar los 900 euros en supuestos debidamente justificados. En esta renta no se incluye el importe que pudiera corresponder a anejos como plazas de garaje, trasteros o similares. Además, la vivienda en alquiler debe ser residencia habitual y permanente del solicitante, que no debe ser propietario o usufructuario de un inmueble en España –salvo excepciones, como, la no disponibilidad por causas de separación o divorcio–. Los requisitos se acreditarán con el informe de los servicios sociales comunitarios.
No podrán disfrutar de estas subvenciones si las personas arrendadoras de la vivienda sea una administración pública o empresa pública o si existe relación de parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora.
Estas líneas de ayudas se enmarcan dentro del Plan Vive en Andalucía 2020-2030, que entre sus pilares está hacer frente a la vulnerabilidad residencial mediante ayudas al pago del alquiler. Para ello se diseñan programas como este, que establecen dos líneas de colaboración: esta convocatoria de ayudas a personas físicas y una línea de colaboración con las entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito de la vivienda, canalizando ayudas para el pago de hasta el cien por cien del alquiler.
Sobre esta última línea, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio ya abrió en el pasado mes de mayo la última convocatoria de ayudas a entidades del Tercer Sector, con una partida de 1,4 millones de euros. Cada subvención a estas entidades tenía una dotación máxima de 250.000 euros, teniendo en cuenta de que se trata de un importe máximo de 600 euros al mes por cada vivienda.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha incidido en la importancia del lanzamiento de estas ayudas, que van a "familias y colectivos que peor lo están pasando, sobre todo en tiempos como estos, en los que han sufrido primero las dificultades económicas derivadas de la pandemia y, a continuación, todas las consecuencias de la inflación". Además, ha recordado la capacidad de la Consejería de Fomento para la gestión de estas subvenciones, ya que llegó a afrontar de manera simultánea hasta tres convocatorias de ayudas al alquiler por un montante de 90 millones de euros en el último año.
Estas subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, se marcan como objetivo facilitar una solución habitacional rápida a personas sin hogar, víctimas de violencia de género, víctimas de desahucio de su vivienda habitual, a víctimas de trata con fines de explotación sexual y a otras familias en situación de especial vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales o de la administración local correspondiente y que tengan dificultades para hacer frente al pago de la renta arrendaticia de su vivienda habitual.
Para esta convocatoria se podrán imputar gastos subvencionables para el periodo entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, siendo la persona solicitante la que determine en su solicitud la fechas de inicio y fin de la actuación, teniendo en cuenta de que el importe total de la subvención no deberá exceder los 6.000 euros y que el tope es de 500 euros mensuales, incluidos gastos de comunidad. Los beneficiarios recibirán el cien por cien de la subvención en una única forma de pago.
Para optar a estas ayudas, los solicitantes tendrán que ser titulares de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual igual o inferior a 600 euros al mes, aunque puede alcanzar los 900 euros en supuestos debidamente justificados. En esta renta no se incluye el importe que pudiera corresponder a anejos como plazas de garaje, trasteros o similares. Además, la vivienda en alquiler debe ser residencia habitual y permanente del solicitante, que no debe ser propietario o usufructuario de un inmueble en España –salvo excepciones, como, la no disponibilidad por causas de separación o divorcio–. Los requisitos se acreditarán con el informe de los servicios sociales comunitarios.
No podrán disfrutar de estas subvenciones si las personas arrendadoras de la vivienda sea una administración pública o empresa pública o si existe relación de parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora.
Estas líneas de ayudas se enmarcan dentro del Plan Vive en Andalucía 2020-2030, que entre sus pilares está hacer frente a la vulnerabilidad residencial mediante ayudas al pago del alquiler. Para ello se diseñan programas como este, que establecen dos líneas de colaboración: esta convocatoria de ayudas a personas físicas y una línea de colaboración con las entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito de la vivienda, canalizando ayudas para el pago de hasta el cien por cien del alquiler.
Sobre esta última línea, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio ya abrió en el pasado mes de mayo la última convocatoria de ayudas a entidades del Tercer Sector, con una partida de 1,4 millones de euros. Cada subvención a estas entidades tenía una dotación máxima de 250.000 euros, teniendo en cuenta de que se trata de un importe máximo de 600 euros al mes por cada vivienda.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
