Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, desconectó de la red eléctrica 33 enganches para alimentar plantaciones ilegales de marihuana en el primer semestre del año, una a la semana. "La cifra pone de manifiesto la magnitud de un problema creciente que amenaza la seguridad física de los vecinos y la calidad de suministro en zonas con alta concentración de fraude", destacan desde la compañía, toda vez que subrayan que "en el caso de Córdoba, esta problemática se detecta sobre todo en la capital, extendiéndose a otros núcleos urbanos como Bujalance o Montilla".
En los últimos años se han registrados numerosos casos de incendios y electrocuciones vinculados a la manipulación de las instalaciones eléctricas. Solo en el último mes, seis centros de transformación han quedado calcinados en Andalucía (cuatro en Sevilla, uno en Almería y uno en Granada), al no poder resistir la sobrecarga de la red derivada del fraude masivo, especialmente por plantaciones de marihuana.
La energía consumida por las plantaciones detectadas entre enero y junio de este año ascendió en Córdoba a 1,5 millones de kilovatios-hora (KWh), suponiendo el 14 por ciento de la energía consumida de forma fraudulenta. No obstante, se calcula que el total de las plantaciones de cannabis existentes en España consumen unos 2,2 teravatios-hora (TWh) de electricidad, equivalente a la demanda de una ciudad del tamaño de Sevilla en un año.
Las instalaciones para cultivar marihuana en el interior de edificios, las conocidas como plantaciones indoor, han crecido de manera muy significativa en los últimos años. Los datos de las Fuerzas de Seguridad indican que son más difíciles de detectar y tienen mayor rendimiento que las plantaciones a cielo abierto, de cuatro a seis cosechas al año.
Estos dos factores son claves para explicar el importante peso de las plantaciones de interior dentro del cultivo de marihuana en España, que según el European Drug Report 2024, acaparó en 2022 el 81 por ciento de las plantas de marihuana incautadas en la Unión Europea (UE).
Los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan 24 horas al día mediante enganches ilegales que causan estragos en la red eléctrica. La sobrecarga de potencia activa las protecciones de los centros de transformación y provoca interrupciones de suministro que afectan a los vecinos de la zona.
El consumo de electricidad es tan alto y la manipulación de las instalaciones tan devastadora que llegan a originar incendios en líneas subterráneas y en los centros de transformación, hasta el punto de que se han registrado picos de 15 fusibles fundidos al día por centro de transformación.
Durante el pasado mes de julio, tres centros de transformación quedaron calcinados en Sevilla y un cuarto hace unos días, en los barrios Polígono Sur, Los Pajaritos y Torreblanca por la sobrecarga de potencia derivada del fraude masivo sin que se registraran víctimas. Igualmente, por el mismo motivo, han quedado calcinados un centro en el barrio El Puche, de Almería, y otro en Pinos Puente, en Granada.
"Estas conexiones ilegales provocan incendios en las instalaciones generales, pero también en los edificios y viviendas en los que se ubican las plantaciones, originando graves riesgos tanto para las personas que manipulan las instalaciones como para los vecinos del entorno, que sufren además problemas en su suministro eléctrico", subrayan desde la compañía.
En algunos puntos de la red gestionados por e-distribución se ha incrementado la potencia para intentar evitar las interrupciones en el suministro a los vecinos, pero, aunque la potencia instalada multiplica hasta por doce la que sería necesaria en función al número de habitantes, las incidencias se suceden, lo que evidencia un alto volumen de enganches a la red.
Al margen del riesgo eléctrico, la proliferación de estas instalaciones ilegales controladas por “organizaciones trasnacionales con una potente actividad policriminal” según el ministerio del Interior, supone además un riesgo físico para la actuación de los inspectores y técnicos de e-distribución.
En un entorno de violencia creciente, en determinadas zonas deben trabajar con la cara cubierta para evitar su identificación y desarrollan su labor siempre acompañados por fuerzas policiales cuando acuden a desconectar las plantaciones de marihuana.
"Las coacciones y amenazas a los trabajadores se registran en todo tipo de labores de inspección, no sólo en las vinculadas a plantaciones", afirman desde Endesa, que añaden que "en los últimos tres años los empleados de la compañía y de las contratas que trabajan sobre el terreno han sufrido un centenar de casos de violencia física y verbal, en concreto, 51 casos de agresiones y 45 de amenazas, cuando procedían a desmantelar fraudes, una hostilidad creciente que los técnicos sufren también cuando se desplazan para reparar incidencias ocasionadas por la manipulación de la red".
Las conexiones ilegales vinculadas a plantaciones de marihuana acaparan, junto a los grandes consumos vinculados a la actividad industrial y los negocios el 74 por ciento de la energía defraudada detectada por la filial de redes de Endesa. En los seis primeros meses de este año, e-distribución detectó en Córdoba 1.548 expedientes de fraude, 33 de los cuales vinculados al cultivo de marihuana que han llegado a consumir el 14 por ciento del total de la energía defraudada.
El uso de las últimas tecnologías y de la Inteligencia Artificial se han convertido en valiosos aliados para detectar las instalaciones fraudulentas, pero el trabajo final corresponde a los técnicos e inspectores de la compañía y de las contratas, que han realizado cerca de 200.000 inspecciones sobre el terreno en lo que va de año en España para detectar las manipulaciones de la red.
En algunas de esas inspecciones fue decisiva la colaboración de los ciudadanos, que pueden informar de manera anónima a su compañía distribuidora si sospechan que se está cometiendo fraude en su entorno. Los clientes en el área de distribución de Endesa pueden escribir al correo electrónico anomalias@enel.com, rellenar un formulario a través de este enlace o llamar al teléfono gratuito 800 760 220.
"Junto al riesgo para la seguridad de las personas y el impacto en la calidad del suministro eléctrico, el fraude tiene un importante impacto económico para toda la sociedad", afirman desde Endesa, cuyas estimaciones indican que el fraude eléctrico le cuesta al conjunto de los consumidores españoles más de 2.000 millones al año, el equivalente a 69 euros al año por cada punto de suministro.
Pese a la relevancia de estas cifras y el impacto que actividades como el cultivo de marihuana indoor tiene en los barrios en los que se asientan, las penas por fraude eléctrico en España son inferiores a las de los países de nuestro entorno como Francia, Italia o Alemania. "Endesa reitera su voluntad de colaborar con todas las administraciones y agentes implicados para buscar soluciones a este problema que tiene un importante impacto en el conjunto de la sociedad", concluye la compañía.
En los últimos años se han registrados numerosos casos de incendios y electrocuciones vinculados a la manipulación de las instalaciones eléctricas. Solo en el último mes, seis centros de transformación han quedado calcinados en Andalucía (cuatro en Sevilla, uno en Almería y uno en Granada), al no poder resistir la sobrecarga de la red derivada del fraude masivo, especialmente por plantaciones de marihuana.
La energía consumida por las plantaciones detectadas entre enero y junio de este año ascendió en Córdoba a 1,5 millones de kilovatios-hora (KWh), suponiendo el 14 por ciento de la energía consumida de forma fraudulenta. No obstante, se calcula que el total de las plantaciones de cannabis existentes en España consumen unos 2,2 teravatios-hora (TWh) de electricidad, equivalente a la demanda de una ciudad del tamaño de Sevilla en un año.
Las instalaciones para cultivar marihuana en el interior de edificios, las conocidas como plantaciones indoor, han crecido de manera muy significativa en los últimos años. Los datos de las Fuerzas de Seguridad indican que son más difíciles de detectar y tienen mayor rendimiento que las plantaciones a cielo abierto, de cuatro a seis cosechas al año.
Estos dos factores son claves para explicar el importante peso de las plantaciones de interior dentro del cultivo de marihuana en España, que según el European Drug Report 2024, acaparó en 2022 el 81 por ciento de las plantas de marihuana incautadas en la Unión Europea (UE).
Los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan 24 horas al día mediante enganches ilegales que causan estragos en la red eléctrica. La sobrecarga de potencia activa las protecciones de los centros de transformación y provoca interrupciones de suministro que afectan a los vecinos de la zona.
El consumo de electricidad es tan alto y la manipulación de las instalaciones tan devastadora que llegan a originar incendios en líneas subterráneas y en los centros de transformación, hasta el punto de que se han registrado picos de 15 fusibles fundidos al día por centro de transformación.
Durante el pasado mes de julio, tres centros de transformación quedaron calcinados en Sevilla y un cuarto hace unos días, en los barrios Polígono Sur, Los Pajaritos y Torreblanca por la sobrecarga de potencia derivada del fraude masivo sin que se registraran víctimas. Igualmente, por el mismo motivo, han quedado calcinados un centro en el barrio El Puche, de Almería, y otro en Pinos Puente, en Granada.
"Estas conexiones ilegales provocan incendios en las instalaciones generales, pero también en los edificios y viviendas en los que se ubican las plantaciones, originando graves riesgos tanto para las personas que manipulan las instalaciones como para los vecinos del entorno, que sufren además problemas en su suministro eléctrico", subrayan desde la compañía.
En algunos puntos de la red gestionados por e-distribución se ha incrementado la potencia para intentar evitar las interrupciones en el suministro a los vecinos, pero, aunque la potencia instalada multiplica hasta por doce la que sería necesaria en función al número de habitantes, las incidencias se suceden, lo que evidencia un alto volumen de enganches a la red.
Al margen del riesgo eléctrico, la proliferación de estas instalaciones ilegales controladas por “organizaciones trasnacionales con una potente actividad policriminal” según el ministerio del Interior, supone además un riesgo físico para la actuación de los inspectores y técnicos de e-distribución.
En un entorno de violencia creciente, en determinadas zonas deben trabajar con la cara cubierta para evitar su identificación y desarrollan su labor siempre acompañados por fuerzas policiales cuando acuden a desconectar las plantaciones de marihuana.
"Las coacciones y amenazas a los trabajadores se registran en todo tipo de labores de inspección, no sólo en las vinculadas a plantaciones", afirman desde Endesa, que añaden que "en los últimos tres años los empleados de la compañía y de las contratas que trabajan sobre el terreno han sufrido un centenar de casos de violencia física y verbal, en concreto, 51 casos de agresiones y 45 de amenazas, cuando procedían a desmantelar fraudes, una hostilidad creciente que los técnicos sufren también cuando se desplazan para reparar incidencias ocasionadas por la manipulación de la red".
Las conexiones ilegales vinculadas a plantaciones de marihuana acaparan, junto a los grandes consumos vinculados a la actividad industrial y los negocios el 74 por ciento de la energía defraudada detectada por la filial de redes de Endesa. En los seis primeros meses de este año, e-distribución detectó en Córdoba 1.548 expedientes de fraude, 33 de los cuales vinculados al cultivo de marihuana que han llegado a consumir el 14 por ciento del total de la energía defraudada.
Más de 200.000 inspecciones
El uso de las últimas tecnologías y de la Inteligencia Artificial se han convertido en valiosos aliados para detectar las instalaciones fraudulentas, pero el trabajo final corresponde a los técnicos e inspectores de la compañía y de las contratas, que han realizado cerca de 200.000 inspecciones sobre el terreno en lo que va de año en España para detectar las manipulaciones de la red.
En algunas de esas inspecciones fue decisiva la colaboración de los ciudadanos, que pueden informar de manera anónima a su compañía distribuidora si sospechan que se está cometiendo fraude en su entorno. Los clientes en el área de distribución de Endesa pueden escribir al correo electrónico anomalias@enel.com, rellenar un formulario a través de este enlace o llamar al teléfono gratuito 800 760 220.
"Junto al riesgo para la seguridad de las personas y el impacto en la calidad del suministro eléctrico, el fraude tiene un importante impacto económico para toda la sociedad", afirman desde Endesa, cuyas estimaciones indican que el fraude eléctrico le cuesta al conjunto de los consumidores españoles más de 2.000 millones al año, el equivalente a 69 euros al año por cada punto de suministro.
Pese a la relevancia de estas cifras y el impacto que actividades como el cultivo de marihuana indoor tiene en los barrios en los que se asientan, las penas por fraude eléctrico en España son inferiores a las de los países de nuestro entorno como Francia, Italia o Alemania. "Endesa reitera su voluntad de colaborar con todas las administraciones y agentes implicados para buscar soluciones a este problema que tiene un importante impacto en el conjunto de la sociedad", concluye la compañía.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL (ARCHIVO)
FOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL (ARCHIVO)
